La Acción Ciudadana Frente a la Pobreza recomendó a la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami) que el salario mínimo en México incremente 6 por ciento en 2021. Con ello, el salario mínimo en la frontera norte del país pasaría de 185.56 pesos a 196.69 pesos y, en el resto del territorio nacional pasaría de 123.22 pesos a 156 pesos.
Esto, porque -según la organización civil- el próximo año el salario mínimo podría fijarse incluso dos puntos por encima del 4.0% de la inflación anual estimada de 2020, más 25 pesos de compensación otorgado a través del Monto Independiente de Recuperación, lo que hace una diferencia de casi 33.00 pesos frente al salario actual de 123.22 pesos (en el caso del centro del país).
Con esta propuesta de incrementar 2 puntos por arriba de la inflación, como porcentaje de referencia, más un monto independiente de recuperación (MIR) de 25 pesos anual, al cierre de 2024 se podría alcanzar la meta de un salario suficiente tal como establece la Constitución, destacó.
“Los trabajadores tendrán un salario mínimo suficiente para adquirir dos canastas básicas, lo cual será benéfico para la mayoría de las familias, considerando que en promedio los hogares mexicanos están integrados por 4 personas y cuentan con dos perceptores de ingreso”.
Apuntó que el costo de la canasta básica se ubicó en septiembre pasado en 3 mil 255.60 pesos, el salario mínimo mensual llegó a 3 mil 696.60 pesos, “lo cual es insuficiente para sostener un hogar donde comen, visten, se transportan, se asean 4 personas, quienes además pagan renta o mantenimiento de la casa, y tienen otros gastos básicos de vivienda (gas, luz)”.
Para la Alianza Ciudadana Frente a la Pobreza la reconstrucción económica post COVID19 debe hacer una escala necesaria en la reconstrucción ética del mercado laboral caracterizado por el alto nivel del desempleo y la precarización de los trabajadores.
La economía nacional debe recuperar su capacidad para generar trabajo digno en cantidad y calidad suficiente para emplear, en especial a las mujeres y a los jóvenes excluidos del mercado laboral; así como eliminar prácticas abusivas de contratación como el llamado outsourcing; promover el sindicalismo que negocie y defienda los derechos de los trabajadores, y un programa de autorregulación laboral fiscalizado por el Estado.
“Antes del COVID-19, el 57% de quienes tenían trabajo subordinado y asalariado no ganaban lo suficiente para adquirir dos canastas básicas. Y el 42% carecían de afiliación a la seguridad social, con lo cual se les coloca en la informalidad y el 53% carecían de contratación estable. Y todo esto empeoró con la pandemia”.
La recuperación económica post COVID-19 se ha iniciado, pero con desventajas para los trabajadores, porque está favoreciendo la creación de empleos precarios, es decir con bajos salarios y sin las obligaciones y prestaciones que establece la ley. La recuperación observada hasta ahora profundiza la tendencia del mercado laboral mexicano de excluir a las mujeres y a los jóvenes, manifestó.
Ante ello, debe mantenerse la recuperación gradual del salario de los trabajadores, como parte de una nueva política laboral, que evite la pobreza laboral.
Por otro lado, a Alianza Ciudadana Frene a la Pobreza le “preocupa” que el gobierno federal haya sido omiso en la recuperación del mercado laboral, dejando bajo la responsabilidad a los empleadores, sin establecer prácticas, criterios y normas que propicien la reducción de la informalidad del mercado, el desempleo y el fomento del trabajo digno.
“Es decir, con salario suficiente, seguridad social, contratación estable, prestaciones y defensa de sus derechos laborales. El presidente ha anunciado el envío de una iniciativa de ley que regula el outsourcing para eliminar prácticas abusivas e ilegales, que en su mayoría ya están prohibidas. El problema es la falta de vigilancia y de sanciones, así como la ausencia de mecanismos efectivos de auto regulación de empresas que sí cumplan”.
