Enrique Rodríguez Galindo es General en España y Julen Elgorriaga fue Gobernador Civil de Guipúzcoa. Ángel Vaquero es Teniente y Enrique Dorado ex-Guardia Civil. Todos fueron sentenciados a 110 años de prisión. Felipe Bayo, ex-gendarme, recibió condena de 108 años. Así lo decidió el reciente fin de semana la Audiencia Nacional Española apoyándose en pruebas reunidas durante varios meses. Fueron autores de un “plan compartido” para secuestrar en Francia a dos presuntos miembros del grupo terrorista ETA, trasladarlos ilegalmente a España, asesinarlos y desaparecerlos. Los jueces tomaron muy en cuenta que no existió “orden o instrucción alguna que partiera de los órganos centrales”. Y que en consecuencia actuaron bajo cuenta propia. Se aclaró que el señor General ideó todo. Le obedecieron el teniente y los Guardias Civiles. El Gobernador facilitó el Palacio para internar clandestinamente al par de secuestrados. Se supone les interrogaron severamente. Finalmente, trasladados a despoblado, allí recibieron un tiro en la nuca. Naturalmente, los captores estaban conscientes de que todo era una acción ilegal. La sentencia pudo ser mayor, pero los jueces no tuvieron evidencias de lesiones o torturas. La ausencia de partes blandas en los cadáveres encontrados no lo permitió. Había vendas alrededor de los huesos, que los juzgadores no consideraron evidencia de martirio. Todo sucedió en abril de 1983 y hasta ahora se descubrió y comprobó.
El General Enrique Rodríguez Galindo es el militar más condecorado de la Guardia Civil. Está considerado “máximo experto” para combatir a la temible guerrilla ETA. Desbarató por lo menos a cien comandos. Con eso se creó fama de “terror de los terroristas” y ascendió de Teniente a General. Una vida más o menos paralela llevó Julen Elorriaga Goyeneche. Desde 1974 está afiliado al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En 1982 el legendario político Felipe González lo nombró Gobernador de Guipúzcoa por su probada actitud vertical.
Fue el primer civil y el primer mandatario de los socialistas. Hizo un excelente trabajo, pero la fama de estos dos señores que alcanzó gran altura, se vino en caída libre hasta tocar fondo en prisión. Tenían autoridad para perseguir a los alborotadores y asesinos. Pero cuando actuaron no hubo orden oficial de por medio. Y aunque lo hicieron sincronizadamente, el tribunal estimó que no constituían una banda, simplemente “un hecho clandestino sin objetivos de subvertir el orden constitucional o alterar la paz”.
Agentes y directores de la Policía Judicial, ministerios públicos del Fuero Común y hasta Procuradores de Justicia han estado ligados al narcotráfico en Baja California. Eso es conocido, está probado. Sucedió antes, durante y después del primer gobierno panista que encabezó Ernesto Ruffo Appel desde 1989. Algunos murieron por sobredosis. Otros cambiaron de residencia a Jalisco, pero los ligados al Cártel Arellano Félix curiosamente desaparecieron. Todo mundo los conoce, nadie los acusa. Nadie los persigue.
En esta borrachera de fechorías destaca la Procuraduría General de la República. Millones y millones de dólares de la mafia recibieron muchos de sus detectives y funcionarios en los últimos quince años. Es curioso: Ahora se acusa a Ismael Higuera “El Mayel” de asesinar al Subdelegado de la PGR en Baja California, Doctor Ernesto Ibarra Santés, pero no se resalta que este funcionario de elevada posición actuaba a las órdenes del narcotraficante Amado Carrillo Fuentes “El Señor de los Cielos”. También era delincuente. También sus colaboradores lo sabían.
Para los señores licenciados Jorge Madrazo Cuéllar y Mariano Herrán Salvati de la PGR, no es un secreto: Algunos de sus agentes son ojos, oídos, protectores y hasta brazos asesinos de los carteles. A ellos se debe crecimiento y poderío de los barones de la droga. Federales fueron los que llegaron a la discoteca Christine de Puerto Vallarta para asesinar a los Arellano. Utilizaron vehículos y autoridad. Cerraron la circulación de las calles. Dispararon repetidamente y nunca se capturó a nadie.
En la Procuraduría General de la República es bien sabido: Sus agentes mataron al Comandante Javier Orlando Guzmán Monforte en Oaxaca. Otros, sospechosos, desbarrancaron el auto con los tres cadáveres de sus compañeros en la sierra de La Rumorosa en Baja California. El ex-Delegado de la PGR, Cuauhtémoc Herrera Suástegui baleado en el Hotel Imperial del Distrito Federal está acusado por sus ligas con la mafia. Once agentes federales fueron denunciados por el gobierno bajacaliforniano el 29 de febrero, por participar en delitos. Uno, ligado a ejecuciones. No se sabe de investigación.
Un caso más: El General José de Jesús Gutiérrez Rebollo capturado por sus relaciones con las mafias. Forzosamente alguien o algunos participaban en sus ilegales actividades o estaban enterados. Nadie “conoce” a tales personas ni se sabe dónde están. Existe probadamente enorme disimulo para no capturarlos. Otro ejemplo: Agentes y ex-agentes municipales de la policía municipal fueron detenidos y otros se mantienen prófugos, relacionados con el asesinato de su jefe Alfredo de la Torre el 27 de febrero en Tijuana.
El sábado once de marzo, cuando el Ejército capturó a Jesús “El Chuy” Labra en Tijuana, lo llevaron a la delegación de la PGR. Me contó un testigo que los militares solicitaron la presencia inmediata de un agente del Ministerio Público en la planta baja del edificio. Cuando los federales supieron quien era el detenido, retrasaron deliberadamente el trámite. “Les dijeron que subieran al cuarto piso, pero los uniformados hicieron ver lo delicado del asunto”, contó el confidente que oyó. “Les insistieron llevar por las escaleras a Labra”. Solo accedieron hasta que fue presionado el Delegado de la PGR. Lo hizo el señor José Luis Patiño Moreno, coordinador de Agentes del Ministerio Público de la FEADS (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la Salud). Patético: Previamente torturado, este hombre apareció muerto días después con dos de sus compañeros en una barranca de “La Rumorosa”. El testigo de aquel momento comentó que, a su juicio, en la PGR se avisó a la gente de Labra y estaban dando tiempo premeditadamente para que llegara su abogado con un amparo y liberar a “El Chuy”. Pero el Licenciado Gustavo Gálvez se fue al Cuartel de la II Zona Militar pensando que allí tenían a su cliente. Cuando le dijeron que no, se dirigió a la PGR mientras a Labra lo llevaban al aeropuerto. No lo alcanzó. No está confirmado, pero creo que tan pequeño retraso le costó la vida. Siete días después de la captura, el Licenciado Gálvez apareció torturado y muerto en un barrio defeño.
Creo que la Procuraduría General de la República tiene suficientes motivos para detener y consignar a numerosos agentes y otros tantos que lo fueron. Todos, enlazados a la mafia. Todos, conocidos. Mientras eso no suceda, es lógico que, en una comparación realista, puede y debe decirse que ante la mexicana, funciona mejor la justicia española. Ah. Y de la que se salvó “El Mayel”. No lo detuvo un General como el que en España y por su cuenta, ordenó matar a los terroristas.
Tomado de la colección Dobleplana de Jesús Blancornelas,
publicado por última vez en noviembre de 2018.
