Con 6 votos a favor y 5 en contra, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó este jueves 1 de octubre, el proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, quien propuso declarar inconstitucional la consulta para enjuiciar a ex presidentes, que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, analizará, y, en su caso, reformulará la pregunta.
En su turno, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, ministro presidente de la SCJN, se pronunció en contra del proyecto elaborado por su homólogo Aguilar Morales -quien votó a favor-, argumentando que la consulta no violaría los derechos humanos, además de que indicó que un ejercicio de estas características no transgrediría la presunción de inocencia de los expresidentes, pues no se está preguntando si son culpables o no, sino si las autoridades deben investigarlos.
Lelo de Larrea rechazó, también, que el resultado de una eventual consulta generaría una gran presión sobre los jueces y la Fiscalía General de la República (FGR), ya que estos son entes autónomos. Además, precisó que afirmar lo contrario, sería aceptar que los órganos de procuración e impartición de justicia son parciales.
“La Corte no debe frustrar la participación ciudadana”, declaró el ministro presidente, durante la sesión del Pleno de la SCJN -que se llevó a cabo por videoconferencia-, para después votar en contra del proyecto de su antecesor en dicho cargo.
Avalar consulta de juicio a expresidentes sería inaugurar una nueva etapa de la vida democrática marcada por la posibilidad real de hacer efectiva la participación ciudadana en la deliberación pública, añade el ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar. pic.twitter.com/9vUMlIB4ex
— Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) October 1, 2020
En contra del proyecto, se pronunciaron, además, los ministros Margarita Ríos Farjat, Yasmín Esquivel Mossa, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, y, Alberto Pérez Dayán. Por su parte, votaron en contra Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González-Salas, Jorge Mario Pardo Rebolledo, y, Norma Lucía Piña Hernández.
El pasado 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en la decisión que tomara la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto la consulta que pidió par determinar si se juzga o no a expresidentes, está en juego la democracia participativa.
Según el mandatario nacional, la negativa del Máximo Tribunal del país a implementar dicha consulta, representaría que el Artículo 35 constitucional es letra muerta y tendría que replantearse, por lo que anticipó que enviará una iniciativa de reforma para poder proceder con la consulta a través de otro procedimiento.
Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador fue cuestionado respecto al proyecto del ministro Luis María Aguilar Morales, que estaría por declarar la improcedencia constitucional de dicho ejercicio, por la supuesta inviabilidad de someter a consulta una función fundamental del Estado, además de que violaría los derechos humanos de los ex presidentes.
“La decisión que va a tomar la Corte es una decisión trascendente, porque se va a resolver si se acepta el que, en los hechos, se aplica la democracia participativa. Eso es lo que está en cuestión”, indicó el titular del Poder Ejecutivo Federal.
“Si realmente queremos que haya democracia participativa, si nos vamos a quedar limitados a la democracia representativa o damos un paso adelante para que el pueblo en todo momento decida la forma de su gobierno, que es la esencia de la democracia”, agregó el político tabasqueño.
Asimismo, el mandatario nacional consideró que no debe considerarse que se violan los derechos humanos de los ex presidentes, ya que su planteamiento original es que se respete el debido proceso.
“Esto va más allá del margen estrecho de la legalidad. Y no deja de ser legal. Lo aclaro, porque está en la Constitución, en el artículo 35, el derecho del pueblo a ser consultado […] Si resulta que por eso no se puede llevar a cabo la consulta tendríamos qué plantearnos dos cosas: una para qué está ese artículo en la Constitución, es una simulación, es letra muerta. Y olvidarnos de eso”, detalló.
“Yo tengo la responsabilidad de buscar que, en México, porque fue mi compromiso que se lleve a cabo la consulta ciudadana y otros métodos democráticos, el plebiscito, el referéndum, la revocación de mandato […] todo lo que tiene que ver con la democracia participativa y enviaré una iniciativa de reforma al 35 para que no se cancele esta posibilidad”, abundó.
López Obrador recordó que el sexenio pasado, el entonces Movimiento de Regeneración Nacional, procuró una consulta sobre la reforma energética y esta fue rechazada por la SCJN, bajo argumentos económicos. “Fue muy vergonzoso lo que sucedió en el gobierno anterior, cuando luego de entrega de sobornos, se aprobó la reforma energética”, SEGÚN expuso.
“Yo espero que los Ministros tomen en cuenta el sentimiento de la ciudadanos, de la gente, que pregunten para no equivocarnos. Lo mejor es preguntar, que recoja este día, hoy, el sentimiento de la gente, si no se puede hacer con el rigor metodológico se una encuesta, pues que lo hagan con algunas entrevistas, con gente de la calle, que tomen en cuenta cómo es que en 15 días ciudadanos reúnen 2 millones de firmas”, dijo.
“Yo me deslindo [de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la consulta popular a ex presidentes]. Y que cada poder asuma su responsabilidad, y en este caso va a ser el Poder Judicial el que tiene que decidir”, agregó el mandatario nacional.
Finalmente, el titular del Poder Ejecutivo Federal consideró que la decisión que tome mañana la SCJN, es “interesante”, sin embargo, pidió esperar. “Que se aplique un auténtico Estado de Derecho, para que ya no haya impunidad, que se castigue por igual a todos, que no haya privilegios. Esto es lo que va a ayudar a purificar la vida publica”, finalizó.
El pasado 15 de septiembre, el Senado de la República turnó a la SCJN, la solicitud de consulta popular, promovida por el titular del Poder Ejecutivo Federal, para determinar si los ex presidentes deben o no ser juzgados por los delitos que cometieron.
Antes, Julio Scherer Ibarra, Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, se presentó en la Cámara alta para entregar la solicitud, la cual fue recibida por el titular de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, el Ricardo Monreal Ávila, quien a su vez la turnó al presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Ramírez Aguilar.
“Hoy mismo habremos de turnarlo a la Corte, que tendrá 20 días para deliberar sobre la constitucionalidad o no de la pregunta”, señaló Monreal Ávila, también coordinador del grupo legislativo de Morena en el Senado, quien indicó que será la SCJN la que deberá determinar la constitucionalidad y procedencia de la consulta popular.
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ese mismo 15 de septiembre, el documento que entregó a las 11:00 horas de ese día al Senado de la República, para que se autorice realizar la consulta popular para el posible enjuiciamiento de los ex mandatarios nacionales de 1988 a 2018.
El político tabasqueño informó que Julio Scherer Ibarra, consejero Jurídico del Ejecutivo Federal, estableció comunicación con los representantes de la Cámara alta para recibir dicho escrito, entre ellos Ricardo Monreal Ávila, presidente de la JUCOPO del Senado.
“Voy a dar una conocer nuestra decisión de entregar un escrito a la Cámara de Senadores para la realización de la consulta al pueblo de México sobre el posible enjuiciamiento, previa investigación y en el marco de la legalidad, de acuerdo al debido proceso de los expresidentes de México de 1988 a la fecha, hasta el presidente Enrique Peña Nieto”, expresó López Obrador.
“Es muy satisfactorio que un grupo de ciudadanos haya recogido las firmas para solicitar la consulta, sí se van a tener hoy las firmas que se requieren; van cerca de 2 millones de ciudadanos que firman”, detalló el titular del Poder Ejecutivo Federal.
López Obrador destacó que ese día vencía el plazo para recolectar las firmas, “por eso consideré presentar el escrito para tener más seguridad de la solicitud de un consulta a todos los ciudadanos”. Dicho ejercicio será para cuestionar a la ciudadanía respecto al posible enjuiciamiento, previa investigación, del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
“¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen y en su caso sancionen la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, antes durante y después de sus respectivas gestiones?”, fue la pregunta dada a conocer por el mandatario nacional con la que se podría realizar la consulta popular.
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