En julio, la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana sondeó a 120 de sus empresas afiliadas, en las que se detectó que el 98% tuvo por lo menos un empleado con resultado positivo a COVID-19. El 23 de mayo, el secretario estatal de Salud afirmó que empresas con contagios o defunciones por COVID serían cerradas. A la fecha no hay reportes de clausuras
La pandemia generada por la enfermedad COVID-19 ha golpeado principalmente a la clase trabajadora de Baja California que está entre los 20 y 64 años de edad, y representa 15 mil 472 pacientes infectados (83%) de los 18 mil 702 casos que han dado positivo al virus SARS-CoV-2 en todo Baja California. Una parte labora en el sector industrial.
En cuanto a defunciones, la población de 20 a 64 años ha tenido mil 973 decesos (57%) de las 3 mil 432 muertes que se reportan en la entidad.
A pesar que en un inicio -a través de su secretario de Salud, Alonso Pérez Rico-, la administración de Jaime Bonilla Valdez informó que harían una exhaustiva inspección y cierre de empresas esenciales o no esenciales que tuvieran un caso confirmado o un deceso por COVID para evitar cadenas de contagios, estas acciones nunca se llevaron a cabo.
Hasta el 21 de agosto -última actualización por parte de la Secretaría de Salud-, en BC había registro de 6 mil 891 trabajadores contagiados confirmados, de los que solo 274 estaban clasificados como obreros; el resto fue mencionado como “empleados” y “otros”.
Pese a estos datos, no se ha reportado el cierre de alguna empresa en la región ni tampoco se reportan brotes porque los empleadores prefieren enviar a sus trabajadores al hogar sin realizar los estudios correspondientes o dar aviso a las autoridades sanitarias, poniendo en riesgo la salud del resto de la plantilla laboral.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que en Baja California hay un millón 410 mil 500 personas con trabajo fijo. De esa cifra -hasta 2018- se sabe que 422 mil 816 corresponden a la industria manufacturera esencial y no esencial.
EL COMPROMISO DE TRABAJO QUE PÉREZ RICO NO CUMPLIÓ
El 23 de mayo, el titular de la Secretaría de Salud del Estado, Alonso Pérez Rico, aseguró en la transmisión del gobernador Jaime Bonilla:
“Las empresas que están teniendo ahorita, independientemente que sean esenciales o no esenciales, cuando eventualmente trabajen las no esenciales, vamos a implementar la siguiente política. Cuando tengan un caso, una defunción, un grupo importante de trabajadores enfermos, van a ser visitados no nada más por la Coepris, sino también por el Departamento de Epidemiología de la Secretaría de Salud y no podrán reiniciar operaciones hasta que el Departamento de Epidemiología lo libere”.
Sin embargo, a cuatro meses de la declaración, ninguna empresa ha sido clausurada ni se han continuado las visitas de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris) a cargo de David Gutiérrez Inzunza, que actualmente se encuentra enfocado en la guerra sucia del gobierno estatal en contra del Ayuntamiento de Tijuana, dejando de lado los operativos para revisar que las empresas esenciales y no esenciales estén cumpliendo cabalmente con los protocolos de trabajo.
LA OPACIDAD DEL IMSS
Conocer la cifra de trabajadores que han dado positivo a COVID-19 en Baja California no es un tema posible de conocer por dos razones: la industria manufacturera se ha mostrado recelosa en brindar la información de casos confirmados tanto a las cámaras y asociaciones que les representan; así como a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), por lo que no hay forma de conocer esos datos, bajo el argumento que son “privados”, de cada empresa.
Por otra parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se negó a brindar el total de las incapacidades por la COVID-19. La solicitud hecha con casi tres semanas de anticipación a esta publicación, nunca se generó al interior de la instancia que en BC está a cargo de la delegada Desireé Sagarnaga Durante, según lo informado a ZETA.
Esta no es la primera vez que la delegación oculta datos respecto a la pandemia que se vive en Baja California. Previamente, al solicitar información sobre el número de trabajadores del IMSS que han recibido prestaciones como el Bono COVID, se negaron a darla, como también no han respondido sobre el número de fallecidos o por qué la cifra de pruebas realizadas no coincide con lo capturado en la plataforma nacional.
98 % DE LAS EMPRESAS HAN TENIDO POR LO MENOS UN CASO CONFIRMADO: ESTUDIO
Durante julio, la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana (ARHITAC) realizó un estudio para conocer la situación de sus asociados en el tema de la pandemia: de 280 empresas que integran la Asociación Civil, solo 120 respondieron el cuestionario que mostró que el 98% de las empresas ha tenido personal infectado por el letal patógeno, sin que ninguna haya sufrido algún cierre como lo advirtió en su momento el titular de la Secretaría de Salud.
Heriberto Galindo, presidente de ARHITAC, indicó que esta encuesta abarcó a empresas de manufactura de exportación de Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, y estuvo enfocada en tres ejes: las acciones que realizan cuando tienen sospechosos COVID, el protocolo para cuando ya el trabajador está confirmado, y la compensación para población vulnerable que se encuentra en resguardo.
“Son el 98% de empresas que nos hemos enterado que ha habido al menos un caso confirmado de COVID, la información (del total de contagios) la quisimos mantener bajo confidencialidad, no se las preguntamos para que sea información que cada empresa maneje, nosotros manejamos la que proporciona el IMSS para evitar entrar en disputas o desacreditaciones de la información”, refirió Galindo.
De esta encuesta, descubrieron que el 47% de las empresas con un caso sospechoso, son enviados con incapacidad a sus casas y el 51% con permiso COVID con goce de sueldo. De tener algún trabajador con resultado positivo, el 58 % de las empresas solicitan se tramite la incapacidad en IMSS y el 32% solo los envía a casa, mientras que el 7.5% les pide incapacidad y que tramiten el permiso COVID.
Respecto a las personas que ya pasaron los 14 días de síntomas pero continúan sin recuperarse por completo, el 44.17 % permite que el trabajador siga en casa, el 35.83% solicita una incapacidad a sus empleados y el 16 % otorga capacidad al 60% de su salario y pide otra prueba de confirmación.
Por último, el directivo informó que la encuesta dejó como resultado que el 53% de los empleadores consultados ya no le paga a los trabajadores que no son considerados población en riesgo, según los nuevos criterios de vulnerabilidad.
ENTRE 10 Y 15 % DE EMPLEADOS SON POBLACIÓN EN RIESGO: COPARMEX
El coordinador de la Comisión Laboral de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Roberto Quijano Sosa, considera que por parte del sector industrial se ha trabajado en evitar que se den contagios al interior de las empresas, apegándose a una serie de indicaciones solicitadas por la Secretaría del Trabajo y la Coepris, como la instalación de filtros sanitarios a la entrada del personal, aplicación de medidas de seguridad como gel antibacterial, contratación de médicos que realicen estudios a los trabajadores, entrega de Equipo de Protección Personal (EPP) y acondicionamiento de distanciamiento social.
“Si tienes 350 mil empleados en la industria maquiladora, los que resultaron vulnerables fue entre el 10 y 15% de la población de las empresas; si hay una empresa con mil empleados, cerca de 120 son vulnerables. Considero que debe haber entre 15 mil y 20 mil empleados vulnerables”, detalló respecto a la población en riesgo que existe en el sector industrial.
Manifestó que se han topado con escenarios en los que empleados que siguen en resguardo, en lugar de cuidarse han utilizado el tiempo de cuarentena para salir de vacaciones o cambiar de empleo, sin dejar de percibir el salario íntegro que paga la empresa donde están contratados y que le permitió ausentarse.
“Las empresas cuestionan mucho esa condición de enfermedad y que no respeten la cuarentena, porque el empleado se está contagiando en el transporte público, en sus casas y en su vida personal, cuando sale a reuniones o a fiestas y no guarda la sana distancia, no tiene higiene ni protección, sobre todo en el transporte, donde se están dando los contagios. Y me consta porque voy a las empresas, las inspecciono, y hay protocolos para evitar los contagios”, señaló el coordinador de la Coparmex.
Además, enfatizó que la responsabilidad recae en la autoridad municipal que no se ha decidido por regular el tema del transporte público ni ha reforzado los operativos en unidades de transporte para vigilar el cumplimiento de las normas de distanciamiento y el uso adecuado de cubre bocas.
Por otra parte, aceptó que a la fecha se han presentado contagios al interior de las empresas de manufactura, los cuales no han sido considerados como brotes, pero sí se ha enviado a resguardo a líneas enteras de producción y algunas áreas de trabajo, sin llegar al cierre completo de las empresas.
NUEVOS CRITERIOS PARA EVALUAR VULNERABILIDAD PODRÍAN AFECTAR A POBLACIÓN EN RIESGO
El 27 de julio, en el Diario Oficial de la Federación, se publicaron los nuevos Criterios para las Poblaciones en Situación de Vulnerabilidad que Tienen Mayor Riesgo de Desarrollar una Complicación o Morir por COVID-19 en la Reapertura de Actividades Económicas en los Centros de Trabajo, con los que se evaluará a los empleados que se venían considerando como población en riesgo, y, de no entrar en estos, tendrían que volver a su trabajo.
El secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, indicó que la normativa continúa similar a como estaba, solo que ahora, con estos criterios se tiene definido el perfil de una persona clasificada como población en riesgo.
“Ahora ya definen la vulnerabilidad de estas personas que pueden tener estas enfermedades, entonces ahora resulta que no todos son vulnerables y no deben trabajar, sino los que están clasificados los parámetros que establece la autoridad federal. El 80% de los que son vulnerables o considerados como tal, deben regresar a trabajar”, expuso el funcionario estatal.
Aquellas personas consideradas vulnerables deben acreditarse ante el médico de la empresa, el IMSS o cualquier institución de salud, pero si no pueden comprobar que su enfermedad no está controlada, entonces deben volver a sus actividades; de lo contrario el empleador no tendrá obligación de pagarles.
Escobedo agregó que si una persona que actualmente tiene una enfermedad controlada y en dos o tres meses se sale de control y entra en la clasificación de vulnerable y lo puede comprobar, tendrá que volver al resguardo con el pago de su salario por parte de la empresa.
Acotó que la cuestión de la semaforización dependerá de las actividades que ya estén autorizadas por el gobernador Jaime Bonilla, citando como ejemplo que si un casino que según el sistema de semaforización tendría que estar activo hasta el semáforo en Verde, pero ya tiene permiso de operar, entonces los trabajadores vulnerables que no entren en los actuales parámetros, deberán volver a sus trabajos.
Este último hecho pone en desventaja a todos los trabajadores de actividades no esenciales que ya están activos y su apertura corresponde a otros colores del semáforo, como Amarillo o Verde -diferente al Rojo que continúa vigente en Baja California-. Según estos criterios, toda persona deberá volver presencialmente a sus trabajos cuando el semáforo esté en Verde, aun cuando sea vulnerable bajo los nuevos criterios.
Algunos de los nuevos criterios son, por mencionar algunos: estar en el tercer trimestre de embarazo; incapacidad por maternidad durante el periodo de lactancia; Índice de Masa Corporal mayor a 40 para personas con obesidad; personas mayores de 60 años sin comorbilidades; hemoglobina glicosilada menor a 8% para pacientes con diabetes mellitus descontrolada.
En Baja California hay cerca de 348 mil 186 pacientes diagnosticados con hipertensión y 188 mil 449 con diabetes mellitus entre la Secretaría de Salud y el IMSS, y 5 mil 855 personas diagnosticadas con obesidad -solo por la Secretaría de Salud- entre los 25 y 64 años.
Al 17 de septiembre de 2020, la Secretaría de Salud informó que 961 pacientes que han muerto tenían una comorbilidad; 946 defunciones se dieron en personas con dos comorbilidades; 531 de los fallecidos registraban tres comorbilidades; 163 defunciones se dieron en aquellos que padecían cuatro comorbilidades y 99 tenían antecedente de más de cinco enfermedades crónicas.
Bono COVID, falsa promesa de Pérez Rico y SNTSA
Desde mayo del año en curso, un rumor comenzó a recorrer los pasillos del Hospital General de Tijuana (HGT): la promesa de un Bono COVID para los trabajadores que estuvieron al frente de la contingencia provocada por la pandemia del coronavirus. Tema que desde junio y julio, Alonso Pérez Rico, titular de la Secretaría de Salud en Baja California, manejó como una prioridad que estaba gestionándose con el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).
Un par de días después del 28 de agosto -fecha en que el director de Insabi, Juan Antonio Ferrer, tuvo una reunión con la Secretaría de Salud del Estado-, Pérez Rico aseguró que habían recibido la indicación de hacer la solicitud directamente a la Federación y que en el lapso de una semana tendrían una respuesta sobre el monto que recibiría cada uno de los empleados del sector médico. Fue la réplica más certera del funcionario estatal, que meses atrás, dijo desconocer en qué consistiría dicha bonificación.
A partir del 1 de septiembre, personal de los tres turnos del HGT recibieron la visita de la secretaria general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) Sección 24, Yaninne Rendón Machuca, quien les informó los adelantos en temas del escalafón, los avances del aire acondicionado, elevadores y calderas, y el seguimiento del anhelado Bono COVID.
“En reunión con el secretario de Salud se tocó el tema del Bono COVID, el cual sabemos por boca del encargado del Insabi a nivel nacional, que es un bono ya aprobado, debe estar llegando el recurso económico en septiembre para que se pague. El monto y el día en que se va a pagar tendremos que verlo en una mesa de trabajo con las tres secciones. El Bono COVID se va a pagar a todos, incluyendo personal de contrato, es decir base, homologados y regularizados 1, 2 y 3, y el personal de contrato o compañeros que hayan permanecido durante la pandemia, que se enfermaron y tuvieron que resguardarse, pero estuvieron en parte de la pandemia”, les informó Rendón Machuca a través de un mensaje de voz vía WhatsApp.
Para el 14 de septiembre se anunció un ultimátum al titular de la Secretaría de Salud en Baja California. La líder sindical firmaba un documento en el que exigía una respuesta a siete peticiones, entre estas, establecer fecha y monto del Bono COVID; de lo contrario, el 20 de septiembre se declararía en paro. La reunión quedó establecida para el día 18 del mes, sin que se diera información sobre los acuerdos alcanzados.
Sin embargo, el domingo 20, los trabajadores de primera línea del HGT recibieron una noticia que no esperaban: no habría Bono COVID para ninguno de ellos, a cambio se les prometía una extensión a sus vacaciones solo para empleados de base, en tanto los de contrato no obtendrían dicho beneficio.
Lo supieron por medio de un comunicado del SNTSA subido en la página de Facebook, detallando que el bono que el Presidente Andrés Manuel López Obrador había anunciado y que la Secretaría de Salud estatal había comenzado a gestionar, era solo para trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social porque ellos no contaban con el bono Concepto 30 de riesgo bajo, mediano y alto que se paga a los trabajadores de la Secretaría de Salud.
El mensaje no fue bien recibido por los trabajadores que ese domingo anunciaron paro de labores, solicitando la presencia de su líder sindical, desaprobando y tomando como una burla el actuar de Pérez Rico hacia la clase trabajadora de la Secretaría.
Horas después de hablar con el director del HGT, Alberto Reyes Escamilla -quien el 1 de junio informó ante medios de comunicación que la entrega del bono era un hecho- y con la secretaria general Rendón Machuca, esta les hizo llegar un nuevo audio.
“Buenas noches compañeros delegados, el día de hoy por la tarde, 20 de septiembre de 2020, tuvo a bien informarnos de parte del secretario de Salud y nuestro gobernador, Jaime Bonilla, que van a hacer una aportación estatal de 5 mil pesos, el martes se nos informará la fecha de pago y cómo será pagado este bono, ellos están conscientes de lo que se ha pasado y de lo que se ha vivido”, rezaba el mensaje en voz de la representante sindical.
Contario a este mensaje alentador, durante la transmisión en vivo del lunes 21 de septiembre, el gobernador y el secretario de Salud negaron que existiera presupuesto para un bono que beneficiara al personal que por seis meses estuvo atendiendo a pacientes COVID.
“Aquí es muy claro que siempre tenemos que ser sinceros con la gente, en realidad nunca ha estado presupuestado -el bono- por parte del Estado, nosotros recibimos un Estado quebrado, ya muchos lo saben y no quiere decir que es falta de reconocimiento, al contrario: simple y sencillamente no está presupuestado, y fuera que tengamos un ingreso extraordinario, no veo cómo se pueda solventar un compromiso que nunca se ha hecho, cuando menos por parte del gobierno del Estado.
“No tengo yo contemplado un bono dentro del esquema financiero porque no tenemos los recursos, entonces tendríamos que buscar nosotros para que eso funcionara, que el Gobierno Federal nos ayudara con eso, que nada más quede claro eso. Para mí es noticia esto del bono porque nunca ha salido de mi boca”, indicó el mandatario durante la transmisión.
Por parte de Pérez Rico, se dio a conocer que en la última semana de septiembre viajaría a Ciudad de México para buscar un recurso con el Insabi, pero adelantó que no se comprometía a nada, además, resaltó que de haber un bono, no sería para los 419 médicos y enfermeras contratados por el Insabi y que el de empleados con contrato de Isesalud se tendría que analizar.
Sin embargo, durante su participación frente al Congreso del Estado de Baja California, el jueves 24 dijo que la reunión con el Insabi sería para determinar la reconversión de los hospitales COVID.
Según datos de Pérez Rico, mil 800 empleados de la secretaría que dirige, estuvieron al frente de la salud de los bajacalifornianos durante los últimos seis meses, y serían candidatos para obtener ese bono de ser autorizado por la Federación.
Insabi desmiente a secretario de Salud
Fuentes al interior del Insabi en Ciudad de México, informaron que la dependencia federal no contempla emitir posicionamiento alguno porque de ellos nunca salió el anuncio de un bono de esa naturaleza, además, que hasta el momento la situación solo se ha presentado en Baja California, donde la Secretaría de Salud, por su iniciativa generó el falso rumor.
Además, refirieron que del recurso que se entregó a la entidad en ningún momento se estableció que alguna parte estuviera destinada a este bono, únicamente para temas de infraestructura como lo solicitó en reuniones Alonso Pérez Rico.
De igual manera, explicaron que al personal contratado por el Insabi no se le ha dicho que serán beneficiados con alguna bonificación o las prestaciones que indica el contrato. Uriel Saucedo Ramírez
