De publicarse el decreto para regularizar los vehículos de procedencia extranjera irregulares, también conocidos como autos “chocolate”, en Baja California habría 24 módulos del Repuve, donde se podría hacer dicho trámite, con la presencia de oficiales aduanales, según dijo el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan.
Indicó que dicho decreto sólo aplicaría a una persona por vehículo, y para automóviles con una antigüedad mayor a 12 años; por lo que estarían fuera de él modelos más recientes, de lujo, blindados, deportivos, modificados y/o con adaptaciones especiales, y aquellos que tengan reporte de robo.
Durante su participación en el mensaje matutino del gobernador, Jaime Bonilla Valdez; Escobedo Carignan detalló que el procedimiento consistiría en que en uno de los 24 módulos del Registro Público Vehicular (Repuve) (ventanilla única) el propietario de un auto “chocolate” presentaría los documentos del automóvil, así como un reporte de robo, restricciones técnicas y excepciones.
Una vez que se hayan revisado esos documentos, que no tenga reporte de robo; se haya pre validado fiscalmente por el agente aduanal, y el usuario haya pagado 3 mil 600 pesos (que ya incluyen los impuestos ISN, IVA, DTA e IGI) y presente el automóvil físicamente, la autoridad entregaría el pedimento, registro de constancia e inscripción.
Abundó que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) gestiona recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), para la operación de los arcos de Monitoreo Vehicular y Módulos de Inscripción, y que los recursos asignados a las entidades federativas son susceptibles de reprogramar para destinarlos a la instalación de más módulos de Inscripción.
No obstante, aún se desconoce la fecha en la que podría ser publicado el decreto. En comentarios a ZETA el funcionario consideró que el decreto tendría que entrar en vigor antes de concluir 2020.
Explicó que uno de los avances que se ha tenido en el trabajo que el gobierno estatal ha mantenido con la Secretaría de Seguridad Pública federal sobre este decreto es añadir a la Administración General de Aduanas (AGA), encabezada por Horacio Duarte, y que es un organismo perteneciente al Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Adelantó a ZETA que “existe la posibilidad de arrancar por fases y empezar con BC, y después la franja fronteriza”. En la exposición presentada se indica como consideración final que “la aplicación del decreto sería en aquellas entidades donde el titular del Ejecutivo Estatal así lo solicitara a la federación”.
Escobedo Carignan recordó que desde 2011 el gobierno federal emitió un decreto que regula la importación de vehículos usados de procedencia extranjera, con el que se pretende inhibir que se importen tantos vehículos usados al territorio nacional.
Con base en dicho decreto los vehículos que se importan tienen que ser de EUA o Canadá, cumplir con las reglas de origen (que 62.5% de las partes que forman ese vehículo son partes TLCAN) que se exige a través de un certificado de origen. Tiene que cumplir con normas ambientales, así como haber cumplido con las condiciones físico-mecánicas.
Bajo este esquema, un vehículo que cuesta 80 mil pesos debe pagar por IGI 50% (40 mil pesos) y de IVA, 19 mil 303 pesos ya que los autos están sujetos a un precio estimado, lo que hace prácticamente imposible que se importen vehículos.
