Javier Arturo Valdez Cárdenas, co fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada, asesinado el 15 de mayo del 2017, en Culiacán, Sinaloa, fue recreado con el software deepfake desarrollado en Rusia, por la organización no gubernamental Propuesta Cívica, para exigir al presidente Andrés Manuel López Obrador esclarecer su homicidio y el de otros periodistas, así como las cientos desapariciones forzadas de comunicadores en todo el país.
“Aquí estoy, como me ve, hablándole. Hoy una pandemia afecta al mundo, pese a ello, tenemos que seguir hablando de otras dolencias que en México, han cobrado aún más vidas”, dice la recreación de Valdez Cárdenas en el video, publicado en la plataforma YouTube y que dura 1 minuto con 39 segundos
“Yo no tengo miedo, señor presidente, porque no me pueden matar dos veces. Por eso vengo a hablar por las y los cientos de periodistas que fueron asesinados desaparecidos y desplazados por realizar un periodismo ético de investigación, que desnudaron las entrañas del poder corrupto y el crimen organizado en México”, señala la recreación del periodista asesinado.
A través de un comunicado, Propuesta Cívica, y la viuda del periodista, Griselda Inés Triana López, señalaron que recrearon a Valdez Cárdenas en el marco del Día Internacional para poner fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas, y que utilizarán la etiqueta #SeguimosHablando en las diversas redes sociales.
Por su parte, Sara Mendiola Landeros, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, dijo que con la recreación acortar la brecha que hay entre el periodismo y la ciudadanía. “En el imaginario social, la sociedad sigue percibiendo a los periodistas como aliados del poder, como una prensa corrupta, chayotera”, señaló.
Según la ONG, la conferencia matutina del presidente López Obrador, ha contribuido a propagar un discurso de desacreditación y estigmatización de las y los comunicadores. Asimismo, Mendiola Landeros indicó que el político tabasqueño no ha sabido diferenciar entre los dueños de los medios de comunicación y los periodistas de investigación.
“Pensamos que a través de esta campaña, la sociedad puede empezar a valorar a la prensa. A las y los periodistas los están asesinando por investigar y por informarnos, y como sociedad tenemos que ser sensibles a eso”, dijo Mendiola Landeros.
Según la organización no gubernamental, más de 15 periodistas han sido asesinados desde que López Obrador llegó a la Presidencia de la República, incluidos comunicadores que contaban con con medidas de protección del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En México, el 90 por ciento de los asesinatos de periodistas permanecen en la impunidad, y el 100 por ciento de los casos de desapariciones de estos profesionistas, detalló Propuesta Cívica, que enfatizó que ni los medios de comunicación, ni los gobiernos, ni el Estado, han han tomado la responsabilidad para garantizar seguridad laboral y condiciones dignas a los comunicadores.
“Si era un periodista que aparte del periodismo tenía otra fuente de empleo, tratan de desvincular la agresión, el crimen o el asesinato hacia la otra labor. Se tiene que poner un cese a esto”, abundó Mendiola Landeros en el comunicado.
El pasado 29 de septiembre, después de seis diferimientos, el juez Edgar Rafael Juárez presidió la audiencia intermedia en contra de Juan Francisco Picos Barrueto, alias “El Quillo”, uno de los tres presuntos autores materiales del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, co fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada.
Durante la audiencia -que se retrasó un año y 8 meses- fueron admitidos por el juez de Control, un total de 49 medios probatorios (testimoniales, periciales y documentales) a favor de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE); 15 para la defensa 15, y 4 para la asesoría jurídica, “enfocados principalmente a acreditar la reparación integral del daño a favor de las víctimas”.
En un comunicado conjunto, las organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica, informaron que durante el desarrollo de la audiencia, llevada a cabo por videoconferencia desde el Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán, “las partes expusieron su teoría del caso”.
“En primer lugar, la FEADLE formalizó su acusación en contra de Juan Francisco N. por el delito de homicidio calificado de Javier Valdez Cárdenas, como coparticipe en su comisión, solicitando la pena máxima de prisión de 50 años, haciendo valer las agravantes de premeditación, ventaja y actividad periodística contempladas en el Código Penal de Sinaloa”, detallaron las ONG’s antes citadas.
“Por su parte, la defensa del acusado señaló que su teoría del caso estará enfocada a comprobar que el hoy acusado no se encontraba en Culiacán el día de los hechos. Durante la audiencia que duró cinco horas, las partes entablaron un debate extenso respecto a la legalidad y admisión de los medios probatorios”, señalaron las organizaciones no gubernamentales.
“Una vez cerrado el debate, el Juez Edgar Rafael Juárez se pronunció respecto a la admisión de cada uno de los medios probatorios y dictó su auto de apertura de juicio oral por encontrarse reunidos los requisitos del Código Nacional de Procedimientos Penales para emitirlo. Asimismo, señaló que será el Tribunal de Enjuiciamiento en Culiacán quien señale la fecha y hora para celebrar la audiencia de juicio oral”, se indicó en el comunicado.
“Nos congratulamos que después del indebido retraso que ha tenido el caso al fin haya tenido verificativo esta audiencia”, dijeron las ONG’s, quienes pidieron al Poder Judicial de la Federación, dicté a la brevedad la fecha para que se lleve a cabo la audiencia de juicio oral, “conforme lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 349 que señala, esta deberá realizarse entre 20 y 60 días naturales a partir de la recepción del auto de apertura”.
“A la FEADLE asigne a su personal más capacitado para la preparación y desarrollo de este juicio. Al Mecanismos para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, continúe brindado las medidas necesarias de protección a las víctimas”, agregaron las organizaciones no gubernamentales.
“A la CEAV que continúe brindando las medidas de asistencia integral a los familiares de Javier Valdez. Al Instituto de la Defensoría Pública Federal, se conduzca con el principio de lealtad que rige a esta institución”, finalizó el comunicado de Propuesta Cívica, RSF y el CPJ.
El pasado 27 de febrero, Heriberto Picos Barraza, alias “El Koala”, fue condenado a 14 años y 8 meses de prisión, por ser uno de los tres presuntos autores materiales del asesinato del periodista Javier Valdez Cárdenas, co fundador del semanario Ríodoce y corresponsal del diario La Jornada.
La defensa del presunto homicida anunció, durante una audiencia pública realizada en el Centro de Justicia Penal Federal de Culiacán, Sinaloa, que se apegaría al procedimiento abreviado, que consiste en evitar el juicio oral y aceptar la corresponsabilidad del crimen de Valdez Cárdenas, a cambio de que se le reduzca un tercio de la condena.
Según la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía especial para la atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), “El Koala”, de 28 años de edad, fue el conductor del automóvil con que Juan Francisco Picos Barrueto, el “Quillo”, y Luis Idelfonso Sánchez Romero, “El Diablo”, interceptaron y huyeron después de asesinar a Valdez Cárdenas a unas calles del semanario Riodoce.
En la misma audiencia también se estudió la posibilidad de que “El Quillo” se apegara al procedimiento abreviado, sin embargo, Picos Barrueto lo rechazó debido a que le ofrecieron en una primera ocasión la misma pena, de 14 años y 8 meses, pero después se le ofreció una pena de 20 años y ocho meses, debido a que éste tiene dos procesos abiertos, en Mexicali, Baja California, y en Mazatlán, Sinaloa, por cargos de posesión de armas de fuego de usos exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Además de la condena, Picos Barrueto también debía pagar la cantidad de 9 millones de pesos para resarcir el daño ocasionado por el asesinato de Valdez Cárdenas, pero dicha cifra, más lo que se debe entregar a la viuda y sus hijos, será responsabilidad del programa de víctimas del delito.
El 22 de noviembre del 2018, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a través de la FEADLE, pidió al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sinaloa, la pena máxima de 50 años de prisión, para “El Koala”.
Al presentar la acusación formal, la PGR señaló al Koala como copartícipe material en el homicidio con premeditación y ventaja en contra del comunicador, por su actividad periodística y publicaciones en diversos medios informativos, a nivel regional y nacional.
A través de un comunicado, la PGR señaló que había concluida la etapa de investigación complementaria fijada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sinaloa, por lo que solicitó que se le impusiera la máxima sanción contemplada para este tipo de delitos en dicha entidad federativa, que es de 50 años de prisión.
El agente del Ministerio Público de la Federación señaló que continuaría con el trámite del proceso penal en contra de “El Koala” y de Juan Francisco Picos Barrueto, alias el Quillo, vinculado a proceso por el asesinato de Valdez Cárdenas. Otro presunto vinculado al crimen del periodista, Luis Idelfonso Sánchez Romero, el Diablo, fue asesinado en Sonora en septiembre de 2017.
El Koala fue detenido el 23 de abril del 2018, en Tijuana, Baja California, mientras conducía un auto Versa color gris, el mismo en el que se supone viajaban los sicarios cuando asesinaron al periodista, el 15 de mayo de 2017 en calles de Culiacán, todos ellos presuntos miembros de una célula del Cártel de Sinaloa, bajo el mando de Dámaso López Núñez “El Licenciado”, hoy preso en Estados Unidos.
Mientras que Picos Barrueto fue aprehendido el 6 de junio del 2018, por elementos de la entonces Procuraduría General de la República y de la Policía Federal (PF), dentro de un penal de Baja California, por su presunta participación en el asesinato del periodista.
El pasado 24 de agosto, el Quillo había sido detenido por elementos de la PF y de la Secretaría de Marina (Semar), en Mexicali, Baja California, después de que se pasó un alto a exceso de velocidad, por lo que le marcaron el alto. En la revisión del vehículo, le hallaron una pistola Ruger 985, dos armas calibre 9 milímetros, una calibre 45 milímetros y una caja con 35 cartuchos.
La PGR informó entonces, que la orden de aprehensión contra el Quillo -familiar de el Koala-, fue obtenida gracias a las investigaciones conjuntas de dicha Procuraduría, la ahora extinta Comisión Nacional de Seguridad (CNS) y la Fiscalía de Sinaloa.
