Durante este año, Baja California ha tenido muchos, pero muchos problemas con los policías de las diversas corporaciones del Estado, debido a que se han visto involucrados en cuestiones ligadas a la delincuencia organizada o perpetrando crímenes. Mientras el fiscal Guillermo Ruiz Hernández sale a declarar que la depuración policíaca es una de las prioridades, la realidad es que las actividades de estos agentes nunca fueron ni medianamente descubiertas por el Centro Estatal de Control y Confianza (C3) a cargo de Brenda Valdez Jaramillo, militante del PAN desde 2003 que permanece incrustada en la nómina del gobierno a más de un año de iniciada la era de la 4T. En el transcurso de 2020, dos policías municipales de Mexicali fueron removidos por Sindicatura Municipal por el delito de robo con violencia y lesiones, en agravio de un comerciante de la localidad; lo golpearon dentro de la patrulla sin importarles que la unidad contaba con cámaras de vigilancia. Posteriormente, en Tijuana, cuatro agentes de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación perpetraron un operativo extrajudicial que dejó el saldo de una pareja muerta que -supuestamente- cuidaba la droga. En este caso hubo impunidad porque se culpó al “dueño de la droga” como responsable del asesinato. El miércoles 4 de noviembre se detuvo a un agente municipal de Tecate, llamado José, acompañado de un sicario del Cártel de Jalisco Nueva Generación, el cual tenía orden de aprehensión por homicidio. Y en Mexicali, tres policías estatales identificados como Leonardo Ornelas Barrios, Salvador Zepeda Solano y Jesús Alberto Castañeda Nario, fueron acusados del delito de secuestro agravado, en perjuicio de un empresario local; otros cinco permanecen prófugos de la acción de la justicia. Sin embargo, según información otorgada por fuentes de la institución, todos los agentes habían pasado los Exámenes de Control y Confianza, o se encontraban en proceso de acreditarlos. Gran parte de la responsabilidad de la corrupción de las corporaciones policíacas recae en las acciones de Valdez Jaramillo, cuyo sistema no parece estar funcionando mucho, pues se ha enfocado más en revanchismos que en una verdadera depuración policiaca.
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