Maestro encargado

Hoy viernes 13 de noviembre, el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, presentará al maestro Juan Valdés Moreno como encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, en sustitución plena de las actividades que venía desarrollando el Capitán en el retiro Jorge Alberto Ayón Monsalve, designado por el Cabildo en 2019 para tal posición. La salida de Ayón no es, dicen, por la presión pública emprendida por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, sino porque González Cruz quiere profundizar en la coordinación y los planes para Ayón son otros. Como sucedió, el alcalde fue amenazado por Ricardo Peralta, entonces subsecretario de Gobernación e íntimo de Jaime Bonilla Valdez, para que abandonara la contienda por la candidatura de Morena al Gobierno del Estado en 2021. Le dijo que tenía información, pero no presentó evidencia que Ayón había colaborado para quedarse con un cargamento ilícito, cuyas ganancias serían invertidas en la campaña política. González Cruz lo denunció tal cual y Bonilla inició una arenga mediática exigiendo no solo la renuncia de Ayón, sino la salida de González  de la presidencia municipal de Tijuana. El nuevo encargado de la seguridad en Tijuana es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, con especialidad en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, institución donde después de la maestría, está en proceso un Doctorado en Administración Pública. Ha impartido cátedra de Derechos Humanos en la Maestría de la Universidad Iberoamericana, tanto en el Campus de Tijuana como en el de Mexicali. Ha sido litigante, visitador adjunto de la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, además de asesor legislativo y de Derechos Humanos en el Ayuntamiento de Tijuana; secretario técnico de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Congreso del Estado de Baja California y, hasta hace unos días, director de la Estancia Municipal de Infractores de Tijuana. Valdés Moreno hereda una corporación municipal que no ha atravesado por una depuración integral, en una ciudad donde ocurre el 80% de los homicidios dolosos a nivel estatal, que tienen a Baja California en segundo lugar en la incidencia de este delito en el ámbito nacional.