Si para algo aprovechó Jaime Bonilla Valdez la visita del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, fue para hacerle una especial petición. No, no fue más recursos federales para que el Gobierno del Estado de Baja California salde las deudas con los otros poderes o con los organismos autónomos. Tampoco le solicitó incremento a las participaciones federales para echar a andar programas de desarrollo que mejoren la calidad de vida de los bajacalifornianos. Mucho menos le solicitó que incluyera, en su programa federal, una gran obra de infraestructura para la entidad o apoyo del Ejército Mexicano, Guardia Nacional o la Armada de México para dejar de ser uno de los estados más violentos del país. Nada de eso pidió el gobernador al mandatario nacional.
Lo que le pidió, discretamente –dicen-, fue que le apoyara para solicitar licencia al cargo de gobernador del Estado de Baja California para buscar y obtener (claro que sí) la candidatura a la presidencia municipal de Tijuana, para administrar esta ciudad por tres años. Con lo que, vaya, cumpliría los cinco años de gobierno que quería desde un inicio: dos de gobernador (bueno, uno y medio) y tres de alcalde… si le dieran la candidatura y si llegara a ganar.
Pero bueno, ahora se entiende todo el pleito que se inventó Bonilla con el alcalde Arturo González Cruz, pues detrás de su diatriba está su aspiración a sucederlo en el cargo, pero no solo quiere sacarlo del gobierno, incluso utilizando a la Fiscalía General del Estado que maneja su compadre Guillermo Ruiz Hernández, sino quitarle el derecho primario que dentro de Morena y legalmente tiene González a la reelección, pues en dado caso le estorbaría.
Dicen los cercanos al Presidente que Andrés Manuel López Obrador no le dio una respuesta a Jaime Bonilla en su increíble petición de dejar la gubernatura para buscar la alcaldía de Tijuana, pero que se llevó el tema para reflexionarlo y accionar. Una vez en Ciudad de México, asesores del Ejecutivo federal confirmaron lo que él ya pensaba: Bonilla no debe ser candidato a la presidencia municipal de Tijuana, al menos no esta elección y no dejando la gubernatura que fue de dos años para buscar otro cargo político electoral.
La reflexión del equipo presidencial no solo es que la petición del ingeniero Bonilla resulta fuera de lugar, pues demostraría que llegó a Morena por el poder y en el poder se quiere quedar, algo que de alguna manera se confirmó cuando invirtió tiempo y recursos en aferrarse a estar por cinco años en el gobierno de Baja California, y no los dos para los que fue electo en 2019. Capricho plasmado en la denominada “Ley Bonilla” que fue determinado de inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Además, resuelven en Ciudad de México, Bonilla está impedido por la Ley para separarse del cargo de gobernador y buscar la alcaldía de Tijuana. Otra vez, ignorando la Ley, pretendiendo pasar por encima de la misma, y salirse con la suya, aunque en la Corte no le vaya bien.
La Constitución Política del Estado de Baja California, la misma que sentencia los requisitos para “ser miembro de un Ayuntamiento, con la salvedad de que el Presidente Municipal debe tener 25 años cumplidos el día de la elección”, determina en el apartado V:
“No podrán ser electos miembros de un Ayuntamiento:
“1.- El Gobernador del Estado sea provisional, interino, substituto o encargado del despacho, aun cuando se separe de su cargo.
“2.- Los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia, el Secretario General de Gobierno del Estado, el Procurador General de Justicia y los Secretarios del Poder Ejecutivo, salvo que se separen de sus cargos, en forma definitiva, noventa días antes del día de la elección.
“3.- Los Diputados Locales, los Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, salvo que se separen de sus cargos, en forma provisional, noventa días antes del día de la elección.
“4.- Los Militares en servicio activo y los titulares de los cuerpos policíacos, salvo que se separen de sus cargos, en forma provisional, noventa días antes del día de la elección”.
Y claro, Usted seguramente pensará como el equipo de Bonilla: que si para algo tienen Congreso del Estado con mayoría de Morena y aliados, es precisamente para cambiar la Constitución al capricho del todavía gobernador, pero para el caso, sucedería lo mismo que ocurrió con la Ley Bonilla I, cuando una vez iniciado el proceso electoral 2019, decidieron cambiar la legislación para darle cinco años de gobierno y no dos como se había determinado desde la reforma de 2014.
El Instituto Nacional Electoral lo concluyó en su momento: si la Ley Bonilla la hubiesen realizado 90 días antes del inicio del proceso electoral, otra cosa sería. Pero no.
En esas condiciones, cambiar en estos momentos la Constitución de Baja California para que el gobernador pueda separarse del cargo y aspirar a una alcaldía, sería de un alto costo político no solo para Morena, también para el proyecto político del Presidente y su Cuarta Transformación. Además, confirmaría la voracidad por el poder que ya caracteriza a Jaime Bonilla, un hombre que decía que López Obrador lo tenía que convencer para que aceptara ser candidato a cualquier cargo.
Ahora sí que salió el peine, o el gobernador sigue enseñando el cobre. El pleito con el actual alcalde de Tijuana es porque quiere sucederlo, y quienes le conocen en Morena en Ciudad de México, ahora entienden por qué Jaime Bonilla impulsa a Armando Ayala Robles para que sea el candidato de Morena al Gobierno del Estado de Baja California: para desde la alcaldía de Tijuana, seguir gobernando a través de su ex empleado en PSN.
Por cierto, en las siguientes semanas llegará un emisario del Presidente de la República a Baja California, para decirle a Jaime Bonilla Valdez que no puede ser candidato a presidente municipal de Tijuana, pero que ahí está su curul en el Senado de la República, a su disposición.
