Un grupo de senadores de Estados Unidos, entre ellos Ted Cruz y John Kennedy, enviaron una carta al presidente Donald Trump en la que alertan de acciones de política energética por parte de las autoridades mexicanas que “contradicen el espíritu” del acuerdo comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC).
La misiva, firmada por 43 senadores, explica que, a pesar de que la reforma energética impulsada en el 2014 por el Gobierno de Enrique Peña Nieto -que permitió inversión privada en materia energética y con la cual compañías de EE.UU. destinaron miles de millones de dólares-, en la actual administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador se toman acciones que ponen en peligro dichos activos.
“Pese a este progreso, reportes recientes indican que el Gobierno mexicano está dando trato regulatorio preferencial a Petróleos Mexicanos (Pemex) y retrasando o cancelando permisos para compañías energéticas de EU”, escribieron los legisladores en la carta, que también estuvo dirigida a secretarios como Mike Pompeo, de Estado, Wilbur Ross, de Comercio, y a Dan Brouillette, de Energía, así como al embajador en México, Christopher Landau.
Los senadores del partido Republicano y Demócrata destacaron, además, que el titular del Poder Ejecutivo Federal de México dio instrucciones a las autoridades regulatorias para que usen todos los recursos dentro del marco regulatorio para proteger a Petróleos Mexicanos (PEMEX) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Además, señalaron que el partido Morena ha presentado iniciativas constitucionales que echarían atrás la reforma de 2014 que permitió la inversión de las empresas extranjeras en materia energética. “Estas acciones violan y contradicen no solo el espíritu, sino la letra, del T-MEC”, argumentaron los legisladores.
“Nos preocupa profundamente que estas acciones demuestren un patrón de obstrucción y lo instamos a encontrar una resolución con el Gobierno de México para mantener las condiciones de mercado actuales que brinda el marco regulatorio de la Reforma Energética, junto con certeza y equidad para las empresas estadounidenses operando y compitiendo en México”, abundaron en su misiva.
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Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) suspendió en definitiva el acuerdo que modifica las reglas de energía renovable a privados, el presidente López Obrador advirtió ayer jueves 22 de octubre, que no descartó el presentar una reforma constitucional en materia energética.
“Vamos a ver si no hay otra instancia para defender el interés público, si es necesario propondría en su momento una reforma constitucional para que prevalezca el dominio de la nación sobre los recursos naturales y para que el interés del pueblo esté por encima de intereses personales o de grupos”, indicó el mandatario nacional.
Durante su conferencia de prensa matutina, acotó, sin embargo, que su Gobierno no actuará con medidas autoritarias sino en la legalidad, insistió en que durante los gobiernos neoliberales se abusó mucho porque la intención era dejar el mercado de los energéticos al sector privado, acabar con Pemex y la CFE.
“Antes no había Estado de derecho, era un estado de chueco, de cohecho, bueno se ha llegado a decir que era un narcoestado, un narco gobierno […] Nosotros no estamos de acuerdo […] En el extremo del descaro, el ex presidente [Felipe] Calderón [Hinojosa] fue nombrado consejero de Iberdrola, entiendo que con la nueva política de rescate de Pemex y CFE no estén conformes, pero nosotros no vamos a ceder en este asunto porque tenemos que defender el interés público, del pueblo y de la nación”.
“A nosotros no nos interesan los negocios privados, nos interesan los negocios públicos o, para no ser tan tajante, los únicos negocios a los que se les debe de dar toda la atención es a los negocios públicos, porque somos servidores públicos”, insistió López Obrador.
El político tabasqueño advirtió, además, que el Gobierno Federal no es un comité al servicio de grupos privados, particulares, de corporaciones, de bancos, sino al servicio de los mexicanos. “Entonces, ellos no aceptan esta nueva política y por eso tenemos protestas y por eso El País, este periódico español que defiende a estas empresas, nos ataca un día sí y el otro también, pero ahora sí que hasta les ofrecemos disculpas por lo que estamos haciendo, ojalá y un día nos comprendan”, dijo.
Por unanimidad, la Primera Sala de la SCJN confirmó el pasado 21 de octubre, la suspensión por tiempo indefinido de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), publicada el 15 de mayo por la Secretaría de Energía (SENER).
La suspensión está derivada de la controversia constitucional que interpuso la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) el pasado 22 de junio de este año, contra la política energética de la SENER.
Los ministros integrantes de la Primera Sala declararon infundada el reclamo que la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República interpuso para revertir la suspensión otorgada a COFECE.
Ante ello, la política propuesta por la SENER quedará suspendida en tanto la SCJN resuelva a fondo la controversia constitucional que fue planteada por la COFECE, que dictaminó que invade sus atribuciones para regular temas de libre competencia y concurrencia en la industria energética.
La COFECE interpuso la controversia debido a que la política de SENER publicada en el Diario Oficial de la Federación (DFO) violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que afecta su mandato constitucional e invade su esfera competencial.
Por otra parte, Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo Especializado en Competencia Económica, suspendió ayer jueves 22 de octubre, por tiempo indefinido y con efectos generales, una resolución de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que liberó a PEMEX de la regulación asimétrica en materia de gas LP que le fue impuesta en el sexenio pasado, para reducir su poder dominante sobre el mercado.
El juez federal consideró que los objetivos del Programa Sectorial de Energía 2020-2024 (PROSENER), así como de la resolución 1038/2020 de la CRE, “se apartan diametralmente del contenido del texto Constitucional vigente, que tiene como finalidad lograr una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados”.
Lo anterior, ya que el actual Gobierno Federal tiene como prioridad “el rescate del sector energético” a partir del impulso a Pemex, lo que es contrario a los principios previstos en los artículos 25, 27 y 28 Constitucionales, vigentes desde la reforma de 2013.
Además de suspender la resolución 1038/2020, aprobada el 27 de agosto por la CRE, el juez federal congeló tres apartados del PROSENER, publicado el 8 de julio por la Secretaría de Energía, entre ellos los que ordenan: “Modificar regulaciones injustificadas, alejadas de criterios de competencia que provocaron daños económicos en participación de mercado, costos operativos, ingresos que no cubren los costos incurridos que inciden en la calidad y oportunidad del suministro de energía, con daños financieros a Pemex”.
-Con información de Reforma.
