El 10 de noviembre, 80 usuarios que participaron en una manifestación fueron atendidos por personal de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) para aclarar los montos elevados que les llegaron en sus recibos de consumo de agua
En los últimos meses cientos de usuarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt) han padecido altos cobros por el consumo de agua potable, lo que han bautizado como “recibos locos”, debido a que los montos en ocasiones representan más del doble de lo que usualmente pagaban.
El 10 de noviembre, 80 usuarios marcharon desde las instalaciones de la Unidad Deportiva Tijuana hasta las instalaciones centrales de la paraestatal en el bulevar Federico Benítez, exigiendo que se realizaran cobros justos por su consumo de agua y se resolvieran las fallas que persisten en varias colonias con respecto al suministro del vital líquido.
La manifestación fue liderada por el abogado Carlos Atilano, quien al día siguiente se convirtió en el nuevo blanco de ataques por parte del gobernador Jaime Bonilla Valdez y parte de su gabinete, que criticó el acto y desestimó la queja.
“Le duele al Gobierno del Estado ser señalado y exhibido por estas justas reclamaciones de la sociedad civil, y buscan sofocarlo atacando a quienes encabezamos estos movimientos. Lamentablemente, esto ha sido una constante de este gobierno, están gobernando con mentiras y amenazas”, expresó Atilano a este Semanario.
El abogado afirmó que quiso encabezar este movimiento para generar un precedente sobre la situación, luego de tener conocimiento de que podrían ser miles las personas afectadas por estos cobros excesivo e inflados, situación que podría no ser exclusiva de Tijuana, pero que ha resaltado más en esta ciudad por el enfoque mediático que se ha dado por parte del gobernador.
Desde abril se mantienen las fallas en la generación de recibos para las cuentas domésticas.
Entre los casos que se presentaron el pasado martes ante la Cespt, destacó el de la señora Ofelia, que mostró un recibido por más de seis millones de pesos. La mujer, residente de la colonia Camino Verde, compartió que en los últimos meses no llegó el recibo a su hogar, cuyo monto regularmente oscila entre los 300 y 400 pesos cada mes; aun sin recibo actualizado, su esposo acudía cada mes a hacer el pago correspondiente, hasta que les llegó el excesivo cobro. Después de ser atendida, su recibo se redujo a 394 pesos.
Los 80 usuarios que acudieron en la manifestación fueron atendidos en ese día, según lo reportó después el titular de la SEPROA, Salomón Faz Apocada, luego de que el funcionario estatal instruyera la instalación de un módulo para aclaraciones en el comedor de las instalaciones y que se atendiera en su totalidad a los usuarios que habían participado en la marcha.
El abogado Carlos Atilano comentó que este grupo de usuarios son un reflejo de lo que está ocurriendo en la ciudad con el tema del agua, ya que no solo están padeciendo de cortes intempestivos, “pausas programadas” y fallas en la infraestructura hidráulica, sino también cada mes mantienen la incertidumbre de qué hacer si les llega un “recibo loco”.
“Antes la Cespt era la caja chica de los gobiernos panistas, de ahí tomaban dinero para sus negocios; ahora este gobierno convirtió a la paraestatal en su caja grande, exprimiendo a los usuarios de escasos recursos, golpeados por la pandemia, y hostigando a los empresarios”, agregó el abogado.
Las autoridades estatales le están apostando a que un usuario promedio prefiera pagar el cobro que le llega por el consumo de agua en su hogar, antes de pasar cinco horas en las oficinas de la paraestatal buscando una solución, haciendo filas y “aguantando los malos tratos del personal”; además de que es reducida la atención, por las recomendaciones sanitarias derivadas de la pandemia de COVID-19.
Durante la transmisión matutina del miércoles 11 de noviembre, se le acusó al abogado de ser irresponsable, por aglomerar a las personas, exponiéndolas a un posible contagio por fomentar que no se respetaran las medidas de salubridad. Atilano aseguró a ZETA que tuvieron su propio filtro, se les proporcionó un cubrebocas a cada persona que acudió y marcharon respetando la sana distancia.
“Ellos, al meterlos a las oficinas, ahí sí los juntaron y estuvieron dentro de un mismo espacio; nosotros mantuvimos todos los cuidados necesarios, precisamente para prevenir contagios, pero sin dejar pasar la oportunidad de que los ciudadanos manifestaran su inconformidad”, explicó.
Refirió que esta situación comenzó cuando la Cespt contrató a una empresa privada para generar los recibidos de los usuarios, luego de que por dos meses estuvieron cumpliendo con esta función con menos el 40 por ciento de su plantilla de campo, empleados que fueron retirados por ser considerados personas vulnerables ante la contingencia por el COVID19 y generó un rezago en la medición y entrega de recibos entre los meses de abril y mayo.
La empresa es Laser Especialidades SA de CV, la cual celebró un convenio con la paraestatal el pasado mes de junio para tomar la lectura a más de 4 millones de cuentas de usuarios residenciales en los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, con un personal reducido (apenas 90 en campo con 9 supervisores) y de acuerdo con los testimonios de los ciudadanos, la mayoría no cuenta con la capacidad para realizar el trabajo.
El convenio de la Cespt con esta empresa tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de este mismo año, tiempo en el que tendrá una percepción de 9 millones de pesos por hacer la labor de tomar la lectura de los medidores y generar los recibos del 90 por ciento de los usuarios en el mismo sitio.
Recientemente Sergio Rosete Weben, director de la Cespt, declaró que podría ser hasta el mes de enero del próximo año cuando se corrija el rezago y las fallas que persisten en la labor de generar los recibos, el abogado Atilano comentó que en las próximas semanas con colegas litigantes armaran jornadas de asesoría jurídica para los afectados y otorgarles las herramientas necesarias para que puedan defenderse y ya no paguen las cantidades excesivas que pretenden cobrarles.
“Vicenta debería investigar a funcionarios, no a particulares”
Otra de las quejas que sostuvo el abogado Carlos Atilano, tanto en la manifestación como en sus declaraciones posteriores, es sobre el actuar de Vicenta Espinoza, titular de la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, quien encabeza parte de las labores de exhibir a los empresarios y a los negocios que no cumplen con el pago de consumo de agua.
“En la Ley Orgánica de la Función Pública del Estado está el cumulo de sus funciones, donde se refiere que ella debe investigar y aplicar sanciones a los funcionarios públicos, no habla de particulares ni de empresas; creemos que está abusando de poder, que está haciendo un ejercicio indebido y que se presta a las maniobras del gobernador”, acusó el abogado.
Recordó que al inicio de la presente administración estatal, cuando surgió el tema de los “moches”, Espinoza aseguró que iba a investigar el tema y que se sancionaría a quien resulta responsable o estuviera involucrado con este; sin embargo, “el gobernador la mandó callar, la puso a extorsionar a los empresarios y se olvidó de investigar actos de corrupción e irregularidades cometidos por los funcionarios públicos”.
Por su parte, la secretaria de la Honestidad y la Función Pública aprovechó la trasmisión matutina del gobernador para defenderse, asegurando que existe una reforma en la Ley de Responsabilidades Administrativas que le da facultades para revisar a los particulares, negando que esté cometiendo alguna irregularidad.
Atilano explicó que sé existe tal reforma, pero es para aplicarla a los particulares que reciben aportaciones gubernamentales, manteniendo su postura de que lo que hace Espinoza cada semana es irregular y falta a sus funciones.
Vicenta Espinoza, por su parte informó que actualmente se cuentan con 220 amparos interpuestos por empresas que se “resisten” a pagar sus adeudos por los servicios de agua, cantidad que se ha ido disminuyendo, pues algunas ya han aceptado las irregularidades que les beneficiaron en las administraciones anteriores y se terminan poniendo al corriente.
A lo largo del estado han dictaminado a dos mil 487 empresas, que en total representan un total de cuatro mil 775 millones 182 mil 350.64 pesos de deuda por los servicios de agua, de los cuales se ha logrado recupera un 28.63 por ciento.
Pausas programas seguirán hasta el 15 de diciembre
Por otra parte, la Cespt comunicó que el programa de “pausa programada” va a estar vigente hasta el próximo 15 de diciembre, cuando se logre concluir con los trabajos de reparación de una cuarta bomba de la Planta de Bombeo que ayuda a que el agua de la presa El Carrizo llegue a los hogares de Tijuana y Playas de Rosarito.
El director de la paraestatal, Sergio Rosete Weben, afirmó que ya se logró recupera los niveles adecuados de agua en la presa, pero no pudo asegurar que este problema quede resuelto al 100 por ciento para el siguiente verano, cuando el consumo de agua aumenta.
