A nombre del Estado mexicano, Alejandro de Jesús Encinas Rodríguez subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) en el Gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, reconoció este jueves 3 de septiembre, su responsabilidad en el asesinato de 45 indígenas tzotziles -entre los que se hallaban 4 mujeres embarazadas y 18 menores de edad-, en el municipio de Chenalhó, Chiapas, hecho conocido como la “masacre de Acteal”, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.
El funcionario federal encabezó el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa del caso, en el que estuvieron presentes familiares de 18 víctimas mortales y de 12 sobrevivientes, así como Esmeralda Arosemena de Troitiño, representante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Al evento asistieron, también, María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); el embajador de Canadá en México, Graeme C. Clark; Aarón Mastache Mondragón, titular del Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas; y, Jesús Peña Palacios, Representante Adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos (OHCHR).
El subsecretario recordó que la masacre de Acteal fue un acto cometido presuntamente por grupos paramilitares que actuaron con tolerancia del Estado y sus autoridades. A partir de entonces, los sobrevivientes y familiares de quienes murieron han demandado justicia.
Sin embargo, ante la falta de respuesta de las autoridades, los familiares de las víctimas y sobrevivientes solicitaron a la CIDH en 2006, intervenir para responsabilizar al Estado mexicano, por lo que en 2010, la Comisión Interamericana identificó en un informe a las 45 víctimas mortales y a los 16 sobrevivientes.
Pero fue hasta este día, que el Gobierno de México aceptó el reconocimiento de responsabilidad del Estado Mexicano en los acontecimientos acontecidos en Chenalhó, así como la aceptación de medidas de reparación integral, tanto de forma individual a los familiares directamente afectados, así como acciones de carácter colectivo destinados a la reconstrucción social de la comunidad.
“Este acuerdo de solución amistosa incluye a 18 víctimas fallecidas y a 12 víctimas sobrevivientes, respetando y dejando a salvo los derechos de otro grupo de víctimas que han asumido otras vías diferentes a este acuerdo”, expuso Encinas Rodríguez, quien, además, ofreció una disculpa pública a las víctimas, a los familiares, a la comunidad de Acteal y al pueblo tzotzil por el agravio.
“Asumo, a nombre del Estado Mexicano, el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por la violación de derechos humanos fundamentales y ofrezco una disculpa pública a la comunidad de Acteal por los hechos de violencia que dieron lugar a esta masacre”, dijo el subsecretario.
“Asumo la responsabilidad del Estado y ofrezco una disculpa por este suceso doloso e indolente, expresión de un Estado anquilosado y ajeno a los derechos e intereses de la comunidad que pretendió ocultar esta tragedia, alternando incluso la escena del crimen para criminalizar a las propias víctimas”, agregó Encinas Rodríguez.
“Asumo la responsabilidad del Estado en reconocer la verdad de los hechos, en atender la demanda de procuración de justicia, de reparar integralmente a las víctimas y generar las condiciones para la reconciliación y la paz en esta importante región del país”, señaló.
Además, el funcionario federal hizo un llamado a todas las víctimas de Acteal, a todas las comunidades Chenalhó y en general, a todas las comunidades indígenas de Chiapas, a reconstruir el tejido social y el abatimiento de la desigualdad.
“Reciban del Estado Mexicano nuestra solidaridad con sus causas y nuestro compromiso para cumplir, no solo con el acuerdo hoy suscrito, sino con las responsabilidades que son inherentes a nuestro desempeño en la función pública. Asumimos este reto como un imperativo categórico”, agregó Encinas Rodríguez.
El Acuerdo de Solución Amistosa fue firmado luego de que la representación del Estado ofreció disculpas y admitió que el ataque fue perpetrado por “grupos paramilitares con la complacencia de las autoridades”, en el contexto de un “Estado anquilosado”.
El documento titulado “Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y Otros. Masacre de Acteal” prevé, entre varios compromisos, la realización de un documental para relatar los hechos y, en la reparación del daño, una compensación económica, la más alta en los estándares de la CIDH.
Por su parte, Martha Delgado Peralta, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), dijo que a la fecha México ha firmado 32 acuerdos de solución amistosa, y el de Acteal es el número 33, de los cuales 12 están totalmente cumplidos.
La funcionaria federal adscrita a la Cancillería, explicó que el Acuerdo de Solución Amistosa del caso pondrá fin al proceso litigioso ante la CIDH, en el marco de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Las herramientas para este cumplimiento es el fideicomiso para asuntos de derechos humanos y una ley general de víctimas, para la reparación integral del daño causado, incluyendo el reconocimiento de responsabilidad, acciones de compensación económica, rehabilitación y garantía de no repetición, como acción positiva del Estado, dijo Delgado Peralta.
Por su parte, Ismael Brito Mazariegos, secretario General de Gobierno de Chiapas, mencionó que el origen de la masacre de Acteal, a manos de un grupo de al menos cien personas, fue por la añeja disputa de tierra, así como por la intolerancia religiosa y política.
Palabras del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, @A_Encinas_R, en el Acto de Reconocimiento de Responsabilidad y suscripción del Acuerdo de Solución Amistosa del caso 12.790, Manuel Santiz Culebra y otros, Masacre de Acteal.https://t.co/OV5KLF8xRZ pic.twitter.com/7bf2EYyHIT
— Gobernación (@SEGOB_mx) September 3, 2020
A nombre de las víctimas mortales y sobrevivientes habló Fernando Luna Pérez, quien subrayó que la masacre fue un crimen de lesa humanidad y pidió juicio para los autores intelectuales que implementaron la estrategia de insurgencia, de los tres niveles de gobierno, entre ellos el Federal, encabezado entonces por el presidente Ernesto Zedillo Ponce de León.
“Desde el principio dijimos ‘ya hemos perdonado a los asesinos’, porque no vengamos la muerte de 45 hermanos, pero eso no significa olvido, es decir, nunca consideramos como una solución hacer justicia con nuestras propias manos”, agregó Luna Pérez, miembro de la organización civil Las Abejas.
“Aceptamos esta disculpa porque esta administración no solo reconoce que el Estado mexicano fue incapaz de garantizar y proveer la vida y al seguridad de la población de Acteal, como sostuvieron en 2015 en la audiencia de fondo del caso, los representantes del Estado mexicano en la administración de Enrique Peña Nieto, sino además reconoció y asumió una responsabilidad por acción que los paramilitares perpetraron con la acción y omisión de las autoridades mexicanas”, indicó el indígena tzotzil.
“Exigimos que así sea, que se cumpla, se investigue y se lleve a juicio a Ernesto Zedillo Ponce de León, ex presidente de México y toda su cadena de mando, señalándolos de autores intelectuales durante estos 22 años de lucha por la masacre de Acteal”, abundó Luna Pérez, quien destacó, además, que hacer justicia desde el más alto nivel de gobierno, es una forma de garantizar la no repetición de los hechos.
“En su defensa, Ernesto Zedillo Ponce de León, para negar su responsabilidad intelectual en la masacre de 45 indígenas tzotziles, acusó que los indígenas somos violentos [Dijo que] lo que ocurrió en Acteal es resultado de un conflicto intracomunitario, problema de tierra y religión, esta versión gubernamental fue acuerpada por algunos intelectuales y escritores”, agregó Luna Pérez.
El indígena tzotzil recordó que el 22 de diciembre de 1997 un grupo de unos 100 paramilitares pertenecientes a los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y el Frente Cardenista, masacraron a 45 personas con alevosía y premeditación.
El también sobreviviente de la masacre subrayó que los autores materiales estaban adiestrados, portaban armas de uso exclusivo del Ejército y actuaron en una lógica de contrainsurgencia.
“En nombre de las 163 víctimas que representamos, aceptamos esta disculpa pública porque el pueblo tzotzil tenemos un corazón enorme, somos un pueblo de paz […] También aceptamos esta disculpa porque nosotros desde siempre hemos venido trabajando la paz, la palabra y el diálogo, han sido nuestros medios, es lo que nos ha caracterizado”, manifestó.
“Llega la verdad, en el pequeño rincón llamado Acteal decimos en colectivo que sí se pudo, lo logramos, triunfó nuestra palabra y encontró un lugar en las páginas de la historia moderna de México […] Porque permaneció la verdad de los sobrevivientes, que sostenemos: la masacre de Acteal es un crimen de Estado, de lesa humanidad”, insistió Luna Pérez.
“Y caducó la mentira de Ernesto Zedillo Ponce de León, que plantea (que) la masacre de Acteal fue resultado de un conflicto intracomunitario, conflicto de la tierra y de religión […] No podemos los pueblos y comunidades estar peleados todo el tiempo, el odio y el rencor que sembraron en nuestros pueblos los anteriores gobiernos debe terminar”, apuntó el índígena Tzotzil.
“Es tiempo de reconciliación, es tiempo de que haya paz, es hora de que en nuestros pueblos se construya una unidad, porque la guerra y los conflictos no son propios de nuestros pueblos”, dijo Luna Pérez, quien también señaló al ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Fierro; al ex titular de la SEGOB, Emilio Chuayffet Chemos; y el ex secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, entre otros, como coresponsables de la masacre.
