Justo cuando el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz, tiene contemplado solicitar separarse del cargo de nueva cuenta para buscar la candidatura para gobernador, el titular del poder ejecutivo de Baja California, Jaime Boinilla Valdez, circuló una propuesta encaminada a que sea el Congreso del Estado el que resuelva en la solicitud de licencia de los munícipes, en lugar de que dicho procedimiento quede en manos de los cabildos, tal como marca el artículo 42 de la Ley de Régimen Municipal del Estado de Baja California.
El mandatario estatal en conjunto con el secretario de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, emitió la iniciativa de decreto el 9 de noviembre a fin de que la XXIII Legislatura de Baja California considere la modificación de la normatividad.
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“La solicitud de licencia para separarse provisional o definitivamente del cargo de un Munícipe, mayor a 15 días será resuelta en definitiva por el Congreso del Estado”, establece el proyecto impulsado por la administración estatal, el cual además apunta a que “en los casos que proceda nombrar” quién sustituirá al presidente municipal que solicite licencia, “el gobernador del Estado es quien hará la propuesta, a efecto de que el Poder Legislativo “la apruebe o la rechace”.
En la Ley vigente, el artículo 42 instruye que la separación provisional o temporal del cargo de un munícipe, “será resuelta en definitiva por el Ayuntamiento, de conformidad con el reglamento interno”.
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El documento firmado por Bonilla Valdez y Rodríguez Lozano reconoce que conforme al artículo 42, corresponde a los ayuntamientos resolver la solicitud de licencia al cargo de presidente municipal. Aunque igualmente refiere que “ningún Ayuntamiento contempla un procedimiento Homogéneo en sus reglamentos”.
De ahí que los suscritos planteen que existe un “vacío normativo”, que “ha traído como consecuencia que existan criterios y procedimientos diversos para cubrir las ausencias temporales o definitivas de los munícipes en un mismo estado no obstante que la ley que se les aplica para ser electos es la misma, contraviniendo el principio de igualdad normativa que les debe regir tanto para ser electos como para cubrir sus ausencias, máxime cuando se trata de salvaguardar la normatividad de un municipio”.
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Conforme a la propuesta, resulta preciso “armonizar y actualizar el procedimiento previsto” con base en lo estipulado por el artículo 86 de la Constitución del Estado, en cuanto a la atribución del Congreso local “para que por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes suspenda ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros procediendo a la designación de munícipes o de concejos municipales, a propuesta del gobernador”, todo esto sin contemplar que los alcaldes son funcionarios electos por el pueblo, no empleados designados por el gobernador.
Al respecto, un abogado consultado por ZETA dijo que el proyecto de Bonilla “es inconstitucional, toda vez que “viola la autonomía de los Ayuntamientos”, de modo tal que pudiera hacerse objeto de otra controversia constitucional.
Se prevé que la XXIII Legislatura vote con dispensa de trámite de por medio la iniciativa de decreto en sesión extraordinaria a celebrarse mañana sábado 14 de noviembre, misma fecha en que el cabildo de Tijuana contempla celebrar sesión en la que de acuerdo con el orden del día correspondiente se atenderá un acuerdo “relativo a la solicitud para separarse del cargo de Presidente Municipal del Ciudadano Luis Arturo González Cruz”.
