Ángel Sánchez Torres, es el elemento policíaco número 37 fallecido a causa de COVID-19, enfermedad que ha cobrado miles de vidas en Baja California, no se diga a nivel nacional.
Durante esta semana se dio a conocer el sensible fallecimiento del “Comandante Tigre” en Ensenada, tras dos semanas de complicaciones de salud originadas por el virus SARS-CoV-2, lo que ha traído gran dolor para la familia y los compañeros de armas en toda la entidad.
Sin embargo, el martirio no termina para las personas dependientes de Sánchez Torres, pues luego de brindar tantos años a la seguridad de la ciudadanía, se dio a conocer que la Fiscalía General del Estado (FGE) no les está brindando ningún tipo de apoyo para atender los gastos funerarios ni alguna indemnización a causa del deceso.
De hecho, la propia FGE los canalizó para que se dirigieran a la Secretaría del Bienestar y les otogaran un apoyo, es decir, ni siquiera una cobertura total de los gastos funerarios, pese a que muy probablemente, el agente contrajo la enfermedad durante su jornada laboral.
Al final, la dependencia del Poder Ejecutivo solo les ofreció 8 mil de los 20 mil pesos necesarios para cubrir con los gastos de velación y entierro del oficial, siempre y cuando les otorguen crédito.
Lo más lamentable es que la indolencia del fiscal Guillermo Ruiz Hernández y de su equipo, no es un hecho aislado, lo mismo ocurrió con Marco Antonio Reyes Nahón, ultimado en servicio durante el ataque ocurrido el 22 de enero en el Bulevar Díaz Ordaz de Tijuana. A la fecha, su familia no ha podido cubrir el finiquito ni cobrar el seguro que le corresponde por derecho, debido a que la FGE “no cuenta con presupuesto”.
La familia del agente Noé Uribe García, quien murió en servicio el 11 de febrero, tampoco ha obtenido el pago de finiquito ni seguro de vida, por el mismo argumento.
Edmos Sánchez Lizárraga, otro agente asesinado en julio en Ensenada, tuvo la misma suerte. Pese a que fue ultimado a balazos y la principal línea de investigación de su asesinato apunta a que pudo tener relación con una detención realizada días atrás, la FGE no le brindó un solo peso para cubrir gastos funerarios, seguro de vida y finiquito.
A esto se suma que ningún gobierno, sea municipal o estatal, considere riesgo de trabajo la infección de COVID-19, tomando en cuenta que por su actividad es muy probable que contraigan la enfermedad durante su jornada laboral. Esto significa que los uniformados que contraen la enfermedad sean incapacitados con el 60% de su sueldo.
Resulta increíble que la FGE tenga dinero suficiente para rentar un edificio de 4 millones de pesos al mes e incluso que aspire a comprar camionetas de lujo para sus funcionarios de primer nivel, pero que no cuente con la capacidad de cubrir los gastos de sus agentes que fallecen en acción o a causa de una enfermedad pandémica.
Tal parece que mientras no le perjudique al fiscal, el cual desde el viernes 13 de noviembre cruzó a San Diego, California para atenderse de COVID -él sí puede cruzar la frontera- y no le importa lo que ocurra con su tropa. Y pensar que su primera promesa era “dignificar a la Policía y a los ministerios públicos”.
RESERVADO
Resulta que el Ayuntamiento de Mexicali, dirigido por Marina del Pilar Ávila Olmeda, decidió reservar toda información relativa a los contratos, facturas y pagos de los recursos materiales y de capacitación obtenidos con el dinero del Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) durante el último año del alcalde Gustavo Sánchez Vázquez y el primero de su administración. El argumento es que todo producto adquirido y relacionado con temas de seguridad, debe ser tratado con secrecía, pues dar conocer información de los equipos de los que disponen, arriesga tanto a los agentes como la seguridad del municipio.
Este argumento fue respaldado por unanimidad por el Comité de Transparencia del Ayuntamiento de Mexicali y se decidió reservar la información.
Lo extraño es que, durante la administración de Gustavo Sánchez Vázquez, dicha información era pública sin problemas, por lo que quien decidió reservar estos datos, es nada menos que la actual administración.
Evidentemente la respuesta fue impugnada ante el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP), pues si bien la información se clasifica como reservada, se debe otorgar una versión pública de todos los contratos y facturas relativas al gasto público.
