El coronavirus dejó en vulnerabilidad a más de 96 mil familias en BCS, y una organización conformada por 191 asociaciones y empresas realizó un esfuerzo masivo para contener la crisis alimentaria por la pandemia. Más de 200 voluntarios entregaron 200 mil despensas en trabajos que realizaron en 45 mil horas en seis meses. La reactivación de la economía cierra el solidario y humanitario trabajo de la Alianza
El coronavirus provocó escenarios complicados en Baja California Sur y en México. El cierre de negocios, la falta de empleo y el miedo a los contagios, crearon una crisis sin precedentes en la historia de la entidad federativa.
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En el plano de la informalidad, BCS perdió alrededor de 20 mil empleos, según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero ¿qué sucede en aquellos hogares que viven del comercio informal?
La realidad es que la cifra negra de afectados por la pérdida de empleo traía otra problemática que amenazaba a las familias sudcalifornianas: la crisis alimentaria.
¿Cómo podrían sostenerse sin comida los hogares vulnerables ante una cuarentena obligatoria? En ese punto surgió un movimiento social que ayudó a mitigar el hambre en tiempos de coronavirus: la Alianza Comunitaria, en la que 191 asociaciones civiles, empresas y ciudadanos se unieron para crear una fuerza social para localizar los hogares con mayor necesidad y proveerlos de alimento.
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Lucía Frausto, líder de la Alianza, compartió que tras analizar cómo impactó la pandemia en Europa y Asia, se anticipaba un escenario muy crítico para Sudcalifornia, ya que el mayor porcentaje del empleo depende directa o indirectamente de la derrama del turismo.
“Vimos cómo se vivió en Europa el cierre de negocios, es diferente como se vive en Asia o Europa, a como se venía para América Latina, en México, donde la gente produce y saca de lo que hace a diario. Aquí donde el 70% del comercio es informal. De inmediato revisamos con asociaciones y empresas la posibilidad de distribuir alimento. Ya la veíamos muy cerca, era como un tsunami”, expuso la activista.
La seguridad económica en Baja California Sur estaba en riesgo. En un principio calculaban la entrega de 40 mil despensas, sin embargo, la realidad en el campo de trabajo fue otra: la necesidad en los hogares demandaba un mayor trabajo del que esperaban y proyectaban.
45 mil horas de voluntariado, mas de 200 mil despensas entregadas
De acuerdo con Frausto, en un inicio detectaron 40 mil familias en situación vulnerable, y una vez que salieron a las colonias, la cifra aumentó a 96 mil. En promedio, cada hogar tiene alrededor de cuatro habitantes. Según el aproximado, cerca de 400 mil personas estaban en un indicador de vulnerabilidad por la pandemia, más de la mitad de la población de BCS.
Hasta el momento, tras seis meses de trabajo se han entregado 200 mil despensas en viviendas de los cinco municipios de la entidad, en un trabajo masivo en el que empresas, ciudadanos y asociaciones han donado tiempo, alimento, insumos y medios de transporte para llegar a los domicilios más cercanos y recónditos del Estado.
Las despensas fueron armadas por especialistas que calcularon el valor nutrimental, con el objetivo de que aportaran un consumo saludable y rindiera la mayor cantidad de días posibles para las familias. Una familia de cuatro personas podía alimentarse hasta por dos semanas con los insumos de una despensa.
USO POLÍTICO Y GEORREFERENCIACIÓN, PRINCIPALES RETOS
Ante un movimiento de esa magnitud, los representantes de Alianza Comunitaria estuvieron atentos ante cualquier uso político que pudiera hacerse del trabajo de cientos de voluntarios. El reto más grande de este movimiento fue evitar que funcionarios y funcionarias aprovecharan para dar uso político con fines electorales a la causa.
– ¿Cómo evitar que servidores públicos empezaran a adjudicarse el trabajo?, cuestionó ZETA a Lucía Frausto.
“Todo esto son donaciones de gente que ha confiado en nosotros. Tuvimos que luchar con los ojos, hacer verificaciones para que no se desvirtuara la entrega de alimento con el paso del tiempo”.
Mientras que Alma Cota, encargada de encontrar las zonas prioritarias a través de la georreferenciación, señaló que hubo funcionarios que querían usar políticamente el movimiento: “No queríamos que la Alianza tuviera ningún tinte partidista, los donantes son muy cuidadosos, ningún donante te va a dar para alimentar la imagen de un político”.
Para evitar que los políticos se beneficiaran de la causa, el trabajo fue aún mayor. Cota cuenta que se acercaron a los cinco sistemas DIF municipales, en todos les negaron los datos por temas de protección y leyes
“Preguntamos primero a quién ayudaría a localizar a las familias necesitadas, mi lógica es que DIF Municipal debe tener padrones de las personas con necesidad y a quién entregárselas. Tuvimos acercamiento con todos los DIF, nadie quiso apoyarnos con el padrón de datos, la verdad había mucha desconfianza de los datos”, argumentó.
“Hubo otros que lo querían usar políticamente, de ‘sí, yo te digo, pero voy contigo a entregarlo’, recordó Alma.
Es ahí donde la experiencia la llevó a pensar en las zonas de atención prioritaria que maneja el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval). Gracias a esta información pudieron iniciar el reparto de despensas en la colonia Villas de Guadalupe en La Paz.
A partir del primer trabajo de campo se enfocó en la creación de una aplicación para desarrollar polígonos de atención. Basándose en leyes de Protección de Datos Personales y Transparencia, por medio de un aviso de privacidad pudieron recopilar información para regresar a los hogares más vulnerables.
“La base de datos no pedía ni INE, ni CURP, ni nada. Se levantaba por hogar. Preguntábamos si vivían personas con enfermedades crónicas, sus edades, situación de la familia si había adultos mayores, personas discapacidad y las ocupaciones. Iba a llegar el momento en que el recurso no nos iba a permitir hacer estos barridos totales en las colonias e íbamos a tener que priorizar los hogares con mayor necesidad”, añadió.
De abril a junio, Alianza Comunitaria entregó despensas en todas las viviendas de zonas prioritarias. No obstante, con la baja en recursos y personal por la reactivación económica, priorizaron el apoyo alimentario en casas con adultos mayores, personas con discapacidad y con enfermedades que aumentaban el riesgo de mortandad ante el coronavirus.
La recolección de datos arrojó información que puede ser utilizada por las instituciones públicas, gracias a la georreferenciación, se identificaron asentamientos humanos en zonas irregulares no registradas por autoridades y nuevas zonas de atención prioritaria.
Durante la travesía para llegar a las familias, detectaron hasta 300 casas asentadas en arroyos que hasta hace poco no estaban marcadas en mapas.
“Es el legado que va a dejar la Alianza para los gobiernos locales que nos dijeron que no tenían padrones. Los vamos a entregar cumpliendo con la protección de datos, sin nombres de beneficiarios, solo con el polígono donde deben trabajar”, adelantó Cota.
BIOSEGURIDAD Y VOLUNTARIOS
La cooperación estaba en la mesa: empresarios y asociaciones civiles trabajaban para conseguir el alimento, sin embargo, faltaba el mecanismo más importante para hacer llegar la ayuda: el capital humano.
Víctor Flores, coordinador de voluntarios de Alianza Comunitaria, afirmó que al inicio tuvieron veinte colaboradores, y gracias a la difusión de boca en boca, la cifra aumentó hasta llegar a 208.
“Empezamos a trabajar con las redes sociales, estábamos indecisos en mostrar lo que hacemos porque se llega a malinterpretar. Creo que otro punto fuerte, fue que las personas que venían con nosotros eran universitarios, recién egresados, veían la realidad de lo que hacíamos e invitaban a otras personas, más allá de una campaña para incorporar a otras personas. Lo mejor fue que los mismos voluntarios invitaron a otras personas”, subrayó.
Para acercarse a las viviendas, tuvieron una capacitación para comunicarse con personas en situación de vulnerabilidad, “como no tenían trabajo ni cómo salir a buscar un ingreso, se vio duro. Salíamos con 200 despensas al día, cada una pesaba cuatro kilos. En junio todos los municipios estaban mal económicamente, en lugar de salir con 200, salimos con mil 200”, contó.
El voluntariado se dividía en dos: entregas masivas y equipo especial de zonas rurales, ambos grupos iniciaban labores entre las cuatro y cinco de la mañana.
Flores recordó que el equipo de zonas rurales atravesó arroyos y acampó hasta cinco días para llegar a rancherías y zonas remotas como Sierra de San Antonio, Cañón de la Corra y Sierra de la Laguna.
¿Cómo realizar entregas masivas visitando casi cien mil viviendas en medio de una pandemia? El riesgo estaba frente a todos, no obstante, la implementación de medidas de bioseguridad permitieron a Alianza Comunitaria convertirse en un ejemplo en la materia.
Christian Zavala, encargado de bioseguridad, diseñó el programa de capacitación para los más de 200 voluntarios que colaboraron con el movimiento.
“Siempre me interesó apoyar con alimentos, pero no es una crisis o eventualidad normal como un huracán. Tenemos que saber cómo cuidarnos como equipos y cómo beneficiar a las personas”, detalló.
Su experiencia en turismo recreativo y en campo abierto, así como sus certificaciones como paramédico, le permitieron instruir a los colaboradores. Partieron desde el entendimiento del coronavirus y cómo protegerse: cómo se transmite, signos y síntomas.
Además, establecieron cuatro puntos críticos: antes de llegar por las despensas, durante y después del reparto y al llegar a cada casa.
Había un protocolo, la ropa que debían llevar era para protegerse no solo del virus, también de las temperaturas. La vestimenta: zapato cerrado, tenis, camisa larga, lentes, gorra y guantes. Tras los trabajos diarios, la ropa debía ponerse en una bolsa de plástico. Agregaron lavamanos portátiles que permitieron la desinfección inmediata.
En caso que uno de los voluntarios presentara temperatura mayor a 37.5 grados, no se le permití entrar a reparto de despensa.
Este protocolo arrojó como resultado solo cuatro contagios dentro de los voluntarios en seis meses de trabajo. Tuvieron cerca de 55 sospechosos, a los cuales dieron seguimiento epidemiológico.
EL CIERRE DE ALIANZA COMUNITARIA
Más 45 mil horas de voluntariado, más de 200 mil despensas entregadas. Gracias a la georreferenciación que elaboraron, el trabajo de Alianza Comunitaria puede marcar un precedente para erradicar y trabajar en zonas de desigualdad en Baja California Sur.
Para su directora, Lucía Frausto, la reactivación económica que inició el 15 de junio comenzó a debilitar las filas de Alianza Comunitaria: “Hemos estado dedicando el tiempo de las organizaciones cuando tenemos muchas otras tareas, tenemos otras obligaciones que cumplir como empresas y asociaciones. Necesitamos regresar a nuestro trabajo cotidiano, los voluntarios que han estado con nosotros, muchos trabajan en el turismo. Cuando se reactivó, muchos regresaron a trabajar. También las camionetas que prestaban por parte de la industria de la construcción para llegar a las colonias”.
El próximo 30 de septiembre, Alianza Comunitaria repartirá las últimas despensas de un trabajo de seis meses que ayudó a contener una crisis adicional a la económica y de salud provocada por el coronavirus en BCS.
El granito del movimiento, según sus integrantes, es la información seleccionada para evitar un uso político y la cultura permanente de la contribución y solidaridad.
“La Alianza no se desbarata, no vamos a dejar de trabajar y apoyar, sino que vamos a transferir las capacidades que generamos a pequeños grupos, como si fuera acupuntura en todo el Estado. No vamos a dejar que se apaguen esas lucecitas y esos foquitos”, finalizó Frausto.
