Ciudad de México, 7 de octubre del 2020.- Genaro García Luna -ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) durante el Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa-, se declaró inocente de los cinco cargos que le imputó el juez Brian M. Cogan, durante la audiencia llevada a cabo este miércoles en la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Estados Unidos.
Como anécdota quedó el llamado de atención del juez federal estadounidense a la prensa mexicana, a la que solicitó silencio, por lo que decretó un breve receso de 10 minutos aproximadamente. Además, la audiencia, aunque fue pública, no pudo ser fotografiada, grabada, ni retransmitida en vivo por los medios.
De forma remota, García Luna escuchó la lectura de los los cinco nuevos cargos de la acusación ampliada, que se agregó al caso el pasado mes de julio, mismos que indican que el ex funcionario federal mexicano participó en envíos de droga.
“La acusación señala que usted era el jefe de varios cómplices y ganó una fortuna gracias a estos envíos”, le dijo Cogan a García Luna, quien se declaró no culpable de los cinco cargos, entre ellos por supuestamente recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa y los Beltrán Leyva, para permitir el tráfico de drogas y falsedad de declaraciones.
El juez federal estadounidense fijó la próxima audiencia para el ex funcionario federal mexicano -representado por el abogado defensor César de Castro-, para el próximo 7 de diciembre, a las 9:30 horas tiempo de la Ciudad de México.
El Departamento de Justicia de EE.UU. presentó el pasado 29 de septiembre, un paquete de evidencia contra García Luna, que incluye comunicaciones interceptadas, videos y documentos de las autoridades mexicanas.
El pasado 30 de julio, la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York acusó a Ramón Eduardo Pequeño García y a Luis Cárdenas Palomino, ex Coordinador de la División de Inteligencia para la Prevención del Delito y ex titular de la División de Seguridad Regional, ambos de la Policía Federal (PF), respectivamente, por tráfico de drogas en colaboración con el Cártel de Sinaloa.
Según lo informó el periodista Alan Feuer, ambos ex funcionarios federales, junto a Genaro García Luna, estuvieron implicados en el asesinato de un informante colombiano de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), “hace más de una década”, según “ha testificado un renegado del cártel”.
“El informante estaba dando información a las autoridades estadounidenses sobre los envíos de cocaína controlados por Arturo Beltrán Leyva, el antiguo socio de Guzmán en Sinaloa […] Sergio Villarreal Barragán [alias ‘El Grande’], afirma que García Luna recibió el nombre del informante de un oficial corrupto de la PF en Bogotá [Colombia]”, indicó Feuer en su cuenta de la red social Twitter.
“Pequeño y Palomino ayudaron a darle el nombre a Beltrán Leyva. El informante fue secuestrado y torturado. Después de confesar que trabajaba para la DEA, fue asesinado”, agregó en una serie de tuits el periodista, corresponsal en Nueva York del diario The New York Times.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó también a García Luna, por el delito de empresa criminal continua por colaboración con el Cártel de Sinaloa, y presentó tres cargos de importación de cocaína y conspiración internacional contra Pequeño García y Cárdenas Palomino.
La Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York actualizó la acusación presentada originalmente contra García Luna el pasado 4 de diciembre, que solo incluía tres cargos de narcotráfico y uno de falsedad en declaraciones.
En consecuencia, se solicitó a la Corte para el Distrito Este de Nueva York ordenar la aprehensión de Pequeño García y Cárdenas Palomino, a quienes la Fiscalía caracterizó como “fugitivos” en un boletín de prensa.
Para sustentar la acusación de empresa criminal contra García Luna, los fiscales neoyorquinos mencionaron seis cargamentos masivos de cocaína asegurados en Estados Unidos entre 2002 y 2008, que sumaron 50 toneladas.
En ese periodo, García Luna fue jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), y a partir de diciembre del 2006, titular de la SSP Federal mexicana.
“Entre 2002 y 2007, García Luna presuntamente ayudó a al menos seis envíos de cocaína por un total de más de 50 mil kilos de cocaína. Además, los acusados colocaron a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder en ciertas áreas de México controladas por el Cártel de Sinaloa”, señala el comunicado del Departamento de Justicia de EE.UU.
Antes, el 27 de julio, los fiscales neoyorquinos y César de Castro, abogado del ex funcionario federal mexicano, dijeron estar experimentando problemas para reunirse con posibles testigos para el juicio de García Luna, en las diversas cárceles estadounidenses, debido a la crisis sanitaria que experimenta EE.UU.
El pasado viernes 24 de julio, la Fiscalía para el Distrito Este de Nueva York entregó a los abogados defensores de García Luna, un paquete de pruebas que usará para el eventual juicio contra el ex funcionario federal mexicano, entre ellas, cocaína y heroína decomisada en el periodo comprendido entre el 2002 al 2009.
Las pruebas contra el ex titular de la SSP Federal mexicana, incluyen 43.8 kilos de cocaína decomisados en Brooklyn el 24 de mayo de 2002, cuando García Luna era Coordinador General de la Agencia Federal de Investigación (AFI), de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR).
Además, serán presentados 20 kilos de cocaína asegurados en el Buque Gatun, cerca de la costa de Panamá, en marzo del 2007, que fueron parte de un decomiso de 21 toneladas del narcótico en dicha embarcación, apenas días después de que el Gobierno mexicano encontró 205 millones de dólares en efectivo en la casa del empresario Zhenli Ye Gon, en Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México.
Asimismo la Fiscalía neoyorquina -que depende del Departamento de Justicia estadounidense- también exhibirá ante la Corte del Distrito Este de Nueva York -donde se realizará el juicio contra García Luna- 22 kilos de cocaína y 4 kilos de heroína asegurados en Palisades, Nueva Jersey, en julio del 2009.
La defensa de García Luna, que encabeza el abogado César de Castro, también recibió al menos 60 mil páginas de documentos que no son públicos, como parte del procedimiento conocido como descubrimiento probatorio contra el ex funcionario federal mexicano.
Los documentos incluyen transcripciones de comunicaciones interceptadas, registros financieros, bancarios y de negocios, expedientes aportados por el Gobierno de México, así como declaraciones rendidas por el propio García Luna, quien fue detenido el 10 diciembre del 2019 en Dallas, Texas.
“El Gobierno llamará a declarar durante el juicio a expertos sobre análisis forense de drogas, los métodos de lavado de dinero proveniente del narcotráfico internacional, y sobre traducción de español a inglés”, agregó la Fiscalía neoyorquina, que aún no dio acceso a la defensa a la identidad, conclusiones e historial profesional de dichos expertos.
En abril y mayo pasado, la Fiscalía de Nueva York ya había entregado otros documentos a la defensa, referentes a la vida que García Luna llevaba en Florida, a donde se mudó tras su salida del Gobierno Federal mexicano a finales de 2012, así como otras comunicaciones interceptadas.
Además, el pasado 1 de junio, los Fiscales del Distrito Este de Nueva York entregaron a los abogados de García Luna, pruebas contra el ex funcionario federal mexicano, que incluyen correos electrónicos, fotografías, transacciones financieras y comunicaciones interceptadas.
En dos cartas disponibles en el sistema electrónico de los tribunales federales estadounidenses, los fiscales neoyorquinos dijeron que entregaron las pruebas a los litigantes, además de que pidieron pruebas recíprocas por parte de la defensa de García Luna.
Según lo informó la agencia estadounidense The Associated Press (AP), en ambas cartas, los Fiscales neoyorquinos dijeron, también, que entregaban a los abogados de defensores de García Luna, transacciones de dinero, de propiedades, informes de cuerpos de seguridad y declaraciones del ex funcionario federal mexicano.
