El 26 de septiembre, presente en Ciudad Morelos durante su gira semanal por Mexicali, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, reiteró que el semáforo de riesgo estatal pasó del rojo a naranja que es el segundo color. “Nosotros tomamos esa decisión y nos vamos ir a naranja porque es lo que le conviene a mi estado, claro con toda la actitud de ayudar a la economía. Pero primero la vida de nuestros niños”, enfatizó el ingeniero.
De acuerdo con el gobierno federal, Baja California pasó al semáforo amarillo que es el tercer color de riesgo.
En naranja, “se permitirá que las empresas de las actividades económicas no esenciales trabajen con el 30% del personal para su funcionamiento, se abrirán los espacios públicos abiertos con un aforo reducido”. Y en amarillo, “todas las actividades laborales están permitidas, el espacio público abierto se abre de forma regular, y los espacios públicos cerrados se pueden abrir con aforo reducido”. Ambos con medidas de prevención.
Como de costumbre, el gobernador se refirió al presidente Andrés Manuel López Obrador, esta vez, aseguró que no hay quien conozca mejor el territorio bajacaliforniano. Y aprovechó el podio para hablar del próximo proceso electoral y cuestionó a los ciudadanos si le darían el voto a los azules.
“¿A poco dentro de unos meses, no les van a venir a tocar la puerta los panistas? y les van a decir ya voten por nosotros, ya no los vamos a robar, ya no vamos a abusar de nuestro poder… ¿los van a hacer que pasen a su casa? ¿Van a votar por ellos?” espetó el mandatario.
De nuevo acusó al ex goberador panista José Guadalupe Osuna Millán: “Una persona con nada que taparse, ni enfrente ni atrás, de repente es director de la Comisión de agua y es candidato a la presidencia (municipal), tiene todo el dinero, y luego gobernador y antes vivía en un departamento muy sencillo y ahora son residencias, él y toda su familia”.
Osuna denunció a Bonilla Valdez el 22 de septiembre por haber hecho señalamientos similares en días anteriores.
El gobernador también reiteró los señalamientos en contra de las grandes empresas deudoras de agua en el Estado: “En Baja California ha habido sistemáticamente un sistema para robarse el dinero. Lo han hecho a base de sistema de inteligencia, cotos de poder y control y sistemas. Y así es todo lo del agua”.
Informó que están dictaminado en más de 3 mil millones de pesos el robo de agua hecho por empresarios al Estado, y hasta el momento se han logrado recuperar mil 100 millones de pesos, los cuales se han direccionado en temas de agua potable y pavimentación.
Para finalizar hizo un compromiso público, aseguró que el bulevar Lázaro Cárdenas, una de las principales arterias viales de la capital, será reparado en su totalidad en el próximo mes y medio.
En la misma gira estuvo presente como invitado del gobernador, el alcalde de Ensenada, Armando Ayala Robles. Lo que llamó la atención, después de las constantes críticas que el ingeniero Bonilla Valdez ha hecho contra las giras realizadas por el alcalde de Tijuana, Arturo González Cruz a la capital del estado.
En su discurso, Ayala Robles, expuso que el cambio de la salida de la Baja 500 de Ensenada a San Felipe (Mexicali) fue por la contingencia sanitaria del COVID-19.
El secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, usó su turno ante la prensa para reiterar que será a través de un decreto del Ejecutivo federal como se regularizarán los autos ingresados de manera ilegal al Estado, e informó que ya están analizando el tema con el gobierno federal en las reuniones que tiene semanalmente en la Ciudad de México, para determinar las condiciones en que esta supuesta legalización se dará.
“Vengo coordinando los trabajos para lo que será el decreto que permitirá la regularización y la legalización de lo que conocemos como autos chocolate. Es un compromiso de campaña, fue un reclamo de todo el estado, particularmente en el valle de Mexicali”.
En agosto, el Poder Ejecutivo federal encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó, una demanda contra la ley que pretende censar a los vehículos ingresados ilegalmente de Estados Unidos a Baja California.
