Las deficiencias en el proceso de municipalización dejan sin certeza jurídica a agentes municipales adscritos a la zona sur del Estado. Casi la mitad regresan a la ciudad
De los 94 policías municipales que hasta 2020 conformaban la fuerza policiaca del nuevo municipio de San Quintín y sus ocho delegaciones, la mitad ha solicitado el cambio de adscripción a Ensenada, ante la incertidumbre jurídica en que están inmersos.
El 24 de febrero del año en curso inició la entrega-recepción de la documentación y se instaló la Comisión de Enlace entre el municipio de Ensenada y el Concejo Municipal Fundacional de San Quintín.
En medio de una polémica por el proceso de municipalización de SQ, el asunto de la inseguridad se convirtió en un problema para las delegaciones de Camalú, Vicente Guerrero, San Quintín, El Rosario, El Mármol, Bahía de Los Ángeles, Punta Prieta y Villa Jesús María.
La última semana de febrero se registró una desbandada de agentes municipales asignados a la zona sur, quienes optaron por regresar, debido a que el Ayuntamiento los puso sobre alerta: no se hará cargo de cubrir prestaciones ni jubilaciones, solo el sueldo neto.
Se calcula que de los 54 policías que hasta el momento están en operación en toda la zona sur hasta Villa Jesús María, algunos se encuentran de vacaciones, incapacitados o con un permiso.
Los grupos policiacos en las delegaciones tienen un horario de 24 horas por 48 horas, lo que genera rezago en la cobertura.
ZETA consultó a la Dirección de Seguridad Pública municipal (DSPM) para conocer la situación jurídica de los agentes asignados a la zona sur, sin embargo, no hay plan para garantizar a los oficiales que sus prestaciones se respetarán si deciden permanecer en la zona sur.
El arranque de operaciones del nuevo municipio fue subsidiado por el Ayuntamiento de Ensenada, el cual dejó de recibir el proporcional a los meses de enero y febrero por 10 millones de pesos.
Además, han dotado de insumos sobre todo a personal policiaco que hasta la última catorcena de febrero cobraron en la nómina del gobierno municipal de Ensenada.
El alcalde Armando Ayala Roble, explicó cómo a partir del año en curso, el Concejo comenzó a hacerse cargo del pago de la nómina de las diferentes dependencias, incluyendo seguridad pública.
“Me acaban de pedir un apoyo de 800 mil pesos”, dijo, aunque puso como condición especificar y comprobar el uso que le darán al recurso para evitar un desvío.
De acuerdo con el presidente municipal, junto al resto de las delegaciones, la de San Quintín tiene un costo de operación anual estimado en 140 millones de pesos.
SQ, SIN DINERO NI POLICÍAS
Pese a no tener un plan ni recursos, quienes integran el Concejo Fundacional de San Quintín no respetaron los tiempos que sugirió el alcalde respecto al proceso de municipalización.
La recomendación fue dejar el proceso para septiembre, una vez concluido el periodo constitucional del XXIII Ayuntamiento. No obstante, Armando Ayala Robles percibe una gran necesidad del Concejo de tomar sus decisiones, aunado a que el Congreso del Estado ha sido respaldo, pues el tema se desahogó en sesión extraordinaria.
“Si nos requieren para apoyar al nuevo Concejo Fundacional en su gasto operacional, lo vamos a hacer, pero solo a través de convenios ante finanzas, para que cuando a ellos les depositen sus participaciones, ese dinero le sea regresado a Ensenada”, advirtió Ayala a quienes están pidiendo dinero.
Sobre la situación laboral de los efectivos en la zona sur, sostuvo que, al momento de hacer la entrega de los mandos, de inmediato el Concejo adquiere derechos, pero también obligaciones. Es decir, obtienen el derecho a tener el control del mando policial, como la obligación de las antigüedades o prestaciones de los oficiales que se harán cargo de mantener la seguridad del Valle.
Aunque la mitad de la corporación regresó a Ensenada y sus 14 delegaciones, no descartó prestar atención a los agentes mientras San Quintín instala de manera formal sus dependencias y corporaciones.
Sin intentar interferir en el proceso de entrega-recepción, Armando Ayala Robles exhortó a quienes conforman el Concejo, a agilizar el proceso de contratación de sus propios policías en la Academia, “es un plan de seguridad que tienen que realizar San Quintín, si un policía tiene duda en quedarse allá, no puedo obligarlos porque aquí las plazas están disponibles; en Ensenada tenemos un déficit de agentes”, sentenció.
CONFLICTO CON NUEVO JEFE POLICIAL EN SQ
Observatorio Ciudadano en San Quintín es un organismo civil que tiene como propósito vigilar la situación de la seguridad pública en el nuevo municipio y ha presentado quejas y denuncias en contra de agentes en esa región.
A la desorganización que prevalece en la zona por no existir un orden ni planeación, se suma un problema en la asignación de cargos. El miércoles 3 de marzo, Verónica Sepúlveda, presidenta de la organización y diversos de sus integrantes, se reunieron con la síndico procuradora Elizabeth Muñoz Huerta para solicitar antecedentes de dos elementos de SQ, inconformes por la designación de Romero Ortega como jefe de Policía, de quien la activista pidió sus antecedentes en Sindicatura Municipal.
“Hay mucho hermetismo, solamente ellos saben lo que están haciendo”, opinó.
En el organismo de control interno, el jurídico les confirmó las quejas que se le siguen al agente Romero: por un pleito familiar bajo el número 57/2020 y otro más -233/2020- por negarse a rendir un informe justificado a la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Verónica hace hincapié en el historial de denuncias de este oficial, “estamos inconformes con la historia, en el Observatorio queremos policías honestos, que lancen una convocatoria, y al que cumpla con el perfil, lo pongan, pero que sean de San Quintín. No tenemos privilegios con ninguno, son iguales y merecen que se les tome en cuenta”, afirmó Sepúlveda.
De acuerdo con información del Observatorio, los delitos que más afectan a las comunidades del sur, son los reportes por violencia intrafamiliar, robo a domicilio y a comercio.
FALTA SERIEDAD: VÉLEZ
Jesús Hernández Vélez, presidente de la Asociación Policías Profesionistas de Ensenada, informó que debido a la situación de incertidumbre jurídica y la desorganización, su postura es que todos sus agremiados regresen a la ciudad.
Desde el inicio del proceso, dentro del organismo detectaron situaciones que podrían afectar tanto los derechos como las prestaciones de los elementos, de esa manera, emitieron un comunicado donde la instrucción general para quienes deseen permanecer en San Quintín o el resto de los poblados, es que les otorguen un oficio de comisión temporal.
“Es como si fueran prestados, y si miran que no les conviene, que regresen a la ciudad en cualquier momento, que se reincorporen oficialmente de esa manera, no quedarán afectados”, indicó.
También se puso en alerta por la situación de los bienes materiales, pues las unidades y armamento están en juego al pertenecer a la corporación y no a San Quintín.
El líder policial calificó como un proceso poco serio el que lleva a cabo el Concejo Fundacional, pues hay varios agentes en la zona a los que les resta uno o tres años para jubilarse.
LA LUCHA DE LOS POLICÍAS DE ENSENADA
Para Efraín Ávila Cruz, presidente de la Asociación por Dignificación Policial y su Comunidad, los policías municipales de Ensenada no han alcanzado estabilidad laboral, y cambiar de adscripción en este momento puede ser un error.
Junto al vicepresidente Juan Soria García, coincidieron en la falta de certidumbre jurídica para todos los elementos que hasta 26 de febrero estaban asignados a la región sur.
La jubilación, homologación salarial, derecho a vivienda, seguro de vida, prótesis en caso de accidente, permisos de paternidad, gastos fúnebres y pago de seguro a los deudos, son algunos de los derechos que pese a estar en la mesa de los diputados, en la realidad no se han materializado.
“Lo único que nos queda es estar al pendiente de que no se vulneren los derechos de los compañeros y de las decisiones del Concejo, seremos preventivos en pro de nuestros elementos”, resumió el dirigente policiaco.
