El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló este lunes 31 de agosto, que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la que decidirá invalidar o no en su totalidad la ley que crea el Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación del Estado de Baja California, iniciativa promovida por el gobernador Jaime Bonilla Valdez, que fue aprobada por el Congreso local y publicada en el Periódico Oficial estatal, el pasado 6 de marzo, con lo que se pretende censar los vehículos importados al país, incluidos los que ingresaron ilegalmente, denominados “chocolate”.
“Nosotros sostenemos que corresponde al Gobierno Federal decidir sobre estos temas, sin embargo, hay otro punto de vista que es el del Gobierno del Estado [de Baja California], entonces para eso está la Corte, que es para resolver las controversias, para que haya legalidad”, señaló el mandatario nacional, durante su conferencia de prensa matutina.
De no ser anulada toda la ley, la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal pidió a la SCJN invalidar 17 de sus 30 artículos. Lo anterior, por considerar que la entidad invade atribuciones exclusivas de la Federación en materia de importación, recaudación de impuestos y regularización de vehículos usados provenientes de Estados Unidos, que desde la década pasada está normada por decretos presidenciales.
La controversia constitucional fue presentada por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal el pasado 21 de julio, y el día 31 de ese mismo mes, la ministra Yasmin Esquivel Mossa admitió la demanda a trámite. Sin embargo, la SCJN interrumpió desde el 18 de marzo, los plazos legales por la pandemia derivada del coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19) y los reanudó hasta el 3 de agosto.
El pasado 10 de agosto, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que para la legalización de autos “chocolate”, es necesario un acuerdo con los distribuidores de vehículos. Al ser cuestionado al respecto, el mandatario nacional destacó que “eso lo tiene que atender la Secretaría de Economía del Gobierno Federal”, porque es a dicha institución “a la que corresponde y se tiene que buscar un acuerdo”.
El politíco tabasqueño señaló que la regularización de estos vehículos “no es bien vista por los distribuidores de vehículos, hay que buscar un acuerdo […] En algunos estados del norte lo que se hace es que se lleva un registro, porque sí en el caso de Baja California, se ha demostrado que muchos delitos se cometen con estos carros irregulares”, agregó.
Sin embargo, el titular del Poder Ejecutivo Federal mencionó que “hay que ver que tipo de regularización es la que están proponiendo, nosotros hasta que la Secretaría de Economía lo autorice y lo considere necesario”. El gobernador respondió durante una transmisión en vivo por Facebook, que “El tema de los autos chocolates es un tema de seguridad y el presidente lo sabe”.
“Estamos trabajando en un decreto que le vamos a presentar al presidente, él conoce el tema y reconoce que es un problema de seguridad, también reconoce que son varias secretarías las que tienen que meter mano, pero nos preocupa más la seguridad en Baja California”, declaró Bonilla Valdez.
El pasado jueves 6 de agosto, el gobernador de Baja California afirmó que “vamos avanzando con lo de los autos chocolate para regularizar esa situación […] Ha sido cuesta arriba. Decirles que estamos trabajando muy duro en eso”, aseveró el mandatario estatal durante una transmisión en vivo en la red social Facebook.
En febrero pasado la mayoría de los diputados del grupo parlamentario del partido Morena en el Congreso local, aprobó la Ley del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación, que llevaría a cabo el registro de vehículos usados de procedencia extranjera, conocidos como autos “chocolate”, sin embargo, este aún no comienza sus operaciones.
Antes, el pasado 29 de julio, el mandatario bajacaliforniano afirmó que sería dado a conocer un programa para la regularización de los “autos chocolates”, tras revelar que “el presidente Andrés Manuel López Obrador está por autorizar un decreto”. Bonilla Valdez precisó que dicho programa sería para regularizar, pero no para “nacionalizar” las unidades automotoras que así sean consideradas.
-Con información de Reforma y ZETA.
