Acostumbrado como lo ha estado los últimos dos años, a no tener oposición en el Poder Legislativo, a controlar a los gobernadores, y a ganar en los Tribunales Electorales, el Presidente Andrés Manuel López Obrador -y fue evidente el 15 de marzo de 2021- no soporta que le lleven la contra, o que actúen contrario a su proyecto de Nación. Ese día, molesto, envió una carta al Presidente del Consejo de la Judicatura, al Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar.

Efectivamente, en la misiva, el Presidente López Obrador se quejó del Poder Judicial, uno de los tres que componen en el Estado mexicano, y por consecuencia autónomos unos de otros, considerando al Poder Ejecutivo y al Legislativo. Su molestia fue porque, así lo refirió queriendo ser sarcástico, cuando debería ser la cotidianeidad, un día después que su reforma a la industria eléctrica fue aprobada en el Legislativo, un Juez de Distrito, concedió una suspensión provisional a un particular que, como puede suceder, consideró que tal reforma le afectaba sus derechos, los de su sector, los de su empresa.

El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, Juan Pablo Gómez Fierro, concedió la suspensión provisional contra la reforma a la industria energética promovida por el Presidente para ponderar a la Comisión Federal de Electricidad, pero además con efectos generales, lo cual indica que favorece a todos y no solo a quien solicitó el amparo de la justicia.

Una de las quejas del Presidente, para demostrar que la actuación del Juez fue maliciosa, que ve algo extraño, y por la cual solicita que el Consejo de la Judicatura investigue al Juez, fue que este actuó con celeridad, “se cumplió como pocas veces, que la justicia tiene que ser expedita”. Hasta la eficiencia del juzgador molestó al Presidente de un País que se duele la impunidad, la lentitud del Ministerio Público, y el retraso en la administración de la justicia.

Acusa en una carta oficial del Presidente de la República al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con chismes, rebajando la investidura que porta en la banda presidencial López Obrador, y en la toga el Ministro Zaldívar, dando a entender que la actuación del Juez no fue en el pleno ejercicio de sus funciones y su responsabilidad como juzgador, sino movido por otros intereses ¿cuáles? Los de siempre. Se lee en el quinto párrafo de la misiva del mandatario nacional: “que alrededor de este asunto actúan personas, organizaciones y empresas afines al antiguo régimen que, en función de sus conocidos intereses económicos y políticos, tenían como modus operandi la corrupción y el influyentismo…”, otra vez presuponiendo que el Juez actuó con base a esos términos y no conforme a derecho.

De tales males, Andrés Manuel acusó también en su misiva a diferentes personajes y empresas, y lo hizo también sin presentar pruebas. En su sexto párrafo anota: “Me refiero entre otros actores, a empresas eléctricas extranjeras como Iberdrola de España, que incorporó a su nómina a una antigua Secretaría de Energía del Gobierno federal y al mismísimo expresidente de México, Felipe Calderón Hinojosa…¨.

Continuó más adelante con el mismo dedo acusador presidencial: “En este agrupamiento conservador y reaccionario destaca, entre otros, Claudio X. González, pseudo defensor de la sociedad civil, pero en realidad beneficiario, junto con su familia, de la política de privatización impuesta desde el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari; entre ellos se encuentra también el exministro José Ramón Cosío, quien, cuando estuvo en funciones en el Poder Judicial legalizó injusticias de grupos minoritarios o guardó silencio cómplice ante corruptelas y arbitrariedades”.

La cuestión con el Presidente López Obrador es que acusa pero no denuncia. Si al tanto está y le consta que toda una Secretaría de Energía estuvo en la nómina, porqué no presentar una denuncia, que el Ministerio Público investigue y que el Poder Judicial sancione. Lo mismo en el caso de los empresarios, las empresas y el exministro. Pero no, a eso no llega.

Sobre el Juez Gómez Fierro, el presidente de la Corte, Ministro Arturo Zaldívar, acusó de recibida la queja del Presidente López Obrador, y la considerarán en el Consejo de la Judicatura para ver si, en efecto y como lo señala el primer mandatario de la Nación, hay motivo de investigación sobre el actuar del Juez.

A la fecha, 16 de marzo de 2021, se han otorgado 29 suspensiones provisionales, concedidas a igual número de personas o empresas por parte de Jueces de Distrito, el otro que ha actuado con la celeridad que requiere un amparo, pues es una figura jurídica que debe garantizar al individuo de manera eficaz y rápida una garantía dentro de un proceso judicial ante violaciones, es Rodrigo de la Pesa López Figueroa, Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, contra quien el Presidente López Obrador a la fecha, no se ha manifestado.

Cabe mencionar que la suspensión de un acto reclamado en juicio de amparo se decreta en todas las materias a solicitud del quejoso, siempre y cuando no se trate de casos que se sigan en perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, las cuales están perfectamente establecidos en la propia Ley de Amparo, y estos asuntos no están entre ellos.

El juicio de amparo es el medio protector por excelencia de los derechos más importantes que tienen todas las personas que se encuentren en México, es decir las garantías individuales y sociales, aún más, los derechos humanos, que otorga, reconoce y protege la Constitución. El amparo permite, a quienes se consideren agraviados personal y directamente en sus derechos, defenderse de las leyes y de los actos de autoridad contrarios a la Carta Magna.

Lo que sucede en estos casos tiene harto que ver con el Estado de derecho y la separación de poderes, cuyo principio es precisamente, no concentrar el poder en una sola persona o instancia para no caer en tiranías, mantener la autonomía del Legislativo, el Judicial y el Ejecutivo, garantiza la paz y la libertad de la sociedad, el Estado de derecho en el cual se deben regir respetando sus competencias.

Pero el Presidente Andrés Manuel López Obrador, parece, quiere todo el poder. Quiere gobernar y legislar, y además controlar al Poder Judicial para que nada ni nadie detenga lo que él considera es lo correcto, aunque afecte a otros, como es el caso que han visto los juzgadores que otorgaron las suspensiones.

Hace unos días, a propósito de las arengas del Presidente contra los jueces, sociedad, académicos, estudiosos, analistas, constitucionalistas, sociedad civil, se volcaron en apoyos hacia la autonomía del Poder Judicial, es el caso para ello. De la resolución que tenga el Consejo de la Judicatura respecto la queja sobre el Juez Gómez, dependerá el futuro del Estado de derecho en el país. Si deciden sancionarlo, amonestarlo, y retirarle las facultades que como juzgador tiene para escuchar y actuar a favor de terceros perjudicados cuando así haya elementos, se confirmará que la actual es una Corte al servicio del Presidente; si respeta el trabajo del Juez, estará no solo confirmando la autonomía y facultad de un juzgador, sino la propia.

No concentrar todo el poder en una sola persona.