Ministros aprueban por mayoría la constitucionalidad de la encuesta popular para que se vote por enjuiciar o no a los ex presidentes de México. El ministro Javier Laynez, uno de los cinco que votó en contra, argumentó que “la justicia no está en una consulta”. La pregunta original fue modificada en el pleno y le cambiaron la frase “los ex presidentes” por “actores políticos”. El analista jurídico Jorge Huerta Partida advierte que el Estado de Derecho no es negociable y el Poder Judicial se encuentra arrodillado ante el Ejecutivo
En una votación cerrada, por mayoría y con un voto de diferencia, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la consulta popular para enjuiciar o no a los ex presidentes de la República, y también modificó y aprobó el sentido de la pregunta a formular durante el escrutinio.
La constitucionalidad de la consulta popular planteada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada por seis votos de los ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (presidente de la SCJN), Juan Luis González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Ana Margarita Ríos Farjat y Alberto Pérez Dayán.
Estos ministros aseguraron que la materia de este ejercicio no es contrario a lo que señala el Artículo 35 de la Constitución, aunque algunos de ellos se pronunciaron por modificar la pregunta original, como ocurrió más adelante en la sesión plenaria.
Por su parte, con cinco votos en contra, los ministros Norma Lucia Piña Hernández, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Jorge Mario Pardo Rebolledo, establecieron que la materia y la pregunta es inconstitucional.
De entrada a la sesión, Zaldívar Lelo de Larrea mostró el posible sentido de su voto al resaltar que “la Corte no desaprovechará la oportunidad de asumir, con responsabilidad histórica, su rol en la protección de los derechos humanos de participación política. No nos corresponde ser una puerta cerrada, sino el puente que permita a todas las personas intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a la totalidad de nuestro marco constitucional”.
Arturo Zaldívar expresó que la consulta popular no implica la exposición mediática y estigmatizante durante su proceso de aplicación, sino que pretende conocer “si la ciudadanía está de acuerdo en que las autoridades investiguen y, en su caso, sancionen” a autoridades anteriores.
Otros ministros que secundaron a su presidente señalaron que la consulta es constitucional en el sentido de que no vincula a las autoridades de procuración de justicia, pero sí necesariamente al Poder Ejecutivo. También se aseguró que es constitucional porque versa sobre el “esclarecimiento de la verdad”.
Entre las que apoyaron el “sí”, la ministra Ana Margarita Ríos Farjat externó que “la Suprema Corte no puede mantenerse ajena a la realidad y no dar cauce a alternativas que den participación a la ciudadanía, como es la consulta popular”; mientras que el ministro Alberto Pérez Dayán coincidió en que “la materia de la consulta sí es viable, todo ello con absoluta independencia de que en el terreno subjetivo me parezca ociosa e innecesaria desde el punto de vista constitucional”.
Por su parte, el ministro Javier Laynez votó en contra de la constitucionalidad de la consulta planteada por el Ejecutivo, porque advirtió que la justicia no está en una consulta y “posiciones como la mía no son populares, los jueces constitucionales no somos nombrados para ser o para ganar popularidad”. Enfatizó que si no hay efectos vinculatorios, se puede consultar sobre cualquier tópico.
El ministro Luis María Aguilar se sostuvo en lo que antes expresó, al decir que la propuesta de consulta es inconstitucional porque somete a la voluntad del pueblo decisiones que pueden calificarse como transgresiones e implica desvirtuar la finalidad de este tipo de ejercicio ciudadano.
La ministra Norma Lucía Piña argumentó que la consulta no puede ser constitucional porque pretende consultar si las víctimas de delito tienen derecho a que se respeten las garantías y tengan acceso a la justicia, siendo que “las leyes no establecen obstáculo alguno para llevar a la justicia penal a expresidentes que hayan cometido algún delito”.
Otro que votó en contra fue el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien consideró que “no se pueden consultar las atribuciones de autoridades de procuración de justicia”. En cambio, quien estuvo en favor de que la consulta es constitucionalmente válida, pero solicitó se reformulara la pregunta, fue el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Y en efecto, después de aprobarse por mayoría que la consulta “va”, se decretó un receso para revisar la formulación de la pregunta que se incluiría en el ejercicio ciudadano. El acuerdo de los ministros fue nuevamente votado y la interrogante de la consulta popular aprobada (8 votos contra 3) quedó en el siguiente sentido:
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
La pregunta propuesta originalmente por el Presidente López Obrador era:
¿Está de acuerdo o no, con que las autoridades competentes investiguen y en su caso sancionen la comisión de delitos de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderon y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus gestiones?
Antes de la sesión de la SCJN, el Ejecutivo federal solicitó al máximo órgano de justicia del país que “no le negara al pueblo su derecho de participación”, y, en caso que la consulta se declarara inconstitucional, presentaría una iniciativa para reformar el Artículo 35 de la Constitución.
CONSULTA POPULAR SE EFECTUARÁ EN 2021
Entrevistado al respecto, el abogado Jorge Huerta Partida, maestro en Derecho Procesal Penal y Constitucional, se mostró sorprendido por el sentido de la votación de la SCJN y de inmediato señaló que “el Estado de Derecho no es negociable, ni tampoco es materia de una consulta”.
Y amplió:
“El fiscal general de la República tiene la obligación, ante la probable comisión de un hecho que la Ley prevea y sancione como delito, hacer las investigaciones y las pesquisas correspondientes, para en su caso, integrar la carpeta de investigación, y si existen elementos con los cuales se puede acreditar, tanto el cuerpo del delito como la probable responsabilidad, pues inmediatamente judicializarla y ponerla a disposición del Juez de Control y Juicios Orales para que dé inicio a la audiencia inicial o la audiencia de formulación de imputación”.
El jurisconsulto planteó a ZETA que es obligación de la Fiscalía y del fiscal general de la nación ordenar las investigaciones, “y ante una omisión, de no querer investigar, recordemos que hay delitos por comisión y por omisión, incurriría en responsabilidad. Por consiguiente, es pura alharaca, pura faramalla, puro argüende para conflictuar a las clases sociales con relación a la llamada consulta que está autorizando la SCJN”.
Si hay datos de prueba de la probable comisión de un delito, o si no “se tiene la obligación de investigarlo, no es necesario que para ello se realice una consulta popular. Lamentablemente en los últimos meses se advierte una desaparición entre los límites de los poderes del Estado mexicano. Si bien es cierto existe la pirámide de los poderes que conforman nuestra República, como son el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pues claramente vemos que existe una desaparición total y un sometimiento del Poder Judicial”, señaló el originario de Guadalajara.
Huerta fustigó: “El Poder Judicial está arrodillado ante el Poder Ejecutivo. Y todo lo que indica el Poder Ejecutivo es lo que hace el Judicial. Recuerdo que hace varios años se empezó a utilizar el término ‘maicear’ y se decía que algunas autoridades eran ‘maiceadas’. Ahora lo confirmo, lo digo: el Ejecutivo ‘maicea’ al Poder Judicial de la Federación. Es una verdadera tristeza lo que estamos viendo y un sometimiento. Las autoridades del Poder Judicial están arrodilladas ante el Ejecutivo”.
Para concluir, el litigante y asesor jurídico exhortó a los mexicanos a “no estar peleados entre nosotros, todos, sin importar la clase social, debemos estar unidos para enfrentar un sinnúmero de problemas que tenemos. Desafortunadamente, reitero, el Ejecutivo federal y sus ‘brazos’ se han dado a la tarea de conflictuar a las clases sociales”.
