También deben ser transparentes

Foto: Cristian Torres/Gobernador Jaime Bonilla
Cachanillaz lunes, 25 enero, 2021 12:00 PM

Cada día, el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, hace lo único para lo que sin duda tiene capacidad: pelear.

Al estilo de Donald Trump, ex Presidente de Estados Unidos, Bonilla no deja que una buena acusación sea arruinada por algo tan absurdo como la verdad, y aprovecha su posición como mandatario para su agenda política personal y a veces para informar.

La semana pasada, arrojó una serie de cuestionamientos en contra de una de las instituciones menos criticadas de Baja California, y menos durante el periodo de pandemia en que vivimos: la Cruz Roja.

No pretendo -de ninguna manera- defender las críticas del mandatario estatal hacia la Benemérita Institución, pero entre todos los disparates a los que Bonilla nos tiene acostumbrados, en algo sí dio en el clavo. Y es que el Gobierno del Estado retiene de forma casi obligatoria, una cifra superior a 20 millones de pesos para entregarlo a Cruz Roja como parte de un gesto de agradecimiento por su labor, lo cual representa una parte de todas las donaciones y aportaciones que recibe para subsistir.

Nadie cuestiona la labor de socorristas, médicos y enfermeras al momento de atender a los pacientes, pero es una realidad que, en esta época de combate a la corrupción, es necesario que instituciones como Cruz Roja se sometan al escrutinio público y transparenten sus gastos, o por lo menos, expliquen año con año en qué gastaron el recurso que les fue otorgado por los bajacalifornianos.

En cada oportunidad se quejan porque reciben menos apoyo de los ciudadanos y del sector público y privado, pero jamás han contemplado que un gran sector de la sociedad ha dejado de creer en las instituciones públicas o la asistencia social por innumerables casos de desvío de recursos. Mismo concepto que debería aplicarse a todas las agrupaciones que reciben aportaciones sustanciales de dinero, como el club deportivo Águilas de Mexicali, el cual históricamente ha obtenido millonarias aportaciones de la Secretaría de Desarrollo Social, ahora convertida en Bienestar, bajo el argumento de que promovían el deporte, o bien, que “regalaban” boletos a la ciudadanía.

Cabe mencionar que existen facultades para exigirlo, pues el recurso público debe ser sometido a la máxima publicidad, con la certeza de que todo el dinero que otorgamos como Estado, sea ejercido de la mejor manera.


ABUSOS EN LA STPS

Para abusivos y gandallas, los altos mandos de la Delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en Baja California se pintan solos.

Resulta que el proyecto Centro de Integración Migrante de Mexicali, que tenía más de un año instalándose -sin concretarse- en la Calle 11, fue suspendido por el Gobierno de México sin brindar mayores explicaciones. El inmueble, de grandes proporciones y un costo millonario, solo representó una fuga de capital para el Gobierno de México, el cual pagó por su arrendamiento, pero nunca se abrió al público más necesitado, es decir, los migrantes.

Pues resulta que después de su pifia, también decidieron suspender las operaciones del edificio de la STPS ubicado a un costado del albergue, donde laboraban más de 25 personas, pero ahora solo quedan ocho y próximamente cerrará sus puertas de manera formal, despidiendo al resto de los trabajadores de la dependencia.

Tampoco les dieron razones por las que sus servicios ya no serían útiles, pero sí giraron una serie de instrucciones muy lamentables, que van desde “bloqueos” para poder llevar a cabo su trabajo, hasta obligarlos a laborar jornadas de 24 horas, bajo el argumento de que no tienen guardias de seguridad para vigilar el inmueble.

Ante esta situación, los propios trabajadores han decidido rotarse los horarios para cumplir con la instrucción que es realmente ridícula, pues se trata de personal especializado en temas laborales e incluso de asistencia social, que terminan siendo veladores en su tiempo libre, con el objetivo de cuidar el material que serviría para atender a migrantes, como agua, comida y camastros.

Lo peor es que su único recurso legal sería inconformarse ante la STPS, ente para el que laboran y que evidentemente no les otorgará la razón.

No cabe duda que el delegado Jesús Alejandro Ruiz Uribe, debe focalizar su atención en temas prioritarios, o por lo menos evitar explotación laboral en los entes públicos a su cargo.

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