El Instituto Nacional de Migración (INM) mexicano ofreció ayer lunes 22 de febrero, a las autoridades de Guatemala, cubrir con los gastos de repatriación de las personas migrantes guatemaltecas asesinadas en el municipio de Camargo, Tamaulipas, el 22 de enero pasado.
En una reunión con el Embajador de Guatemala en México, Mario Búcaro Flores, y nueve legisladores de dicho país, el titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, indicó que el organismo está en posibilidades de hacerlo en cuanto lo autorice la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.
Por otra parte, Garduño Yáñez informó, además, que, como resultado de estos hechos, fueron separados de su cargo ocho funcionarios públicas de la oficina de representación del INM en el estado de Nuevo León.
El titular del INM agregó que mes y medio antes del asesinato de 19 personas en Camargo, dichos funcionarios incumplieron el protocolo administrativo y resguardaron, sin tener esa facultad, una de las camionetas calcinadas que se encontraba junto a los migrantes.
Mientras tanto, el INM dio vista de estas acciones al Órgano Interno de Control (OIC) de dicho Instituto, y presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en la Ciudad de México, para que deslinden responsabilidades.
Por su parte, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) informó que el INM y la delegación guatemalteca acordaron fortalecer los lazos de comunicación y de trabajo, para garantizar la salvaguarda y defensa de los derechos de las personas migrantes en contexto de movilidad en ambos países.
“Refrendaron así su compromiso por una política migratoria segura, ordenada y regular, con enfoque humanitario y de respeto a los derechos humanos, como pilares de la vecindad y la colaboración por el enriquecimiento social y económico de las dos naciones”, abundó la SEGOB.
“El INM reafirma el cumplimiento de la Ley de Migración y su reglamento, así como de los derechos humanos de quienes se encuentren en un contexto de movilidad, sin importar su origen o condición social, económica o política”, señaló el Instituto.
#Boletín| En reunión con autoridades de Guatemala 🇬🇹 el Comisionado del @INAMI_mx, @fgymexico, ofreció -a nombre del @GobiernoMX– hacerse cargo de los gastos de repatriación de los cuerpos de los migrantes guatemaltecos asesinados en Camargo, #Tamaulipas. https://t.co/YHsanhrAU7 pic.twitter.com/gPIQ7KiTBc
— INM (@INAMI_mx) February 23, 2021
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas confirmó el pasado 6 de febrero, a nueve víctimas más -que tienen nacionalidad guatemalteca-, tras el hallazgo de 19 personas carbonizadas, asesinadas en un supuesto enfrentamiento entre civiles armados, ocurrido el pasado 22 de enero, en el ejido de Santa Anita, municipio de Camargo.
Al realizar el cotejo entre las muestras de ADN tomadas a los cadáveres, con las enviadas por sus familiares desde Guatemala, se logró identificar plenamente a Mádelyn E. “G”, Brandon D. “G”, Rubelsy E. “T”, Santa C. “G”, Anderson M. “P”, Iván G. “P”, Osmar N. “M”, Paola D. “Z” y Dora A. “L”.
Hasta el momento, se han identificado un total de 16 personas, las cuales son dos de nacionalidad mexicana y 14 ciudadanos de Guatemala, quedando pendientes tres más, de los cuales, para dos de ellos, se está en espera de que sea enviada la información complementaria de los perfiles genéticos de los familiares para el adecuado procesamiento.
Mientras que en el restante se aguarda que familiares faciliten muestras de ADN para su confrontación. Asimismo, la Fiscalía tamaulipeca indicó que continua con las investigaciones, en colaboración con autoridades de Guatemala.
El pasado 5 de febrero, la Fiscalía de Tamaulipas confirmó que elementos forenses lograron identificar tres cuerpos más de nacionalidad guatemalteca, tras el hallazgo de 19 personas carbonizadas.
Los forenses de la Fiscalía tamaulipeca identificaron a las víctimas como Adán “C”, Ribaldo D. “J”, y Édgar “L”. Con esta nueva información, en total siete víctimas han sido identificadas tras el ataque.
“Las investigaciones sobre este caso continúan, al igual que los trabajos para la obtención de ADN, los cuales se desarrollan en coordinación y apoyo con autoridades de Guatemala y especialistas de la Comisión Nacional de Búsqueda del Gobierno Federal”, agregó la Fiscalía en un comunicado.
El pasado 3 de febrero, Olga Sánchez Cordero Dávila, titular de la SEGOB, señaló que Irving Barrios Mojica, Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, ha actuado con diligencia y tiene líneas de investigación claras para judicializar el hallazgo de 19 personas carbonizadas.
“La Fiscalía del Estado, y quiero hacer un reconocimiento, ha estado avanzando en la investigación. Hemos estado en contacto permanente, apoyando las labores de la Fiscalía […] el Fiscal ha actuado con diligencia”, afirmó la titular de la SEGOB.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, la funcionaria federal comentó que espera que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) siga transparentando la información y que las autoridades locales actúen en consecuencia.
Barrios Mojica reveló el pasado 2 de febrero, que en la masacre de Camargo participaron al menos 12 elementos de la Policía estatal, por lo que se solicitó y obtuvo por parte de un Juez de Control en la entidad, una orden de aprehensión en su contra.
Todo ello, según lo informó el titular de la Fiscalía tamaulipeca, por la probable comisión de: homicidio calificado, abuso de autoridad del desempeño de funciones administrativas y falsedad en informes dados a una autoridad.
Dichas órdenes de aprehensión ya fueron cumplimentadas, por lo que en las próximas horas, los 12 policías estatales serán puestos a disposición de la autoridad judicial, quien será la responsable de resolver su situación jurídica.
El fiscal estatal señaló que ante la ausencia de casquillos y municipios en el lugar del hallazgo de los 19 cuerpos carbonizados, se robustece la teoría de la alteración de la escena del crimen, a sólo 400 metros donde inicia el municipio de Doctor Coss, perteneciente al estado de Nuevo León.
“Debido a la ausencia de casquillos y municiones en concordancia con los disparos que presentaba la unidad vehículo tipo pick up, así como la contradicción de lo reportado en el informe policial homologado del día de los hechos y las entrevistas de los elementos policiales que tuvieron conocimiento de los mismos”, apuntó Barrios Mojica.
“Con los datos que actualmente obran en la carpeta de investigación, los cuales en su mayoría fueron obtenido por autorización de jueces federales, como son los registros y análisis de llamadas telefónicas, análisis de geolocalizaciones, dictámenes especializados en imágenes de video vigilancia”, agregó.
Barrios Mojica reveló, además, los nombres de las cuatro primeras víctimas identificadas el pasado sábado 30 de enero, en cuyos hechos, según las investigaciones, tuvieron participación grupos del crimen organizado que se disputan el control de la plaza.
Uno de ellos se trata de Jesús “M”, de nacionalidad mexicana, quien el pasado 9 de diciembre reclamó ante el Instituto Nacional de Migración (INM) camioneta modelo Sequoia 2008, de la marca japonesa Toyota, con placas RKY-418-A.
“Que estaba en el sitio, donde se rescataron 66 extranjeros [el pasado 5 de diciembre], por parte de la Policía Municipal de General Escobedo, Nuevo León”, indicó Barrios Mojica.
“El segundo de los identificados corresponde a Daniel ‘P’, también de nacionalidad mexicana, oriundo del estado de San Luis Potosí, quien en atención a los actos de investigación se conoció, que se dedicaba al tráfico de migrantes”, abundó el fiscal tamaulipeco.
“El tercero, ‘FORM’, de nacionalidad guatemalteca, quien presuntamente se encontraba en situación e migración, así como Mari A. T, también de nacionalidad guatemalteca, quien de igual forma se considera en situación de migración”, añadió.
Barrios Mojica dijo que, en cuanto a las próximas 15 víctimas restantes, en los próximos días se podría dar a conocer su identidad, en atención al proceso de entrega y confronta de perfiles genéticos en los que se encuentran los proporcionados por nacionales guatemaltecos, que se consideran familiares de los fallecidos.
CAMIONETA ASEGURADA POR EL INM, USADA EN MASACRE
El operativo implementado por el INM el pasado 5 de diciembre, fue encabezado por el agente César Augusto López Vega, quien coordinó el traslado de las 66 personas migrantes a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Nuevo León.
Los 19 cadáveres carbonizados fueron hallados el pasado 22 de enero en una camioneta calcinada marca Chevrolet, modelo Silverado, misma que tenía 113 impactos de bala. La Sequoia también estaba incendiada, pero sin cuerpos y sin impactos de disparos.
“Las unidades motrices localizadas en el lugar del hecho, kilómetro 25 + 700 de la brecha conocida como Santa Anita o Rancho Piedra, son una camioneta Toyota, modelo Sequoia, 2008, con placas de circulación del Estado de Nuevo León y una Chevrolet, Silverado, pick up, cabina y media”, indicó la Fiscalía de Tamaulipas en un comunicado.
“Así como tres armas largas, dos del calibre .223 mm, una del 7.62×39 mm, y 11 casquillos, de los cuales nueve son del calibre .223mm y dos del 7.62×39 mm”, agregó la institución.
En cuanto a los restos humanos localizados, la Fiscalía determinó, de manera preliminar y a reserva del resultado antropológico, que 16 corresponden al sexo masculino, uno al femenino y dos pendientes de precisar debido al alto grado de carbonización.
“Asimismo, los estudios de balística reconstructiva permitieron establecer que el vehículo Sequoia no contaba con impactos de arma de fuego y que la unidad tipo pick up presenta 113”, subrayó la Fiscalía tamaulipeca.
La detención de los doce policías se da luego que el pasado 24 de enero, la Fiscalía de Tamaulipas informó que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio, tras el hallazgo de 19 cuerpos carbonizados en una camioneta abandonada en una brecha del poblado de Santa Anita, en el municipio de Camargo.
Dos días antes, el pasado 22 de enero, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal localizaron los cadáveres y otros vehículos calcinados en una brecha, alertadas por un reporte ciudadano respecto a un vehículo incendiado.
Al interior de una camioneta se hallaron dos cuerpos, “de igual forma se encontró otro cuerpo a un costado de la puerta del lado del piloto, uno más al costado de la puerta del copiloto y 15 en la caja del vehículo”.
“NO ES UN SAN FERNANDO”, SEGOB RESPONDE A ONU-DH
El pasado 27 de enero, la titular de la SEGOB afirmó que el hallazgo de 19 personas carbonizadas, en Tamaulipas, tras un supuesto enfrentamiento entre civiles armados, “por ningún motivo” se compara con la masacre ocurrida en San Fernando, ocurrida en la misma entidad, en 2010.
Durante la conferencia de prensa matutina presidencial, la funcionaria federal respondió a lo señalado ayer martes 26 de enero, por la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), organismo que comparó ambos hechos.
“Por ningún motivo es igual que lo que sucedió en San Fernando. Todos los días a partir de que sucedió este evento, hemos estado en el Gabinete de Seguridad viendo los avances sobre esta situación”, dijo la titular de la SEGOB.
“Te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzando y muchísimo, tenemos mucha información y si me permites no dártela en este momento porque sabes que estas investigaciones tienen que llevarse a cabo en la mayor de las secrecías”, apuntó la funcionaria federal.
“No es un San Fernando, porque estamos avanzando en la investigación de manera contundente. No va a haber impunidad eso sí”, refirió Sánchez Cordero Dávila, quien suple al presidente Andrés Manuel López Obrador en las conferencias de prensa matutinas, mientras el mandatario se recupera del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19).
Un día antes, el pasado 26 de enero, la ONU-DH México comparó el hallazgo de 19 cuerpos carbonizados en Camargo, Tamaulipas, con la masacre de San Fernando del 2010, en la que asesinaron a 72 migrantes en la misma región.
“Estamos profundamente preocupados por los hechos reportados por distintos medios sobre el hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas. De acuerdo con la información recibida, al menos varias de las victimas serían guatemaltecas”, apuntó a través de un boletín, el representante de la ONU-DH México, Guillermo Fernández-Maldonado.
“La falta de alternativas para una migración realmente segura, ordenada y regular orilla a las personas migrantes a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas”, y esto los lleva a ser posibles víctimas de “graves violaciones” de los derechos humanos, según destacó el funcionario internacional.
“Estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”, alertó la ONU-DH.
Entre el 22 y el 23 de agosto del 2010, por la misma zona fronteriza fueron secuestrados y asesinados 72 migrantes -58 hombres y 14 mujeres-, en su mayoría centroamericanos y sudamericanos, cuando viajaban de manera clandestina hacia Estados Unidos, masacre atribuida al cártel de Los Zetas.
DIPUTADO AFIRMA QUE HAY AL MENOS 13 GUATEMALTECOS ENTRE LAS VÍCTIMAS
Mario Ernesto Gálvez, diputado de Guatemala, afirmó que al menos 13 guatemaltecos están entre las 19 personas que fueron halladas el pasado 23 de enero, carbonizados, en las bateas de tres camionetas, mismas que estaban abandonadas entre los límites de Nuevo León y Tamaulipas, tras un supuesto enfrentamiento entre civiles armados.
“Lamento profundamente el fallecimiento de hermanos marquenses en territorio mexicano en busca del sueño americano”, dijo el diputado guatemalteco, en un comunicado emitido la noche del domingo 24 de enero, refiriéndose a las víctimas halladas en Tamaulipas.
