La Fiscalía General de Chihuahua informó este martes 3 de noviembre, que sólo Bernabé “L”, sargento de la Guardia Nacional (GN), fue procesado por el homicidio de la agricultora Jessica Silva Zamarripa y por homicidio en grado de tentativa contra su esposo, Jaime Torres.
Luego de la audiencia de vinculación a proceso por parte de tribunales federales, a los otros cinco elementos de la corporación de seguridad detenidos, tan sólo se les inició un proceso por delitos contra la administración de la justicia.
“Las labores ininterrumpidas de la dependencia estatal permitieron esclarecer el lamentable hecho suscitado el 08 de septiembre en el municipio de Meoqui; sin embargo, el caso fue atraído por la Fiscalía General de la República 20 días después”, puntualizó la FGE chihuahuense en un comunicado.
“En tanto, la Fiscalía General del Estado confía en el profesionalismo y la seriedad en los trabajos de la autoridad ministerial y judicial, a fin de brindar justicia en el atroz crimen”, agregó la Fiscalía General de Chihuahua.
La Guardia Nacional informó el pasado 27 de octubre, que 6 de sus elementos fueron aprehendidos después suponer su culpabilidad en el asesinato de Jessica Silva Zamarripa y el ataque a su esposo, Jaime Torres, una pareja de agricultores chihuahuenses.
Ambos participaron en la protesta acontecida el pasado 9 de septiembre, cuando campesinos enfrentaron con piedras y palos a elementos de la Guardia Nacional para tomar el control de la presa La Boquilla, localizada en el municipio de San Francisco de Conchos, Chihuahua.
Ello como protesta contra lo que consideraban un plan para desviar una mayor cantidad de agua a Estados Unidos, como parte del tratado bilateral de 1944, que regula el intercambio del líquido entre los dos países.
En un principio la Guardia Nacional afirmó que sus elementos “repelieron la agresión” de civiles armados en el municipio de Delicias, tras las protestas en la presa La Boquilla.
Luego, el pasado 18 de septiembre, Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional, afirmó que el homicidio de Silva Zamarripa, ocurrido tras la toma de la presa La Boquilla, en Chihuahua, fue un “lamentable accidente”.
Sin embargo, este martes 27 de octubre, la GN rectificó, y en su cuenta de la red social Twitter realizó tres publicaciones en las que destacó que cumplió 6 órdenes de aprehensión contra sus elementos.
“#GuardiaNacional informa que una vez que @FGRMexico realizó la investigación correspondiente a los lamentables hechos registrados el pasado mes de septiembre en Delicias #Chihuahua, encontró elementos que hacen suponer la culpabilidad de algunos elementos de nuestra Institución”, dijo la GN en un primer tuit.
Por lo anterior, se cumplimentaron seis órdenes de aprehensión contra el personal involucrado en un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos. Cabe señalar que desde el primer momento, se colaboró con las autoridades ministeriales para deslindar las responsabilidades”, agregó la Guardia Nacional.
“Reiteramos que en la #GuardiaNacional no se tolerarán abusos o uso excesivo de la fuerza por parte de su personal, normando su actuación en el irrestricto respeto a los derechos humanos”, finalizó la GN en su serie de tuits.
“En algún momento el personal de la Guardia Nacional escucha disparos […] uno de los elementos pues dispara […] y fue que le pega a las personas, este fue de alguna manera pues un desgraciado, lamentable accidente”, dijo Rodríguez Bucio el pasado 18 de septiembre.
Por su parte, durante la conferencia de prensa matutina presidencial, Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal, indicó que se iniciaron las investigaciones a los elementos de la Guardia Nacional por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
“Ratificamos aquí la disposición y el compromiso de coadyuvar en todo lo que esté nuestro alcance con la Fiscalía General de la República para avanzar de manera definitiva en la investigación”, señaló el titular de la SSPC Federal.
En su turno, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que había concluido la investigación por el homicidio de Silva Zamarripa, quien junto con su esposo Jaime Torres, fue agredida a balazos el pasado 8 de septiembre, después de participar en la protesta en la presa La Boquilla, del municipio de San Francisco de Conchos, Chihuahua.
“Ya se terminó la investigación en la Procuraduría del estado y se remite a la Federación. Di instrucciones para que se vaya hasta las últimas consecuencias […] No se va a justificar. Es muy lamentable que detrás de esto haya intereses políticos porque vienen las elecciones en Chihuahua”, indicó el mandatario nacional, quien dijo, además, que se castigará a los responsables.
Desde el 9 de septiembre, campesinos de la región tomaron el control de la presa La Boquilla, localizada en el municipio de San Francisco de Conchos, como protesta contra lo que consideran un plan para desviar una mayor cantidad de agua a Estados Unidos, como parte del tratado bilateral de 1944 que regula el intercambio entre los dos países.
El 10 de septiembre, 17 elementos de la Guardia Nacional fueron interrogados por el tiroteo donde falleció Silva Zamarripa y resultó herido su esposo, Jaime Torres. La GN dijo que sus efectivos “repelieron la agresión” de civiles armados en el municipio de Delicias, tras las violentas manifestaciones en la presa La Boquilla, desde donde se desvía agua a EE.UU.
El pasado 11 de agosto, el presidente López Obrador afirmó que la disputa por el agua en Chihuahua tiene motivos políticos, y acusó que detrás de las manifestaciones hay exgobernadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y otros funcionarios y exfuncionarios públicos del Partido Acción Nacional (PAN) de dicha entidad.
Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador mostró una serie de diapositivas en las que se menciona al exmandatario estatal Reyes Baeza Terrazas (ex director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, durante parte del Gobierno de Enrique Peña Nieto), como uno de los principales actores de la movilización. El presidente también acusó a los exgobernadores César Horacio Duarte Jáquez y Fernando Baeza Meléndez, de estar detrás de las protestas en Chihuahua.
El titular del Poder Ejecutivo Federal también mencionó a Héctor Baeza Terrazas, ex alcalde de Delicias; y a Jaime Ramírez Carrasco, alcalde de San Francisco de Conchos, así como a Eliseo Compeán Fernández, alcalde de Delicias, y a Salvador Alcántar Ortega, entre otros.
El 9 de agosto, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, acusó durante una conferencia de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), que las movilizaciones de agricultores han sido convocadas por los exmandatarios estatales del PRI, Fernando Baeza Terrazas y Reyes Baeza Terrazas.
El funcionario federal también señaló a los panistas Gustavo Madero Muñoz y Mario Mata Carrasco, senador y diputado federal, respectivamente. Acusó que, junto a ellos, varios alcaldes del estado, como José Francisco Ramírez, de Morena, han exhortado a los agricultores a bloquear carreteras y oponerse a la extracción de agua en las presas.
