Ante legisladores, el secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, reconoció que gran parte de los recursos destinados a apoyar a MiPyME no han sido autorizados por falta de disponibilidad. En la comparecencia se deja fuera crecimiento de la entidad; especialistas estiman que el PIB estatal podría caer 10%
Con información sesgada y sin preguntas agudas por parte de integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional en el Congreso local, se efectuó la primera comparecencia de la Glosa del Primer Informe de Labores del gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez.
El debutante secretario de Economía Sustentable y Turismo Mario Escobedo Carignan, enfrentó un ambiente terso y una postura condescendiente de los legisladores, quienes no lograron que compartiera datos que den cuenta real del impacto económico que ha generado la epidemia de coronavirus en Baja California.
No obstante, lo que sí aclaró es que la administración de Bonilla Valdez no cuenta con un plan post-COVID que incentive el crecimiento económico que no sea otro que permitir el reinicio de actividades de empresas que habían suspendido labores por la contingencia sanitaria. A la fecha, 5 mil 625 compañías han reiniciado labores en BC, “independientemente de quienes se han reactivado porque son esenciales”, señaló Escobedo Carignan.
Las casi tres horas que duró la comparecencia fue “una fiesta de amigos” con la mayoría de legisladores del partido en el gobierno o afines, consideró el economista Roberto Valero. “Más allá de que, desde la Legislatura pasada tenemos unos diputados muy acríticos, tenemos una generación de políticos muy ignorantes”, que aplauden todo lo que les dicen sin tener elementos para evaluar el desempeño real de los gobiernos.
Aunado a ello, el tiempo resultó insuficiente para abordar temas importantes no solo en materia económica, sino turística y ambiental conforme a las múltiples funciones de la Secretaría de Economía Sustentable y Turismo (SEST), ya que de las dos rondas de preguntas previstas, se efectuó una.
Durante la sesión del 14 de septiembre, la panista Loreto Quintero Quintero preguntó cuál es la proyección de empresas que cerrarán definitivamente y cuántas fuentes de empleo se perderán por causa de la pandemia por coronavirus. A lo que Escobedo Carignan contestó que en el Seguro Social se perdieron 174 patrones.
Empero, datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indican que al 31 de agosto habían inscritos 38 mil 710 patrones, es decir, 354 menos que en marzo (39 mil 064), mes con más patrones y cuando inició la epidemia de COVID-19.
Presumió que hasta julio pasado “éramos el único Estado de la República que había generado empleos”, ya que BC reportó 6 mil 783 trabajos formales más que el mismo periodo del año previo.
Si bien el empleo perdido se ha ido recuperando, en agosto el número de puestos de trabajo inscritos en el IMSS (915 mil 557) es inferior al de marzo, de 916 mil 498.
Para el economista Roberto Valero, lo más preocupante es que la precariedad laboral se está expandiendo, ya que quienes “están regresando a los registros del IMSS, lo están haciendo con una disminución en su salario”.
“Solamente de mayo a junio, los ocupados con dos salarios mínimos incrementaron a 16 mil 662 trabajadores (en detrimento de otros niveles salariales)”, señaló el especialista, además de destacar que ello se ve reflejado en el aumento de la pobreza laboral. Es decir, personas cuyo sueldo no les alcanza para adquirir la canasta alimentaria.
Por otro lado, como el mismo secretario reconoció, se desconoce cuál ha sido el impacto negativo para quienes ya trabajaban en la informalidad, y ningún diputado hizo énfasis sobre alguna estimación del incremento de la informalidad derivado de la pandemia.
GOBIERNO ENTREGA 22.5% DE RECURSOS PROMETIDOS
En la página 37 del Informe de Gobierno de Bonilla Valdez, se destaca que dentro del compromiso 40 (Apoyar de manera decidida las actividades empresariales y propiciar la creación de suficientes empleos) se “puso a disposición el Programa Emergente de Protección a la Nómina COVID-19”, el cual ofrece apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyME) que recibirían financiamiento para proteger el empleo en el Estado. Detalla que dicho fondo se destina al pago de nómina, capital de trabajo y pasivos en pagos de renta y servicios, mediante créditos de 30 mil hasta 200 mil pesos, con un techo financiero del programa de 30 millones de pesos.
Igualmente, expone que se estableció el Programa Emprende, dirigido a empresas de reciente creación (con antigüedad de hasta un año formalizadas), con el que se financiaría su capital de trabajo, infraestructura, maquinaria y equipo.
En la comparecencia en el Congreso local, el diputado petista Julio César Vázquez preguntó sobre el resultado de los programas en el marco de la epidemia, ya que aseguró que constantemente había recibido llamadas y mensajes “que a algunas personas no les ha llegado el apoyo, a pesar de haber enviado todos los requisitos, incluso refieren que no se les ha notificado en algunos casos, y eso en realidad me preocupa”.
Ante esto, Mario Escobedo Carignan reconoció que de los 30 millones de pesos destinados al programa de Protección de Nómina falta por autorizar 17 millones 500 mil pesos. Pese a que dicha cifra significa 58.3% del recurso destinado, este programa es el que más recursos ha entregado, ya que en el programa Emprende Empresarial están pendientes por autorizar 15 millones 173 mil pesos (de los 20 millones designados).
Mientras que el programa Emprende Tradicional solo ha entregado 1.86% de los recursos, puesto que falta por autorizar 15 millones 702 mil pesos, de los 16 millones destinados.
En promedio, estos tres programas que pretendían ser un apoyo para MiPyME, solo han entregado 22.5% del total del recurso que les fue presupuestado, según datos del secretario.
La razón es que el dinero no ha estado disponible. “Es un tema que estamos viendo semana tras semana con la Secretaría de Hacienda, y en la medida en que va cayendo el recurso vamos asignando”, justificó Escobedo Carignan.
Por otro lado, en el documento del Informe de Labores (página 476) se indica que BC registró inversiones tanto de origen nacional como extranjero por mil 330 millones de dólares de agosto de 2019 a julio de 2020, con lo que Baja California se “posiciona en el sexto lugar nacional con mayor captación”.
En ese periodo, la Inversión Extranjera Directa (IED) captada por BC sumó mil 13.7 millones de dólares (mdd), según la Secretaría de Economía federal.
Los datos de la dependencia federal exponen que, en el primer semestre de 2020, la entidad recibió 761.2 mdd de IED; lo que significa una reducción de 54.4 mdd respecto al mismo periodo de 2019. De hecho, en el segundo trimestre de 2020, la IED fue de 194.4 mdd, la cifra más baja para un segundo trimestre desde 2009.
A nivel nacional, las entidades federativas que en el primer semestre de 2020 han recibido más IED son: Ciudad de México 3 mil 419.8 mdd; Estado de México, mil 335.8 mdd; Jalisco, mil 542.7 mdd; Nuevo León, mil 922.6 mdd; San Luis Potosí, 883.3 mdd; Veracruz, 849 mdd; y en séptimo lugar, Baja California, 761.2 mdd.
Si se considera la IED captada desde el tercer trimestre de 2019 al segundo trimestre de 2020 (que abarcaría la mayor parte de la actual administración), Baja California se ubica en noveno lugar nacional.
El economista Roberto Valero destacó que en el segundo trimestre, BC tuvo un saldo negativo de -13.7 millones de dólares en el ramo de inversiones nuevas de IED, y de -22 millones de dólares en cuanto a reinversión de utilidades.
“La implacable persecución de empresas por parte de la administración de Jaime Bonilla Valdez propició que la cifra de desinversión extranjera directa alcanzara los 284 millones de dólares, entre el cuarto trimestre de 2019 y el segundo trimestre de 2020. Esto representa la mayor salida de capitales en la historia, incluyendo la gran recesión”, afirmó.
Por países, Japón continúa siendo el que más ha retirado capitales de Baja California. “En el periodo de Jaime Bonilla se ha llevado 112.6 millones de dólares”, apuntó.
PIB DE BAJA CALIFORNIA CAERÍA 10% EN 2020
Un tema que los diputados no preguntaron, ni Escobedo Carignan trató en la comparecencia o está plasmado en el Informe de Gobierno, es el crecimiento económico de BC, señaló Valero, quien destacó su importancia, porque sin crecimiento no hay generación de empleo.
Detalló que desde el tercer trimestre de 2019, el Producto Interno Bruto (PIB) estatal bajó -0.4%; en el cuarto trimestre -0.2%, y en el primer trimestre de 2020, -0.05%. Estos datos encienden los focos rojos, al reflejar un estancamiento económico antes que la epidemia de COVID-19 impactara de lleno a la actividad productiva.
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Respecto este punto, el presidente del Colegio de Economistas de Baja California, Ismael Plascencia López, estimó que el PIB estatal caerá alrededor del 10%, igual que lo hará el PIB nacional.
Su pronóstico anterior era de -12% para el PIB estatal, y ha mejorado “debido a la resiliencia” de Tijuana y Mexicali en cuanto a mantener la actividad productiva pese a la enfermedad COVID-19.
“Lo que pase en Baja California no va a ser por la ayuda del gobierno, sino a pesar del gobierno”, sobre todo del federal, que “ha abandonado” a los estados en pro de seguir haciendo sus proyectos de infraestructura, como el Tren Maya, la Refinería Dos Bocas y el Aeropuerto de Santa Lucía.
CIFRAS DE TURISMO IGNORAN COVID-19
En la página 486 del Informe de Gobierno, se indica que en las diferentes instalaciones aeroportuarias del Estado se recibieron 7 millones 613 mil pasajeros de agosto de 2019 a julio de 2020, y que tan solo en el Aeropuerto de Tijuana se registraron 6 millones 769 mil pasajeros.
Sin embargo, información pública del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) da cuenta de que en el periodo referido por la SEST, los aeropuertos de Tijuana y Mexicali transportaron en conjunto a 5 millones 678.6 mil pasajeros (Tijuana, 4 millones 800 mil pasajeros; Mexicali, 878.5 mil).
Según el último reporte del GAP, de enero a agosto de 2020, la terminal aérea de Tijuana tuvo 2 millones 673.2 mil viajeros, lo que significó una reducción de -32.5% en términos anuales. Mientras que el Aeropuerto de Mexicali registró 420.8 mil pasajeros, es decir, una caída de -46.1%.
Igualmente, llama la atención que en el Informe de Gobierno no se mencione que derivado de la COVID-19, las navieras suspendieron todos los cruceros desde marzo pasado. Si bien, los datos de la Secretaría de Turismo federal indican que Ensenada recibió 61 cruceros de enero a junio de 2020, ubicándose como el tercer puerto a nivel nacional (lo que es consistente con lo que destaca el Informe de Gobierno), la cifra representa una reducción anual de -56.4%
En opinión del economista Roberto Valero, ignorar estas afectaciones en el Informe de Gobierno es “insensible” para con las personas que han perdido su trabajo o visto reducido su ingreso en el Estado, y particularmente en Ensenada, por la baja de turismo.
La autoridad no dice cómo va a cubrir o apoyar a los negocios que dependen de los cruceros. “El gobernador piensa que dando despensas ya se resuelve el problema, pero el pobre también tiene aspiraciones, quiere dejar de recibir dádivas y tener sus propios ingresos y viajar, tener un carro, una casa. En su desconexión con la realidad, Bonilla no lo entiende”, reflexionó Valero.
De ahí la importancia que el gobierno apoye a las MiPyME, las cuales representan 95.5% del total de las empresas en BC y ofrecen 60% del empleo. Si no se les apoya, “se pone en riesgo su existencia”, añadió.
El Informe de Gobierno destaca que en el periodo de agosto de 2019 a julio de 2020, los destinos turísticos en BC registraron una variación porcentual descendente del 23% comparada con el periodo anterior. “Resultado de ello, se registraron 3 millones 522 mil cuartos ocupados en el Estado”, subraya el documento.
El dato más reciente de la Secretaría de Turismo, que data de 2018, indica que en el país había 808 mil 139 cuartos, y en Quintana Roo (uno de los principales destinos turísticos) 105 mil 342 habitaciones.
En ese sentido, Valero cuestionó la información del gobierno, pues tomar en cuenta la ocupación desde agosto de 2019 contribuye a minimizar los estragos de la COVID-19. “La ocupación hotelera en el Estado sigue registrando las tasas más bajas de su historia. El caso más dramático es San Felipe, que bloqueado por el Ayuntamiento de Mexicali, tuvo cero ocupación en junio”, dijo.
Con cifras preliminares, al primer semestre de 2020, San Felipe tenía una caída del 73% en su ocupación hotelera; Tijuana, de -53%; Rosarito -49%; Tecate -44%; y Mexicali -43.1%.
Y consideró que revertir los daños millonarios al sector turístico, particularmente al hotelero, llevará varios años.
Un tema pendiente de la comparecencia fue la inversión de la infraestructura turística en la que destaca la obra del Parque de Playa (mirador) en Playas de Tijuana, que está inconclusa desde la administración pasada. O la inversión de 4 millones 500 mil pesos a la calle Sexta en la Zona Centro de Tijuana, para -entre otros trabajos- colocar la línea eléctrica subterránea; sin embargo, los postes eléctricos se mantienen en el lugar.
Finalmente, tanto Plascencia López como Valero destacaron como un inhibidor del desarrollo económico el que no se respete el Estado de Derecho en Baja California, donde hay altos índices de inseguridad en el sentido más amplio de la palabra.
