La asociación civil Frentes Estatales de Organizaciones del Sector Social por el Patrimonio Familiar A. C., interpuso un recurso en contra del gobernador Jaime Bonilla Valdez y las autoridades estatales implicadas en el censo de autos “chocolate” que arrancó la semana pasada en la entidad.
De acuerdo al representante de la asociación, Rigoberto Cota, la acción que está aplicando el Instituto de Identidad Vehicular de cobrar la cantidad de mil pesos para registrar un vehículo de procedencia extranjera en el censo, es un delito que invade las funciones de la autoridad federal.
“Eso es materia de orden federal, ellos no son autoridades aduaneras y están incurriendo en un delito, esto es solo con el afán de recaudar dinero”, expresó Cota.
En el mismo tenor, la asociación demandó al actual Congreso de Baja California por aprobar la creación del Instituto encargado de realizar el censo, así como al director Jesús Beltrán Lachica.
Comentó que de momento con este amparo buscan proteger a sus agremiados que lo requieran, en esta entidad tienen la afiliación de nueve mil personas; el amparo para ellos sería gratuito, aunque solicitan que los interesados cuenten con el seguro de daños a terceros, el título de propiedad y presentar una identificación oficial.
Más adelante buscaran la posibilidad de extender este beneficio a personas que no estén agremiadas a su asociación, para proteger a la mayor cantidad posible de ciudadanos que no tengan la posibilidad de regularizar su vehículo.
Por su parte, el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo, en más de una ocasión ha salido en defensa de este censo, afirmando que no es para importar los vehículos, sino para identificar cada vehículo de procedencia extranjera que circula por la entidad y de esta manera cerrarle paso al crimen organizado que hace uso de estos para cometer delitos.
Comentó que este censo les da certeza tanto al gobierno como a los ciudadanos: cada auto registrado recibe un engomado o distintivo que avala que se encuentran en un proceso de regularización, el cual se pretende “completar” una vez que salga el decreto federal correspondiente; sin embargo, tampoco se tiene certeza que vaya a ocurrir.
Para esta semana se contemplaba iniciar el censo en Mexicali y en quince días más en el resto del estado, mientras que en Tijuana en las dos primeras semanas del censo se atendieron entre 100 y 150 personas diariamente de manera presencial en el módulo instalado en las oficinas de Recaudación de Rentas del Estado.
