Tras considerar que la determinación de una meseta en los contagios se ha mantenido, la alerta sanitaria en BCS descendió a Nivel 4 y con ello aumentó la movilidad un 40%. “Estas epidemias se manifiestan en subidas y bajadas, pero esperamos más o menos un incremento del 10%, como lo hemos adelantado, al abrir estos giros”, afirmó a ZETA Víctor George Flores, secretario estatal de Salud
Bastó la disminución de seis casos por día en las últimas semanas para que el Comité Estatal de Seguridad en Salud determinara el paso de la entidad al Nivel 4 del Sistema de Alertas Sanitarias. Con ello se vino el aumento de los aforos a un 40% en espacios públicos, así como la reapertura de más actividades económicas, lo que trajo mayor movilidad.
“Llevamos 8 mil 351 casos positivos de COVID, tenemos hospitalizados 137 pacientes en todo el Sector Salud, recuerden que llegamos a más de 217”, celebró Víctor George Flores, titular de la Secretaría de Salud del Estado.
Esta fue una determinación en la que el personal del Sector Salud, que a diario arriesga la vida, está en desacuerdo.
“Tenemos en estas dos semanas ya cerradas, 32 y 33, una disminución en comparación con la semana 31 y 32; teníamos 109 casos reportados por día, en estas semanas disminuyeron a 103 casos, una disminución de 6 casos por día y lo vemos reflejado en las gráficas, con los casos positivos para semanas 34 y 35. El número de casos recuperados aumenta a 2 mil 569, producto del aumento que hemos tenido desde la semana 30, 31, 32, a mayor número de casos activos”, indicó Juan Luna Carballo, subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud.
“Afortunadamente al no elevarse de una manera significativa el número de defunciones y también tener la disminución en el número pacientes hospitalizados, se ha visto que el número recuperado se ha ido en aumento”, confió.
Según registros, hay más de 800 casos activos, siendo en La Paz y Los Cabos los de mayor riesgo. Aunados a las cifras oficiales, están los familiares infectados de pacientes activos, a quienes no se les hacen pruebas de confirmación en su totalidad.
“El municipio con mayor número de pacientes activos y de defunciones es La Paz, con 560 casos activos, 205 defunciones; Los Cabos tiene 204 casos activos y 147 defunciones; en Loreto, 51 casos activos y 7 defunciones; en Comondú hay 33 casos activos y 3 defunciones; y Mulegé, con 37 casos activos y 29 defunciones. La Paz es ya desde hace varias semanas el municipio con mayor número de casos, 4 mil 295”, mencionó Luna Carballo.
El Comité ha confirmado a ZETA que no se puede establecer un pico máximo, por lo cual queda claro que la pandemia no ha sido domada y en un par de semanas la situación podría complicarse aún más.
“Hemos visto el comportamiento desde hace varias semanas, desde la 25 y 26, donde estos picos suben, bajan, se mantienen estables por un tiempo, vuelven a subir, vuelven a bajar; depende mucho del comportamiento que tengamos en la población, de estas reaperturas económicas que hemos tenido y el apego que se está teniendo a los protocolos no solamente de reapertura con el semáforo a nivel nacional o estatal. Depende de aquellas actividades que ya se hayan abierto y que sigamos teniendo ese apego al protocolo, de ahí la importancia para que esos picos no se vean reflejados en elevación”, argumentó el epidemiólogo.
Pese a los dichos de que existe una meseta en la pandemia, Los Cabos ha registrado un aumento de casos hasta cuatro veces más, “La Paz tiene el mayor número de casos absolutos, seguidamente Los Cabos, que en algunas ocasiones llega a duplicar, triplicar y cuadruplicar el número de casos. El análisis que hemos estado viendo de los municipios del Norte, que son municipios con menor número absoluto de casos para poder hacer detecciones oportunas y que no se nos pasen, debido a que son números pequeños, han tenido un comportamiento epidemiológico estable. Loreto es uno los municipios que más aporte ha dado, junto con Comondú”, lanzó el funcionario estatal.
Según el Comité Estatal de Seguridad en Salud, los índices de contagio han bajado pero la letalidad en adultos mayores y personas sin comorbilidad ha ido en aumento. No todos los pacientes sospechosos reciben una prueba COVID, “4 de cada 10 personas mayores de 60 años que adquieren la enfermedad pierden la vida a causa de coronavirus. El número de fallecidos sin comorbilidad aumentó a 12%, es decir, personas que no padecen alguna enfermedad crónica, hipertensión, diabetes, entre otras”, expuso Juan Luna.
Juan Luna Carballo, Subdirector de Epidemiología Estatal confirmó que los casos apenas bajaron poco más de 5% por día
TRABAJADORES DE LA SALUD, INCONFORMES
En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la situación es crítica, ya que no hay quien pueda confirmar oficialmente la enfermedad en decenas de trabajadores.
Personal del hospital filtró información que alusiva a que entre 85 y 90 trabajadores del ISSSTE Conchalito en La Paz están enfermos de COVID, incluidos directivos, pero nadie del personal ha acudido a las reuniones del Comité Estatal, menos aún a las ruedas de prensa.
“Como nos han hecho llegar quejas los derechohabientes, y también al gobernador le han llegado quejas de los derechohabientes, compañeros burócratas. Se habló con el señor director general, diciendo que mandara auxilio a la delegación para que apoyen con lo que deben hacer, incluso hemos prestado medicamentos”, afirmó Víctor George Flores desde la Secretaría de Salud del Estado.
El número de quejas, particularmente contra el ISSSTE, ha crecido. En los últimos días la sala de espera y a las afueras de la institución está lleno de personas en espera de recibir atención.
Confirmada por el personal de asistencia, desde luego molesto, la situación se ha tornado así desde la reapertura de giros, diario están llegando 25 personas con síntomas de COVID.
“Vinieron compañeros entre todas las personas, había como diez dentro de la sala de espera y todavía había cola, mucha gente está llegando a pedir ayuda, consultas y hacerse pruebas, eso es aquí en el ISSSTE que tiene menor número de derechohabiencia, ahora imagínate las otras instancias. Fue un error abrir, no estamos preparados como ciudadanos, nos vamos a fiestas, reuniones, no entendemos”, denunció una trabajadora del ISSSTE.
En fotografías entregadas a ZETA se aprecia a personas en el área de Urgencias de la institución federal, determinada para atender casos sospechosos de COVID.
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“Qué esperan que hagamos, un compañero enfermero estuvo trabajando enfermo, así lo obligaron a venir, sobre todo por él, su familia y todos los infectados que pudo ocasionar, porque se hizo la prueba y dio positivo, así enfermo estaba atendiendo, no lo querían dejar ir a su casa, eso es de riesgo y a los directivos del ISSSTE les vale. La están regando feo, es más fácil decir que estamos colapsados y recibir ayuda que seguir complicando la salud de las personas, no se vale”, reprochó otra de las enfermeras de la institución.
Vía redes sociales, el sindicato del ISSSTE denunció la falta de atención de las autoridades y la ausencia del propio delegado de Bienestar, Víctor Castro Cosío en los momentos críticos por los que atraviesa el Instituto.
“Qué es lo que están haciendo, cómo se atreven a abrir, apenas nos estábamos acostumbrando, con dificultad, a más personas en las calles, muchas ni atienden las medidas y ahora vienen con más apertura, de verdad que nos pregunten a los ciudadanos responsables, que tenemos hijos y gastamos mucho dinero en protección, sanitizantes y que estamos acabados económicamente. Uno pide y ocupa dinero, pero sin salud nada podrá ser posible”, comentó Sofía Verdugo Lara, habitante de La Paz, alarmada por el incremento de movilidad en la ciudad.
Por su parte, Víctor George Flores justificó: “Estas epidemias se manifiestan en subidas y bajadas, pero sí esperamos más o menos un incremento del 10%, como lo hemos adelantado, al abrir estos giros, sobre todo por la movilidad. Este incremento está medido, está dentro de lo que ya manejamos, sería muy preocupante si nos hubiéramos pasado más allá de la cantidad que hemos manejado, tenemos la reserva en camas, ventiladores y de personal afortunadamente están bajos los hospitalizados, nos ha permitido un poco que el personal tenga respiro, no como debe ser, porque son pacientes críticos”.
En tanto que Blanca Pulido Medrano, de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), secundó:
“También se visitaron cines de La Paz, Los Cabos, la aplicación protocolaria, con muy poco aforo, independientemente de que se les permitió una cantidad más grande, no lo hubo como tal y el cumplimiento al 100% de los protocolos. Estábamos muy temerosos de que con esta reactivación que se iba a dar el fin de semana, tuviéramos alguna situación de conflicto, no la hubo como tal, por lo tanto, no suspendimos”.
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OÍDOS SORDOS DE LA AUTORIDAD FEDERAL
En los momentos más difíciles por los que atraviesa el ISSSTE en Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, Delegado de Bienestar, no se presentó para apoyar al personal de salud que lo necesita.
Trabajadores de la dependencia federal están desesperados por la reapertura de actividades que se dio desde el 31 de agosto, pues consideran que la pandemia por coronavirus está muy activa.
Al menos en el Hospital Conchalito el personal ya escasea, las guardias son cada vez más duras y no hay autoridad que alce la mano para ayudarlos, están desprotegidos.
“Diario no estamos partiendo la madre, diario hay más contagios, más gente muerta, no nos damos abasto, ya van 85 a 90 compañeros incapacitados por infección de COVID y dónde están las autoridades… Ya no puedo más, necesito un día para dormir, no podemos darnos el lujo de faltar, no nos dejan”, lamentó un empleado del ISSSTE Conchalito.
Cruda pero real, una fotografía en poder de este Semanario exhibe a una persona fallecida dentro de una bolsa para cadáver, que, según testigos, permaneció por horas junto a pacientes enfermos sin ser removida por la falta de personal. Esa es la difícil situación por la que atraviesa el ISSSTE Conchalito,
Mientras, afuera Víctor Castro Cosío se preocupa más por las encuestas, por tratar de subir puntos, dejando de lado problemas como el colapso del ISSSTE.
Incluso el propio gobernador Carlos Mendoza Davis tuvo que meter las manos por la ciudadanía ante la inoperancia del súper delegado, lo que obligó a la llegada de autoridades de nivel central a conocer la problemática, porque nadie informa.
Cuando Castro Cosío cayó en cama, enfermo de COVID, “solicitó inmediatamente su alta voluntaria, debido a que día y noche eran muchos los trabajadores que se acercaban a solicitar ayuda”, confió un enfermero.
Hoy la única ayuda que los trabajadores enfermos que forman parte del Sector Salud han recibido es una licencia médica, ellos mismos han tenido que tramitar con el director general en Ciudad de México.
El 1 de septiembre, el titular del Órgano Interno de Control de la Dirección de Vigilancia y de Normativa del ISSSTE acudió para conocer el problema que atraviesa la institución.
“Estamos batallando todos por insumos, no es un secreto a voces que estamos batallando mucho, sobre todo en las licitaciones nacionales, no ha jalado como debería de jalar, aproximadamente lo que nos debe estar llegando de material de curación, de medicamentos, por el Insabi, no pasan, estamos en el séptimo mes y no pasa del 15%, eso lo dije en la comparecencia ante el Congreso, me preocupa mucho el tema de las licitaciones nacionales”, lamentó Víctor George Flores.
Derechohabiente del ISSSTE tuvo que realizarse una prueba alterna, debido a que contagió a sus hijos después del periodo de 14 días y nunca lo confirmaron como libre del virus
FAMILIA SIN CONFIRMACIÓN
“En casos de COVID confirmados, estamos en tercer lugar con mil 027 por cada 100 mil habitantes, haciendo hincapié de nuevo que el número sea elevado, de acuerdo con el número de pruebas, que tenemos también el segundo lugar en tasa de pruebas, mientras más se busca, más casos positivos estamos encontrando”, reconoció el epidemiólogo Juan Luna Carballo.
El caso de la familia Guzmán es uno de tantos que ha recabado ZETA. El trabajador de la Delegación de Bienestar empezó con síntomas de dolor de cabeza, ardor de garganta y fiebre dos días después; inmediatamente se atendió en la institución del ISSSTE, la prueba dio positivo y lo mandaron bajo resguardo domiciliario.
Ya en aislamiento, dos días después, su esposa y su hija mayor también con síntomas, les decretaron aislamiento voluntario, pero no les hicieron prueba. Tuvieron que pagar para confirmar el resultado positivo.
“Cuando tratamos de salir de casa, nos dijeron que a los 14 días ya sin síntomas éramos libres, tomamos medidas y nos aventamos 25 días, solicitamos una prueba para confirmar y nos la negaron, solo queríamos saber que ya no éramos portadores. A los días, dos hijos más positivos, todo por la irresponsabilidad del Sector Salud de no darnos una prueba de confirmación, pagamos de nuevo y dimos positivos. No estábamos libres, sus cálculos fallaron, y si les pasa algo a mis hijos, los hago responsables, por ser tan irresponsables y negligentes”, advirtió el padre de familia.
Las autoridades confían en que están haciendo las cosas bien, aunque del ISSSTE no hubo quién respondiera los cuestionamientos y no hay manera de contactarlos, al haber un protocolo a seguir.
“El lineamiento que manejamos, y es un lineamiento sectorial, indica que el trabajador deberá permanecer aislado durante 14 días y cumplir con 72 horas asintomático para su reincorporación. Se va a determinar su retorno laboral al cumplir los 14 días, siempre a partir del inicio los síntomas, no se requiere una segunda muestra para dar de alta a un paciente; todos aquellos trabajadores que cumplan con la definición operacional, sin toma de muestra, valoración clínica al día 10, debe considerarse el estado clínico del paciente y se determinará su retorno laboral después del día 14”, manifestó José Luis Ahuja Navarro, delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social.
“De acuerdo al algoritmo que se maneja a nivel central, y esto data del 14 de julio de 2020, no es necesaria la realización de la segunda prueba para la reincorporación, el personal médico se va a basar en el periodo de aislamiento sugerido, y al término del aislamiento se evalúa al trabajador y se decide su alta, siempre evaluando la parte clínica y la presencia de síntomas”, remató el funcionario.
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Se contagió de COVID-19 en ISSSTE, la atención fue insuficiente, falleció y ahora su familia debe más de 2.3 mdp por atención médica privada
Ante la insuficiente atención en el ISSSTE, Rafael Valenzuela tuvo que recurrir a una clínica privada tras resultar positivo a COVID-19 y, 16 días después, perdió la vida. El problema ahora para sus familiares es una millonaria deuda de 3 millones 200 mil pesos.
A finales de julio, Rafael Valenzuela fue diagnosticado con el nuevo coronavirus. Desde ese momento comenzó su tratamiento de hospitalización en el ISSSTE en San José del Cabo, sin embargo, las carencias en la atención no le dieron al profesor una esperanza de vida.
Susana de Villalobos, cuñada de Rafael, cuenta que estuvo internado en el ISSSTE hasta el 4 de agosto, donde los médicos les pidieron que se despidieran de él, pero la familia no se rindió y buscó otras opciones.
Lucharon por salvar su vida, hoy su familia tiene una deuda de más de 2.3 mdp por atención médica privada
“Él debía ser trasladado a La Paz casi al momento de que fue internado, pero no había camas. En el ISSSTE de San José no tenían medicamentos, nosotros lo estuvimos consiguiendo medicamentos e insumos. Tengo dos cajas que mandamos a traer desde Ciudad de México”, comentó.
“La única clínica que lo quiso recibir fue Saint Luke, porque no había espacio en ningún hospital de La Paz”, agregó.
Cada día de hospitalización privada les costó alrededor de 300 mil pesos. Hasta el 16 de agosto lograron cubrir el adeudo con la clínica, que fue superior a 3 millones de pesos.
“He escuchado en comentarios que lo hicimos por lujo, no fue por lujo. Él se traslada a esa clínica porque en el ISSSTE no tenían la atención adecuada. Pensamos que se iba a reponer porque fue una persona atlética, durante toda su vida fue deportista. Era fuerte, saludable. Nunca pensamos que esto llegara a su defunción”, compartió De Villalobos.
La familia estaba consciente de que cada día de hospitalización costaba 300 mil pesos. Adquirieron créditos, deudas e incluso vendieron el patrimonio; sin embargo, los últimos cuatro días que Rafael estuvo en la clínica privada el precio se disparó. Fue trasladado de Cabo San Lucas a San José del Cabo para realizar un estudio que determinaría si ya era posible llevarlo a La Paz.
“Cuando ‘Rafa’ falleció nos dieron una cuenta de 2 millones y medio por esos cuatro días, sabíamos que eran 300 mil por día, nunca nos esperamos esa cifra. Nos comentaron que había sufrido paros cardiacos, que el medicamento disparó. Sabemos que tuvo complicaciones y que requirió de otros aparatos”, mencionó la cuñada.
La lucha por salvar la vida de Rafael ante las deficiencias en las instituciones de salud pública, le costó deudas millonarias a la familia. Inclusive la hija de la víctima se quedó sin universidad, ya que tuvieron que usar el fondo educativo para gastos médicos.
“No entiendo quién se encargue en regular, pero es injusto, más en esta situación tan delicada como la COVID, ¿cómo es posible que el gobierno o las instituciones de salud no tengan un acuerdo con las clínicas privadas para regular costos?”, cuestionó Susana.
Para el 15 de agosto, cuando la familia ya había solicitado la intervención y apoyo del gobierno estatal, el secretario de Salud, Víctor George Flores, aseguró que ya había un espacio garantizado para Valenzuela, pero en ese momento los allegados tomaron la decisión de dejarlo en el hospital privado.
“La representante del ISSSTE entabló comunicación por parte de la Secretaría de Salud, se dispuso una cama con cuidados intensivos, ambulancia, médico, todo para su traslado. Al final del día, la familia no lo aceptó”, aseveró el funcionario estatal.
Ese día, Yetzcani Lailson, representante del ISSSTE, expuso que tras una nueva solicitud por parte de la familia, era probable que Rafael Valenzuela fuera trasladado al Hospital General, lo cual no sucedió.
“Hoy solicitaron el traslado, la cama está disponible. Ellos se iban a ser cargo del traslado, tenemos la cama, tenemos los médicos. Estamos esperando para que tomen su decisión”, comentó la funcionaria.
Susana de Villalobos explicó que esto no sucedió como lo narró el funcionario. Precisó que buscaron el traslado inmediato de su cuñado, no obstante, por motivos de salud los médicos negaron la posibilidad de que fuera llevado en ambulancia a La Paz.
La esposa de Rafael, Rocío Villalobos, pidió el apoyo del gremio de maestros en Baja California Sur para saldar los 2.5 millones de pesos que quedan pendientes con el hospital privado por los cuatro últimos días de atención.
De igual forma, extienden la solicitud de ayuda a todos ciudadanos del Estado y del país que quieran contribuir con la causa de la familia. Las donaciones pueden hacerse a la cuenta 5579 1002 2980 2945. (Gilberto Santisteban Flores)
Comité Estatal de Seguridad en Salud celebró que BCS haya avanzado al nivel 4 del Sistema de Alertas Sanitarias por coronavirus
Contaminación por cubre bocas y retroceso en desplastificación en BCS
La pandemia por coronavirus ha provocado diversas crisis en Baja California Sur no solo en temas relacionados con la salud y la economía. Asociaciones civiles exhiben que la emergencia sanitaria ha incidido directamente en el medio ambiente.
Para representantes del movimiento de desplastificación en la entidad, el virus SARS-CoV-2 ha generado un retroceso en la cultura de anular el uso de plásticos, por Ley, vigente en BCS desde agosto de 2019.
Activistas enfatizan que el uso de artículos ahora indispensables como cubre bocas y guantes desechables, afecta de manera directa en la contaminación y acumulación de residuos.
Para Mayra Gutiérrez, directora de la organización Ponguinguiola y coordinadora de la alianza Desplastifícate, la idea errónea de usar plástico como forma segura de transporte de alimentos ha derivado el retroceso de la lucha social para erradicar este modus vivendi.
“Vimos un retroceso por parte de los negocios, les ha pegado mucho la parte de la pandemia, regresaron con este tipo de productos. Debemos informar a quien está consumiendo este tipo de productos que el virus vive más tiempo en los plásticos que productos amigables para el medio ambiente, como el cartón”, argumentó.
Pandemia: contaminación por cubrebocas y retroceso en desplastificación en BCS
Como un punto positivo en medio de la pandemia, la especialista subraya el hecho que la sociedad no regresó al consumo de plástico en el súper mercado. En contraste, el uso masivo de cubre bocas y guantes desechables, aunado al manejo negativo como residuos, está provocando otro problema de contaminación.
“El cubre bocas se volvió indispensable, una forma de protección, también los guantes. Si nosotros no estamos trabajando en un centro de salud, no es tan necesario tener cubre bocas desechables, lo más óptimo es tener de tela”, sugirió.
Una vez usados, estos artículos deben manejares como material peligroso: no se deben depositar directamente en el bote de basura o en el sistema de recolección. “Si antes veíamos basura como unicel, popotes y bolsas, ahora se suman los guantes de látex y los cubre bocas”, lamentó Gutiérrez.
Pandemia: contaminación por cubrebocas y retroceso en desplastificación en BCS
Lo ideal es cortarlos y después enrollarlos en papel. Posteriormente se depositan en una bolsa específica que se resguarde en el hogar hasta que pase el camión recolector. De no dar el tratamiento adecuado a este material considerado peligroso, puede terminar afectando los ecosistemas marinos de BCS.
Sobre esta situación, el subdirector de Servicios Públicos de La Paz, Pedro Alba, detalló que en estos meses ha incrementado la cantidad de basura que se recolecta en los hogares y calles de la ciudad capital. En determinadas zonas, personal de limpieza se topa más con cubre bocas y guantes, como los bulevares Forjadores y Colosio.
“Se ven muchos cubre bocas tirados en las calles en espacios públicos. Creemos que es gente que quizás los avienta por la ventana. No hay cultura del sentido de pertenencia de cuidar la higiene, de no poner la basura donde realmente va”, subrayó.
Antes de la pandemia, en La Paz se recolectaban 360 toneladas de basura diarias y ahora se calculan alrededor de 400 por día, las cuales son transportadas por camiones del servicio público. (Gilberto Santisteban Flores)
70 restaurantes quebrados y más de 8 mil 500 empleos perdidos por la pandemia en BCS
La parálisis económica en tiempos de pandemia golpeó rápidamente a empresarios de Baja California Sur. De acuerdo con la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), entre marzo y septiembre de 2020 se han perdido 8 mil 500 empleos en ese sector.
A través de conferencias de prensa, los restauranteros se han unido a la demanda empresarial colectiva hacia los tres niveles de gobierno: prórrogas y accesibilidad en el pago de impuestos para sobrevivir a la pandemia.
Explican que, para que una empresa como la que manejan sea rentable, se necesita por lo menos mantener un 65% de la venta diaria. En estos momentos, dicen, las ventas no superan ni el 25% de lo que habitualmente se lograba en un día. A esto se agrega el pago de rentas, cuotas de Seguro Social e Infonavit, lo cual se traduce en deudas que no permiten llevar los gastos fijos de sus locales.
Lorena Hinojosa Olivas, presidenta de la Canirac, expuso que la reactivación económica que inició el 15 de junio dio “destellos” de recuperación para su gremio; sin embargo, la realidad es que los negocios apenas dejan para pagar la nómina.
70 restaurantes quebrados y más de 8 mil 500 empleos perdidos por la pandemia en BCS
Existen negocios que no han pagado renta desde hace cinco meses, y en Los Cabos, agremiados a la Canirac pagan hasta 200 mil pesos por el uso de un local para venta de alimento.
En medio de estas circunstancias que califican como “insostenibles”, los empresarios recurrieron a apelar a los tres niveles de gobierno para que colaboren con el sector.
Según declaraciones de Hinojosa Olivas, las autoridades del Gobierno de México “ni siquiera contestaron al llamado”, y el gobierno estatal “respondió a medias”. Solo en La Paz lograron refrendos y descuentos para impuestos.
Anteriormente, el Gobierno del Estado y Nacional Financiera pusieron a disposición una línea de créditos para empresarios; no obstante, los requisitos para los préstamos de reactivación imposibilitaron el acceso a los mismos.
“Solo el 10% de los compañeros pudieron acceder a ellos, los requisitos que pone la banca de primer piso no ayudan: no tener deudas con ningún nivel de gobierno, situación fluida, no estar en Buro de Crédito. Nadie está bien económicamente para cumplir con todo esto”, refirió la representante del gremio restaurantero.
¿Cómo han salido adelante?
La Canirac precisa que los agremiados han tenido que recurrir a la venta de sus propios activos: inmuebles, vehículos y mobiliario.
“El 25% de empresas cerradas, en algunas es temporal, esperan que esto pueda tener una situación más estable para poder abrir en noviembre y diciembre, pero hay un 10% de compañeros que ya vendieron sus establecimientos”, puntualizó Hinojosa Olivas.
Se sabe que por lo menos 70 restaurantes cerraron definitivamente en La Paz.
Finalmente, la Cámara empresarial anticipó que la crisis económica fomentará la informalidad y afectará a todos los sectores que dependen directa e indirectamente de los restauranteros, como la proveeduría.
