Cada mañana, el gobernador Jaime Bonilla Valdez y su patiño particular, el secretario de Salud, Alonso Pérez Rico presentan a través de sus redes sociales y hacen mancuerna al más puro estilo de Paco Stanley y Mario Bezares, para informar a la ciudadanía cómo el Estado fracasó en el control de la pandemia en Baja California, que, a diferencia de otras entidades como Chiapas, Quintana Roo y Veracruz, donde los semáforos epidemiológicos están en Amarillo o Verde, nos encontramos en el momento más crítico de la segunda ola de COVID-19.
Mucho se ha especulado sobre la realidad de las cifras de contagio y del impacto del novel coronavirus en la entidad, pues desde un principio, el Poder Ejecutivo acaparó la información de decesos, limitándose a contabilizar los fallecimientos confirmados, cuando a muchos de ellos ni siquiera se les alcanza a hacer la prueba.
En una solicitud de transparencia con número 01168220 realizada por CachanillaZ a mediados del mes de diciembre, se solicitó un desglose sobre los decesos originados por la COVID-19, aquellos de neumonías atípicas y de enfermedades respiratorias en general.
El documento proporcionado por la dependencia establece que de enero a noviembre, Baja California contabilizó 5 mil 252 fallecimientos confirmados, teniendo al mes de mayo como el más crítico, con mil 382 decesos y ubicando a noviembre como el mes más bajo desde abril de 2020, cuando el virus SARS-CoV-2 se tornó en el severo problema de salud pública que tenemos actualmente.
La respuesta de la Unidad Concentradora de Transparencia también reconoce otros 866 casos de fallecimientos ocasionados por neumonía atípica en la entidad, los cuales comenzaron a documentarse desde enero y tuvieron su punto más crítico también en mayo.
Partiendo de la declaración del 26 de abril del secretario federal de Salud, Hugo López-Gatell, en la cual afirmó que todo fallecimiento de neumonía atípica debe considerarse como COVID a menos que se demuestre lo contrario, BC tendría casi 900 casos más de los que están identificados formalmente.
Pero otro dato que tampoco cuadra. Tras recibir la solicitud de transparencia, se cotejaron los registros de las presentaciones exhibidas cada día por el secretario Pérez Rico.
Fue una sorpresa que los datos oficiales públicos del 3 de diciembre refieren que Baja California contabilizaba 4 mil 326 casos de COVID-19, cuando la misma respuesta oficial de la dependencia registra más de 5 mil casos, lo que evidentemente es una contradicción.
CachanillaZ también solicitó información sobre los registros oficiales de fallecimientos ante las áreas de Registro Civil de los municipios y el Estado, pero solo un municipio respondió a la petición.
MOLINA RESPONDE A ROVIROSA
El diputado Juan Manuel Molina solicitó a este medio de comunicación su derecho de réplica, tras la publicación realizada por un servidor sobre la municipalización de San Felipe. Más que cuestionar el contenido del texto, Molina -uno de los principales impulsores y más creyente del proyecto- reclamó que Enrique Rovirosa, ex presidente del Colegio de Economistas, lo calificara como una estupidez.
En el reportaje titulado “Municipalización de San Felipe, una estupidez: experto”, Rovirosa llama “bandidos y corruptos” a los diputados morenistas, a lo que Molina García le solicitó conducirse con respeto y que, en 27 años de ejercicio profesional, nunca se dirigió así de ninguna persona, aunque lo pensara.
También, dijo que esos improperios -por extensión- son dirigidos a quienes participaron en el plebiscito, de los cuales el 98% votó a favor de la municipalización. Y aprovechó para declarar que el abandono y las carencias del futuro municipio son reales y que con gusto lo acompaña a zonas como Valle Chico, San Luis Gonzaga, Los Arcos o a cualquiera de las comunidades ubicadas al Sur, para que comprenda la urgencia de la municipalización.