Durante 2019, el Gobierno del Estado de Baja California gastó 361 millones 580 mil 349 pesos provenientes de recursos federales, sin que comprobara en qué los utilizó. A lo largo del sexenio del panista, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sumaron 7 mil 132 millones 880 pesos
No haber dispersado las participaciones federales a los municipios, exceder el porcentaje permitido para sufragar remuneraciones del personal del Seguro Popular y pagar medicamentos que no fueron suministrados a los beneficiarios, son algunas de las irregularidades que encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el último año de la gestión de Francisco Vega de Lamadrid.
En la segunda entrega del Informe de Resultados de la Fiscalización a la Cuenta Pública 2019, el organismo autónomo observó 371.6 millones de pesos que,en su mayoría (361.6 millones) el gobierno panista recibió, gastó y no comprobó en qué utilizó.
A lo largo del sexenio de “Kiko” Vega, las observaciones del máximo órgano fiscalizador del país respecto al ejercicio de los recursos federales en la entidad ascendió a 7 mil 132 millones 880 mil pesos, que equivale a construir poco más de dos trenes interurbanos Tijuana-Tecate (según la estimación de que ese proyecto del gobierno actual requiere una inversión cercana a 3 mil millones de pesos).
Adicionalmente, la administración pasada acumuló más de 4 mil 649 millones de pesos en malos manejos y presuntos desvíos de fondos relacionados con la deuda pública interna, al incurrir en prácticas irregulares como el pago en exceso de 14 millones 600 mil pesos por intereses a res instituciones bancarias en 2017, como ZETA lo informó en su oportunidad en una nota firmada por Inés García Ramos.
GOBIERNO DE BC NO ENTREGA PARTICIPACIONES
De los 371.6 millones de pesos observados al gobierno de Baja California en la Cuenta Pública 2019, el mayor monto observado (333.1 millones de pesos) corresponde a la distribución de participaciones federales. En ese rubro, el monto observado fue el segundo mayor del país, solo detrás de Nayarit.
Según el documento de la ASF, la Secretaría de Planeación y Finanzas -entonces encabezada por Bladimiro Hernández- proporcionó a los municipios -con retrasos- el dinero de siete fondos, por lo que el Gobierno del Estado deberá pagar los rendimientos de estos, valuados en 6 millones 284 mil 500 pesos.
Además, la ASF constató que en septiembre de 2019, la Secretaría de Finanzas no transfirió 88 millones 743 mil 900 pesos de recursos federales a los municipios de Mexicali y Tijuana, incumpliendo así la Ley de Coordinación Fiscal del Estado.
Foto: Cristian Torres.- Vicenta Espinoza Martínez
Tampoco comprobó los pagos a terceros de algunos conceptos y meses, como el de 9 millones 842 mil 612 pesos por obligaciones vencidas del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de enero, septiembre y noviembre (3 millones 28 mil 544 pesos del ISR y 6 millones 214 mil 068 pesos del IMSS). Ni acreditó las diferencias del ejercicio fiscal 2017 por 52 millones 861 pesos; intereses de adelantos por 72 millones 222 pesos; Fideicomiso Monex (Tijuana), Fideicomiso 2213-3 Banco Bans (Ensenada), Crédito Banobras (Mexicali), Fideicomiso HSBC (Mexicali), Fideicomiso Banamex (Tijuana) y Fideicomiso 2357-1 Bansi (Tecate) de agosto, septiembre y octubre. Montos que en total suman 228 millones 109 mil 435 pesos que no se solventaron.
En cuanto a las deducciones que hizo el Estado a los municipios, se determinó que los cinco ayuntamientos afectaron “indebidamente” sus participaciones, y que las deducciones mal aplicadas sumaron 22 millones 184 mil 052 pesos, destacó la ASF.
Ante ello, la Secretaría de Hacienda instruyó al director de Gestión Financiera de esa secretaría para que no se realicen deducciones que afecten fondos no contemplados en la normativa y se verifique plenamente su cumplimiento.
La ASF concluyó que “existieron debilidades en el control interno de la entidad fiscalizada que se manifestaron en la entrega de documentación incompleta, en desorden y con errores; además, se observa un retroceso respecto de los resultados de las revisiones anteriores. Esto coincide con el cambio de administración estatal que se llevó a cabo en 2019”.
Más de 7 mil 132 mdp observados por la ASF al gobierno de Vega
A lo largo del sexenio del panista Francisco Vega de Lamadrid, las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre la ejecución del gasto federalizado sumaron 7 mil 132 millones 880 mil pesos (2014-2019).
Según datos del máximo órgano fiscalizador, el mayor monto observado fue a la Cuenta Pública de 2016 (2 mil 497.9 millones de pesos), seguido de la Cuenta Pública de 2015 (mil 960.7 millones de pesos) y el monto observado en la de 2014 (mil 390.8 millones de pesos).
En contraste, en los últimos años del gobierno de “Kiko” Vega, el monto observado al gasto federalizado disminuyó, ya que en 2017 fue de 623.2 millones; en 2018, 288.7 millones, y en 2019, 371.6 millones de pesos.
Entre las observaciones de la ASF durante la anterior administración estatal, destacan el desvío de mil 432 millones de pesos en el manejo de recursos en el ejercicio 2016.
Sobre el año fiscal 2017, la ASF identificó que el gobierno de “Kiko” acumuló 4 mil 649 millones 949 mil 859 pesos en malos manejos y presuntos desvíos de fondos relacionados con la deuda pública interna, ocultó 802 millones de pesos de la deuda pública y pagó 14 millones 600 mil pesos en exceso por concepto de intereses bancarios.
En el mismo año, la ASF presumió un daño al erario superior a 16 millones al no localizar a 128 empleados en la verificación física de 232 centros de trabajo correspondientes al Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP).
De octubre a diciembre de 2017, “el Estado retuvo 3 millones 11 mil pesos, de los cuales retuvo indebidamente 2 millones 846 mil pesos a trabajadores por los apoyos prestados, sin que existiera la obligación de retener y enterar el ISR, este importe se transfirió de la cuenta del fondo a la cuenta pagadora de impuestos”.
Respecto a los compromisos acordados en la revisión de la Cuenta Pública 2018 entre la entidad fiscalizada y la ASF, el organismo autónomo señaló (en el informe entregado el 30 de octubre de 2020) que no se proporcionó información que permita identificar su seguimiento y avance. (Julieta Aragón Domínguez)
Por otro lado, la Auditoría Superior de la Federación emitió una solicitud de aclaración para que el gobierno de BC aclare un millón 328 mil 250 pesos del Fondo para la Atención de Emergencias y Desastres Naturales (Fonden), cuya aplicación y destino se desconocen. Además, “no constituyó un Fideicomiso Público para la Atención de la población y la infraestructura estatal en caso de Desastres Naturales”.
PAGOS DE MEDICAMENTOS QUE NO SE DISTRIBUYERON
La ASF señaló que el Gobierno del Estado de Baja California recibió del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) 2 mil 362 millones 86 mil 8 pesos en 2019, los cuales generaron rendimientos financieros por 257 mil 200 pesos. Del total, al Instituto de Servicios de Salud Pública (Isesalud) se le observaron 26 millones 499 mil 648 pesos.
El reporte indicó que se “presume un probable daño o perjuicio, o ambos a la Hacienda Pública federal” por 165 mil 525 pesos más rendimientos financieros por el pago de medicamentos que no fueron distribuidos a las unidades médicas, ni se localizaron en la visita física al almacén de Isesalud Zona Tijuana.
Foto: Ramón T. Blanco Villalón.- Bladimiro Hernandez Díaz.- Secretario de Finanzas
Asimismo, con la visita física al Hospital General Tijuana, se identificó que dicho nosocomio no cuenta con controles para la recepción, manejo, resguardo, entrega y dispensación de los medicamentos, toda vez que no presentó evidencia de la entrega a los beneficiarios de 100 frascos de inmunoglobulina G no modificada 6g solución inyectable 120ml por 778 mil 900 pesos, más rendimientos financieros.
Durante la auditoría, el gobierno de BC proporcionó recetas médicas que constatan que se surtieron 55 frascos de ese medicamento, sin embargo, al no solventar toda la observación persiste un probable daño al erario por 350 mil 505 pesos por medicamentos que no fueron entregados a beneficiarios.
A propósito de estas irregularidades, la secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, resaltó sin importar cuánto sea lo señalado, “es recurso al que se le debió dar un buen uso”, y la dependencia a su cargo también hizo observaciones en cuanto a que actualmente los hospitales generales de Tijuana y Mexicali no llevan controles sobre el manejo de medicamentos.
“El problema es que cuando nosotros verificamos los medicamentos en el almacén, en el almacén nos dicen ‘es que ya no están aquí, cómo podemos comprobar que se ingresaron con una firma, ellos dicen. No existe evidencia, fotografía, un registro, un inventario, una entrada-salida de almacén, y eso nos lleva a dudar que haya entrado el medicamento”, expuso la funcionaria estatal.
Tampoco hay registro de quién transporta los medicamentos a los centros de salud, donde señalan que el medicamento nunca les llegó. “Estamos entre las dos partes, la que dice ‘ya lo entregamos’ y la que dice ‘a mí nunca me han entregado nada’”, dijo Espinosa.
Por ello, la Secretaría de Honestidad y Función Pública (SHFP) está haciendo recomendaciones para que mejoren estos controles en la Secretaría de Salud y se homologue el control con el que se lleva a cabo en la Federación.
Espinosa Martínez consideró que la observación “más fuerte” de la ASF en materia de salud es la de 20 millones 493 mil 597 pesos por pago de remuneraciones del personal directamente involucrado en la atención de los afiliados al Seguro Popular. Monto que representó 42.2% de los recursos ministrados y que excedió el límite autorizado para ese rubro (40%).
Por otro lado, la ASF presumió un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por 295 mil 872 pesos más los rendimientos financieros, por el pago a tres trabajadores por concepto de estímulo al personal que labora en localidades geográficamente dispersas o de bajo desarrollo con clave E400P sin presentar el soporte documental que lo demuestre.
EN EDUCACIÓN SE OBSERVARON 647 MIL PESOS
En materia de educación, sobre la ejecución del Programa Nacional de Inglés (Proni), la ASF observó 647 mil 024 pesos al gobierno de Baja California por pagos de trabajadores donde se identificaron pagos en las nóminas del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y del Programa de Escuelas de Tiempo Completo (PETC).
Indicó que el Instituto de la Infraestructura Educativa (Inife) contrató obras con recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) mediante licitaciones y adjudicaciones con base en los montos máximos autorizados; sin embargo, no se proporcionaron las actas de entrega-recepción, de finiquito y las fianzas de vicios ocultos formalizados en tres contratos:
El primero (CP-INIFE-BC-MXL-FAM-19-08) respecto a la construcción de tres aulas didácticas en la Telesecundaria Nueva Creación; el segundo (CP-INIFE-BC-TJ-FAM-19-07) por la edificación de cuatro aulas
“Baja” Jucopo Dictamen 121 con el que FGE destinaría 7 mdp para adquirir tres camionetas
Previo a la sesión del pleno del Congreso de Baja California, el 4 de noviembre, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) “bajó” del Orden del Día el Dictamen 121 de la Comisión de Hacienda, que facultaría a la Fiscalía General del Estado (FGE) destinar 7 millones 716 mil 480 pesos a la adquisición de tres camionetas: una para el titular de la fiscalía (Guillermo Ruiz), otra para sus escoltas y otra más para el fiscal central (Hiram Sánchez).
El dictamen avalado el 30 de octubre en la Comisión de Hacienda presidida por la morenista Julia Andrea González Quiroz, estipula que la FGE compraría dos camionetas Chevrolet Tahoe Premier 2020 con blindaje nivel IV Plus por 6 millones 522 mil 580 pesos. Así como otra camioneta Tahoe para los escoltas del fiscal general, por un millón 193 mil 900 pesos.
Gerardo López, diputado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), indicó a ZETA que dentro de la Jucopo se llegó al acuerdo de no llevar al pleno el Dictamen 121 hasta que no se haga un análisis “más profundo” respecto a la necesidad de dichas unidades: “Hay que ver la necesidad (de éstas) y que no sea un capricho”.
Agregó que es posible que en la próxima sesión del pleno pueda subir el dictamen para su discusión y votación. En opinión del legislador, “ese dinero se puede aplicar en otras áreas para la impartición de justicia”, como resarcir los daños a las víctimas, por lo que López consideró que “ahorita no es urgente” la compra de esas camionetas. (Julieta Aragón Domínguez)
didácticas en la Escuela Secundaria Técnica Número 54; y el tercero (CP-INIFE-BC-TJ-FAM-19-03) por la construcción de cuatro aulas didácticas para la Escuela Primaria “Josefina Rendón” y construcción de barda en Escuela Secundaria General Número 51.
“Además, se incumplieron las obligaciones de transparencia sobre la gestión del fondo, ya que el Gobierno del Estado de Baja California no reportó con calidad y congruencia a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la información remitida en el cuarto trimestre del formato denominado avance financiero”, destacó la secretaria de la Función Pública.
Al revisar la ejecución de los recursos del programa Escuelas al Cien en 2019, la ASF identificó en el contrato CP-INIFEBC-ROS-FAPO-18-01 sobre la construcción en CECyTE Plantel Rosarito con vigencia al 29 de marzo de 2019, carecer de la fianza de vicios ocultos, de su finiquito y del acta de entrega-recepción. Por lo que la SHFP estatal integró el expediente INV/62/20 para determinar posibles sanciones administrativas.
BC INCUMPLE LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
La ASF observó que, el gobierno estatal generó un Balance Presupuestario “Negativo” y de Recursos Disponible “Negativo” en el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2019 y la Cuenta Pública 2019, sin que presentara las justificaciones mencionadas en la normatividad.
Los ingresos totales del Estado ascendieron a 57 mil 328 millones 874 mil pesos, monto inferior a los egresos presupuestarios (58 mil 329 millones 174.6 mil pesos).
La ASF señaló que el gobierno estatal “dispone de dos valuaciones actuariales de pensiones para magisterio y burócratas, vigentes a la fecha de presentación del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal 2019, de fechas 19 de julio de 2018 y 30 de enero de 2019, respectivamente, las cuales reúnen los requisitos mínimos establecidos en la Ley de Disciplina Financiera para las Entidades Federativas”.
El gobierno no contrató deuda pública a largo plazo durante 2019, y al 31 de diciembre de ese año, el saldo por pagar de los 23 contratos de deuda pública a largo plazo fue de 11 mil 509 millones 579.2 miles de pesos, ya que se pagaron amortizaciones por 313 millones 270.5 miles de pesos en el año.
Al cierre de 2019, la administración de Jaime Bonilla Valdez contrató cinco créditos de corto plazo, cuyo saldo insoluto total no excedió del 6.0% de los ingresos totales aprobados en la Ley de Ingresos, y fueron destinados exclusivamente a cubrir insuficiencias de liquidez temporal.
Aun cuando el gobierno estatal envío en tiempo y forma la información a la Secretaría de Hacienda, los indicadores reportados en el Sistema de Alertas no coinciden con la información presentada en la Cuenta Pública 2019.
USARÁN CUPÓN CERO PARA REINTEGRAR MÁS DE 361 MDP
En entrevista con ZETA, la titular de la SHFP, Vicenta Espinosa Martínez, indicó que el gobierno estatal tiene que “programar y ver de dónde van a salir” los más de 361 millones 580 mil 349 pesos que reintegrará a la Tesorería de la Federación antes de que concluya 2020.
“Siempre se reintegra con los rendimientos, no solamente se va a mandar los 361 millones, sino lo que se presume que debió haber ganado en el banco, porque ese dinero no estuvo bien utilizado”, manifestó la funcionaria, y adelantó que el Estado podría devolver el recurso cuando reciba el Cupón Cero de Banobras.
Como se recordará, en febrero pasado, cuando se efectuó la restructuración de la deuda a largo plazo, el gobierno de Jaime Bonilla Valdez estimó que con esta se liberarían alrededor de 700 millones de pesos del Cupón Cero que serían utilizados para pagarle a los municipios las participaciones que no entregó “Kiko” Vega en 2019 y que al corte de octubre de 2020, ascienden a 271 millones de pesos.
Para el catedrático Martín Vera Martínez, utilizar el Cupón Cero para reintegrar el monto que no se justificó a la Tesorería de la Federación podría contravenir la Ley de Disciplina Financiera, dado que las participaciones se estarían pagando con deuda.
Añadió que en 2019, BC fue “el último lugar en materia de fortalecimiento de las instituciones de transparencia y el que menor gasto público destinó a ello”, por lo que consideró que ni la Auditoría del Estado, ni el Instituto de Transparencia, tienen los recursos ni el personal para hacer un seguimiento exhaustivo del gasto.
En la misma línea, Espinosa, coincidió en que hace falta presupuesto en todos los estados para este tipo de vigilancia: “De verdad quisiera que nos voltearan a ver a estos órganos de control para poder fiscalizar mejor, y que supieran que alguien más está detrás de estos recursos y no se les facilitara el desfalco”.
