Resulta que con la única intención de recaudar dinero hasta por debajo de las piedras, el Sistema DIF de Baja California ha encontrado un nuevo esquema de cobro que no se ejecutaba anteriormente en Mexicali.
En las últimas semanas, la dependencia a cargo de Blanca Fabela Dávalos tiene la nueva instrucción de cobrar mil 500 pesos por levantamiento de cadáveres que lleve a cabo el personal de DIF, ya sea en vía pública o dentro de domicilios, algo que anteriormente no ocurría, salvo que el procedimiento fuera realizado por una funeraria.
Pero desde hace semanas y sin importar que la mayoría de las personas que solicitan el servicio son de escasos recursos o de situación vulnerable, la institución ha decidido fijar una cuota de recuperación, valiéndose de un acuerdo de hace casi 20 años.
Es tanta su desesperación por obtener recursos que se ha solicitado a la Fiscalía General del Estado (FGE) y al Servicio Médico Forense (Semefo) no entregar los cuerpos a las familias hasta que los dolidos ciudadanos emitan el pago correspondiente a la “cuota de recuperación”.
En otras palabras, pretenden utilizar el cadáver como herramienta de chantaje, conducta similar a las malas prácticas que cometen las funerarias.
Esto además abre la posibilidad para que se generen dobles cobros por parte de las instituciones privadas que brindan el servicio, toda vez que al hacerse cargo de todo el trámite, podrán duplicar o triplicar el precio, bajo el argumento que el mismo gobierno no permite la liberación del cadáver.
Solo por mencionar un dato, en la Capital del Estado se resguardan más de mil cuerpos en el Semefo al año, por lo que seguro representará un ingreso importante para la dependencia.
Vaya que la 4T sabe meterse con las carencias de la sociedad.
CONSEJERO INCÓMODO
El ex regidor rosaritense de Morena, Julio César García Serna, aquel que fue designado por el Poder Ejecutivo como integrante del Consejo de la Judicatura del Estado en julio pasado, cuando estaba impedido por Ley para ser consejero -tenía menos de un año de haber dejado el cargo como edil en Rosarito-, se siente amo y señor de la administración financiera del Poder Judicial.
Desde que asumió el cargo en octubre de este año, el también consejero del partido en el poder ha intentado imponerse para la distribución del recurso dentro del todavía operante Consejo de la Judicatura, presumiendo ser el emisario del gobernador Jaime Bonilla Valdez.
La intención del Poder Ejecutivo, específicamente de Amador Rodríguez Lozano, secretario general de Gobierno, es que cuando el Consejo desaparezca, García Serna quede al frente del poder económico dentro del Poder Judicial.
El chantaje no escrito es que al morenista se le permita operar libremente a cambio de recibir un mejor Presupuesto de Egresos para el próximo año, lo que beneficiaría a todo el aparato de justicia del Estado, que desde hace 10 años no tiene un incremento significativo de recursos, pero también beneficia a García Serna, pues se encargaría de operar con más dinero.
Veremos qué pasa con el Consejo de la Judicatura y con el Poder Judicial, sobre todo en estos momentos que el magistrado presidente, Alejandro Isaac Fragozo, se encuentra grave de salud y con oxígeno a causa del coronavirus que contrajo hace aproximadamente dos semanas.
DENUNCIAS
Aunque los plazos de la Plataforma Nacional de Transparencia ya se reactivaron, el Congreso del Estado sigue “bloqueando” la información pública, argumentando que la pandemia limitó la cantidad de personal que trabaja dentro del área.
Esto quiere decir que el Poder Legislativo es el único ente público que restringió la contestación de solicitudes de transparencia en Baja California, atribuyéndose funciones que no le corresponden.
Lo curioso es que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California (ITAIP) continúa permitiéndolo. Lo peor es que el órgano garante también tiene suspendida la recepción de “denuncias” por incumplimiento de la Ley en materia de transparencia.
De plano que la presidenta del ITAIP, Lucía Ariana Miranda, no se cansa de ser tapadera de sus todavía patrones en el Congreso del Estado, pues hay que recordar que no renunció a su cargo dentro del Legislativo, sino que solo pidió licencia.
