Después de que el Pleno de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó, con seis votos a favor y cinco en contra, declarar constitucional la materia de la consulta sobre si debe enjuiciar o no a ex mandatarios de la República, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, los ministros aprobaron la pregunta específica que se presentará a la población que participe en dicho ejercicio.
Por ley, la nueva pregunta ya no puede ser modificada en ningún momento del proceso, además de que durante las próximas 24 horas, la SCJN enviará al Senado de la República el cuestionamiento aprobado, con objeto de seguir el trámite para la consulta popular.
Tras un receso en la sesión virtual, la nueva pregunta alcanzó un respaldo mayoritario, según lo explicó el ministro presidente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea: “¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminada a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”, era la pregunta original, enviada por el titular del Poder Ejecutivo Federal.
A favor de la pregunta estuvieron: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara, Yazmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González, Jorge Pardo Rebolledo, Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán, y, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Mientras que en contra del nuevo cuestionamiento sufragaron los ministros: Luis María Aguilar Morales, Norma Lucía Piña Hernández, y, Javier Laynez Potisek.
Aguilar Morales argumentó que la pregunta no deriva directamente de la materia de la consulta calificada como constitucional. Por su parte, Piña Hernández señaló que no le corresponde a la SCJN, como órgano del Estado, “redefinir e intervenir en la voluntad ciudadana […] Es frontalmente contrario a la finalidad de la democracia participativa”, aseveró.
