Al Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le gusta compararse. Presumir que él es como otros, cuando particularmente se refiere a los expresidentes inmediatos, a quienes a encasillado, sean del PRI o del PAN, en el compuesto de “periodo neoliberal”, que para él se sitúa entre 1988 y 2018, justo los periodos transcurridos cuando abandonó el PRI para, de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, migrar a la izquierda, y cuando él mismo ganó las elecciones presidenciales e inició lo que llama “la cuarta transformación”.
Compararse se ha vuelto en lo suyo. Si en el pasado cuando en campañas estuvo aquello de medirse con sus opositores, los ocupantes del Ejecutivo nacional, fue una estrategia para ofrecer un modo de Gobierno distinto al electorado, las comparaciones de hoy son para medirse y refrendar que no son lo mismo. Que él, por encima de aquellos, destaca.
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Una nada modesta frase en el que fue su II Informe de Gobierno lo resume a la perfección: “Estamos en el peor momento con el mejor Gobierno”, reflexionó sobre las muchas crisis que padece México hoy día, económica, sanitaria, de seguridad, y la manera de afrontarlas. Asume el Presidente que ninguno de quienes le antecedieron lo pudo haber hecho mejor de lo que él lo está haciendo, al tiempo en que veladamente se erige como el salvador de este país al asumirse como “el mejor Gobierno”.
Ciertamente el Presidente puede decir de frente y sonoro que no se ha corrompido, pero ello no significa que en su Gobierno no exista corrupción, ahora mismo los mexicanos están siendo testigos de cómo el hijo de Manuel Bartlett, Director General de la Comisión Federal Electoral, ha sido sancionado ya en dos ocasiones por la Secretaría de la Función Pública, precisamente por actos de corrupción. Para empezar el claro conflicto de intereses que supone que el hijo de un funcionario federal realice convenios con el Gobierno federal, y en segunda posición, que el joven León Bartlett utilice esa posición de ventaja en que lo sitúa ser hijo de quien es para vender al Gobierno productos con sobreprecio.
Ciertamente hay diferencias con otros gobiernos. Su forma de combatir la pobreza eliminando a los intermediarios y creando programas asistenciales que van directamente a la sociedad necesitada. También su particular manera de establecer relación con la clase empresarial mexicana, a quienes invita a una cena de tamales para obtener miles de millones de pesos, o pagare a las televisoras para que contribuyan con la educación a distancia, una acción que aun siendo un negocio porque fue una transacción económica con servicio y pago de por medio se presenta como una hazaña.
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Tampoco es lo mismo en su forma de hacer un Gobierno austero. Ciertamente los mexicanos no hemos visto tantos (porque tampoco están erradicados) excesos. Se eliminaron áreas duplicadas o sin sentido en la estructura gubernamental, se disminuyeron sueldos, se eliminó la pensión presidencial y disminuyeron las caravanas de camionetas de lujo en una cantidad importante, aunque aún se les ve por ahí de vez en cuando.
Pero donde la situación sigue igual que antes es en la inseguridad. Ni Felipe Calderón Hinojosa, ni Enrique Peña Nieto, ni en estos casi dos años de Andrés Manuel López Obrador han podido disminuir los homicidios dolosos en México, aquellos que son producto de la lucha encarnizada entre los cárteles de la droga que, preponderantemente, cuentan con impunidad para continuar su ola de sangre por todo el país.
En 18 meses de administración federal, el Presidente Andrés Manuel López Obrador suma 60 mil 072 asesinatos violentos bajo su mandato, de acuerdo a una investigación publicada el viernes 28 de agosto en el Semanario Zeta.
Y efectivamente, ni la creación de la Guardia Nacional, ni la autonomía concedida a la Fiscalía General de la República, ni la reactivación de la Secretaría de Seguridad Federal han contribuido en persecución, procuración de justicia o investigación, a la aprehensión de los asesinos, narcotraficantes y criminales organizados, para la disminución de los homicidios dolosos, el parámetro principal para la medición de la inseguridad y la violencia.
El sexenio de Felipe Calderón, cuando se decretó la guerra contra las drogas, inició con 8 mil 867 asesinatos violentos en el 2007 y terminó la administración en el 2012 con 25 mil 967 en el año. Enrique Peña Nieto, con su política de México en Paz, tuvo en su primer año del sexenio 23 mil 063 ejecutados y en su último año, en 2018, registró 33 mil 734. El Presidente Andrés Manuel López Obrador, con sus abrazos, no balazos, registró en diciembre de 2018, y todo 2019 34 mil 672, y hasta el 25 de agosto de 2020 llevaba 22 mil 508 homicidios dolosos en el año.
Ninguno de los tres, el panista, el priista y ahora el morenista, ha logrado disminuir la inseguridad en materia de violencia física. Los asesinatos continúan sucediendo y en mayor escala todos los días. No ha habido hasta la fecha una estrategia integral para inhibir la comisión de este delito, ni justicia para las víctimas, ni cárcel para los asesinos; la impunidad de los criminales y la corrupción en las corporaciones policíacas, así como la incapacidad en aquellas procuradoras de justicia, o las fallas en los servicios de investigación e inteligencia, contribuyen a que en México se viva un clima de inseguridad y muerte. En ese sentido, en ese tan delicado tema de la seguridad, no ha habido cambio a pesar de las reformas y las trasformaciones, todo sigue igual, como antes. Mucha sangre, mucha muerte, poca estrategia de combate, ahí sí el Presidente López Obrador no tiene un buen margen para compararse y presumir.
