La Ley Olimpia se aprobó hace un año en Baja California Sur, y aunque se han denunciado casos de filtración y publicación de imágenes íntimas de mujeres, hasta el momento nadie ha sido sancionado por ello. Se han localizado más de 15 mil videos con contenido o connotación sexual. Los Cabos y La Paz son los municipios donde más se producen estos contenidos de violencia sexual
Hasta el año pasado, las mujeres en Baja California Sur se encontraban desprotegidas ante la violencia digital. En las agendas políticas ni si quiera se reconocía el derecho a vivir libres de agresiones en el ciberespacio, pero todo cambio por las movilizaciones realizadas por el Frente Nacional para la Sororidad.
En junio de 2019, el Congreso del Estado aprobó el conjunto de reformas legislativas para reconocer la violencia digital. Así fue como los habitantes de la entidad, principalmente mujeres, quedaron protegidas por la Ley Olimpia.
No fue un camino sencillo, sin embargo, el trabajo de socialización llevado a cabo por Olimpia Coral Melo Cruz, fundadora del Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales, trajo este cambio relevante para atender delitos en las redes sociales.
Específicamente se habla de aquellos que violen en medios digitales la intimidad sexual de las personas.
ANTECEDENTE
Desde hace algunos años, Olimpia Coral Melo Cruz trabaja en toda la República Mexicana para promover la aprobación de la Ley Olimpia, asimismo, integran equipos de colaboración entre mujeres para ser red de soporte, asesoría y vigilancia que sirva de apoyo a chicas y chicos que pudieran ser víctimas de filtración sin consentimiento de imágenes sexuales.
En sus visitas por BCS para promover la aprobación de la Ley, la activista explicó que la violencia sexual en internet es una de las que más afecta a mujeres entre los 16 y 30 años de edad.
La red Defensoras Digitales ha encontrado por lo menos 15 mil vídeos sexuales o de concitación sexual de mujeres, que, sin su consentimiento, han sido usado en un mercado de explotación digital.
Los Cabos y La Paz fueron marcados como los focos donde más se reproducen esos contenidos que violentan sexualmente. Tan solo en Los Cabos, en un mercado de explotación digital, se encontraron más de 4 mil vídeos.
“Es aberrante que en nuestro país nuestros cuerpos sigan siendo comercio sexual”, enfatizó Olimpia.
Las asociaciones involucradas subrayan que los métodos de obtención del material no se producen únicamente a través del intercambio. Todos los días, las mujeres son víctimas de acoso en espacios públicos sin que siquiera se percaten de ello.
Hay casos de víctimas que son fotografiadas cuando caminan por las calles, posteriormente, las imágenes aparecen en páginas de contenido sexual.
Con la introducción del Artículo 183 Quater del Código Penal, la Ley Olimpia tipificó la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, a quien comparta, distribuya, solicite, comercialice y/o exhiba contenido íntimo sin permiso de las personas.
CAMBIO DE PARADIGMA: NUEVO DELITO EN BCS
Con la entrada en vigor de la Ley Olimpia, hubo un cambio en la dinámica institucional para atender a las víctimas de violencia sexual digital. Las autoridades encargadas de impartir y administrar justicia también están obligadas a bajar cualquier contenido que se haya denunciado para evitar compiladores de fotografías y vídeos íntimos.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) se vio obligada a capacitar a los agentes del Ministerio Público para reconocer y brindar una atención específica a las víctimas.
Astrid Valeria Rojas Pérez, subprocuradora de Atención de Delitos contra la Libertad Sexual y la Familia, aseguró que en los primeros seis meses de la entrada en vigor de la Ley Olimpia se abrieron 14 carpetas de investigación. Desde junio de 2019 hasta octubre de 2020, la Subprocuraduría ha recibido 33 denuncias por violencia sexual digital.
Hasta el momento, las mujeres mayores son las principales víctimas de este delito. Los principales agresores han sido hombres, que pueden alcanzar penas de entre tres y seis años de prisión.
Rojas agregó que no hay carpetas de investigación por víctimas menores de edad, y, en caso de existir, habría una agravante en las sanciones.
La subprocuradora hizo hincapié en que los delitos de violencia sexual digital registrados derivan de agresiones por rupturas de noviazgos. Los agresores han amenazado previamente a las víctimas con material íntimo que se otorgó en confianza durante le relación. Exigen continuar con el noviazgo a cambio de no publicar imágenes o vídeos sexuales.
Las autoridades apuntan que, si bien los agresores no tienen conocimiento de que están cometiendo un delito, eso no los libera de la responsabilidad. “Que sepan que es un delito, entendemos que la causa de muchas denuncias de este tipo es por la ruptura de una pareja. Amenazas de ‘vuelves conmigo o comparto tus fotos’”, recalcó la funcionaria.
“Hay una sanción, ya no es nada más de que no pasa nada y puedo divulgar las fotos. No por el hecho de dar una confianza a alguien que amamos o quisimos y porque hubo problemas en la relación, van a compartir esas fotos”, complementó.
Entre los cambios y paradigmas que han vivido los agentes de investigación, está la integración de un nuevo delito. Según comenta Valeria Rojas, se trata de un ilícito que hasta hace un año tenía un tratamiento diferente debido a que no era reconocido como tal.
“Es un delito completamente nuevo, años atrás tenían simples asesorías cuando pasaban eso, pero no había un delito. Los agentes ha tenido capacitación, este año prácticamente están retomando las capacitaciones”, compartió.
LA SOCIALIZACIÓN DE LA LEY OLIMPIA
Aunque hay colectivos y asociaciones, así como un trabajo notorio de activistas para dar a conocer la Ley Olimpia en BCS, la subprocuradora comenta que falta recurso para una mejor difusión del tema.
Subrayó que la Ley en sí es muy clara y permite a los defensores públicos crear las líneas de investigación y resolución adecuada, al contemplar como delito la difusión de contenido íntimo sin consentimiento a quien comparta, distribuya, solicite, comercialice y/o exhiba contenido íntimo sin permiso de las personas.
No obstante, en el Estado hay personas que desconocen que son víctimas de violencia sexual digital. Es importante difundir los alcances de la Ley para notificar que puede y debe existir un acompañamiento y asesorías para mujeres y sanción para agresores.
“La Ley nos da muchas hipótesis, es clara. Ahora lo que faltan son los recursos para la publicidad, que la conozcan. Que sepan que es un delito, no podemos ir por las redes sociales compartiendo cosas. Que no la vean tan fácil, ya es un delito que está tipificado. Que las víctimas sepan que pueden denunciar, si no sabían que hacer y si no sabían que había sanciones. El Artículo no se va nada más a divulgar, compartir. Da de cuatro a cinco hipótesis para irme a una audiencia”, añadió Rojas.
Cuando una persona denuncia, los agentes de la Policía Ministerial están obligados a coordinarse con la Policía Cibernética para rastrear el origen de las publicaciones que victimizan, “pudo haberla compartido cualquiera, tenemos que acreditar. La Policía en ese aspecto interviene para saber de dónde viene la señal de la primera imagen compartida. También trabajan de manera coordinada con la víctima, la que aporta la pruebas es la víctima”, dijo.
Hasta el momento no se ha sancionado a alguien por haber cometido violencia sexual digital en Baja California Sur. De acuerdo con la subprocuradora, esto se debe a que las víctimas han otorgado el perdón a los agresores.
SEXTING ES UN DERECHO, Y DELITO CUANDO SE VIOLA LA CONFIANZA
En el acompañamiento de víctimas, activistas mencionan que muchas mujeres sienten culpa por el proceso de revictimización: cuando la sociedad presiona para responsabilizarlas a pesar de que fueron agredidas.
El Frente Nacional para la Sororidad y Defensoras Digitales ha trabajado para explicar a jóvenes y adultos que el intercambio de fotografías, mejor conocido como sexting, es un derecho sexual.
La asociación ha enfatizado que en el intercambio con consenso de fotografías íntimas, existen personas que rompen con el pacto de confianza y publican el contenido en plataformas.
Durante el desarrollo de la vida digital en las últimas décadas, este tipo de violencia ha sido omitida debido a que los encargados de hacer políticas públicas creen que lo virtual no es real y no daña, según la asociación.
“Nos guste o no, lo queramos o no, que los aceptamos moralmente o no, se hace y no podemos prohibirlo. El sexting es un derecho sexual, no es una violencia digital”, aclaró Olimpia Coral Melo Cruz.
Expuso se convierte en violencia digital cuando una de las dos partes viola el consentimiento mutuo y lo hace público, o lo consuma como extorsión y trata de contenido íntimo.
“Decirle a una víctima de violencia digital que es su culpa por fotografiarse, por confiar, por amar o por caminar en la calle, es como si le dijéramos a cualquier persona que asaltaron en la calle: ‘¿Para qué caminas? Por eso te asaltaron’”, ejemplificó.
SOCIALIZACIÓN EN ESCUELAS PÚBLICAS
Entre los giros que se avecinaban en la perspectiva de la violencia en redes sociales, hubo un programa reconocido por activistas del derecho a la navegación segura y libre de violencia digital.
Verónica Camacho y Maribel Cazares se encargaron de llevar a cabo desde 2016 una estrategia dentro de los planteles del Colegio de Bachilleres en Baja California Sur para trabajar con los menores de edad sobre los riesgos y la mitigación del ciberacoso.
En un inicio, la estrategia iba encaminada al cyberbullying, debido a la cantidad de casos que comenzaron a recibir de los alumnos. Así nació la campaña Yo No Doy Like.
Maribel Cazares, jefa del Departamento de Formación para el Trabajo, expuso que iniciaron trabajos de colaboración interinstitucional con la Policía Cibernética y otras instituciones afines. Sin darse cuenta, ya entraban en temas relacionados con la Ley Olimpia poco antes de su aprobación en el Congreso de Baja California Sur.
Los alumnos comenzaron a elaborar material gráfico informático como carteles para difundir los alcances de la violencia en el ciberespacio. Incluso participaron en foros del Poder Legislativo sobre la Ley Olimpia.
“Ha tenido bastante éxito esta iniciativa, se quedó cómo de fijo, hemos estado trabajando siendo ellos los portavoces con los compañeros, nosotros desde nuestra posición apoyamos en la difusión”, afirmó Verónica Camacho, responsable del Programa de Educación Digital.
“Antes de la aprobación de la Ley Olimpia nos presentamos en el Congreso, se hizo una exposición itinerante del material. Pidieron a los diputados del Congreso tomar en cuenta esta situación que están viviendo como jóvenes, ya que son los encargados de hacer algo”, mencionó.
Para Cazares, uno de los puntos importantes en este cambio de paradigma es explicar a los jóvenes que, al compartir imágenes íntimas de otras personas sin consentimiento, incurren en un delito. Han capacitado a personal docente y administrativo para reforzar las enseñanzas en talleres y así los alumnos entiendan las consecuencias que podrían tener si violan la Ley Olimpia o acosan digitalmente a otros compañeros.
Asimismo, han efectuado talleres de masculinidades y prevención de violencia con la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Arturo Hernández Hernández, director académico de la institución, enfatizó que trabajan fuerte con la socialización de esta reforma por la formación que deben llevar los alumnos que egresan de preparatoria.
