La Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI AC (Cocut) promueve una demanda de juicio político contra los diputados de la XXIII Legislatura de Baja California que el 16 y el 30 de julio votaron en contra o en abstención la iniciativa de reforma para instituir el matrimonio entre personas del mismo sexo.
El recurso, promovido por el presidente de Cocut, Andrés Cruz Hernández, así como por la integrante de la asociación María Teresa Díaz de Estrada y el abogado Jonathan López de la Rosa, está contemplado para turnarse a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, en aras de crear una comisión que proceda en contra de los legisladores objeto de la demanda.
La iniciativa presentada por los diputados de Morena Miriam Elizabeth Cano Núñez y Catalino Zavala Márquez (actualmente con licencia) fue sometida a consideración del pleno del Congreso local, el 16 de julio. Estaba encaminada a modificar el artículo séptimo de la Constitución Política de Baja California, referente a que el matrimonio debe ser entre hombre y mujer.
En aquella ocasión votaron en contra del proyecto plasmado en el dictamen 49 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, Eva María Vázquez Hernández y Loreto Quintero Quintero, ambas de Acción Nacional, así como Efrén Moreno Rivera, del hoy extinto Transformemos. A su vez, sufragaron en abstención Carmen Leticia Hernández Carmona, Juan Meléndrez Espinoza, Victor Morán Hernández y Víctor Hugo Navarro Gutiérrez, de Morena; al igual que Claudia Josefina Agatón Muñiz, del Partido del Trabajo, Miguel Ángel Bujanda Ruiz, sin arropo partidista, y David Ruvalcaba Flores, del Partido Revolucionario Institucional.
El 30 de julio, la enmienda se sometió de nuevo a votación, en este caso con número de dictamen 51, y volvieron a votar en contra las diputadas del PAN y el legislador emanado de Transformemos, mientras que Hernández Carmona, Meléndrez Espinoza y Navarro Gutiérrez dejaron de abstenerse y se manifestaron en oposición a la modificación a la ley. Por lo que respecta a Morán Hernández, se mantuvo en su postura de votar en abstención y Ruvalcaba Flores cambió el sentido de su voto para sumarse a quienes aprobaban la iniciativa.
En ambos casos el proyecto fue rechazado, en vista de que para su aprobación se requerían 17 votos a favor de los 25 diputados que integran la Legislatura de BC, mayoría calificada.
El abogado López de la Rosa refirió en conferencia de prensa celebrada este lunes 31 de agosto, que con el juicio se pretende fincarles responsabilidad a los legisladores que votaron en contra o en abstención, toda vez que a su modo de ver atentaron contra los derechos de la comunidad lésbico-gay-bisexual-transgénero-intersexual, anteponiendo “intereses eclesiásticos”, de las iglesias cristiana y católica.
El objetivo “es precisamente evitar que los diputados sigan votando en contra de nuestros derechos, que sigan haciendo uso de consignas de odio para poder atraer a gente en contra de la diversidad sexual”, manifestó.
Sacó a colación el caso de Janine Huerta, la mujer transgénero que el 28 de agosto fue encontrada muerta en su domicilio, en la colonia Francisco Villa de Tijuana, B.C.
“Todos esos discursos de odio que personas predican a través del Congreso del Estado para evitar el ejercicio de nuestros derechos, nos está afectando a tal grado de sufrir agresiones de forma directa”, mencionó el abogado. “A causa de esos discursos y de legislar con la Biblia en lugar de la Constitución, nos está causando un problema bastante grande”, añadió.
Expuso que con la iniciativa, de la cual dijo que se volverá a discutir en el actual periodo ordinario de sesiones, la comunidad LGBTI busca que se instaure el matrimonio igualitario para efectos de contar con “un contrato civil, que es meramente un acuerdo de ambas voluntades para llevar a cabo los fines esenciales de la familia”.
En ese tenor expresó: “no es posible que en estos tiempos estemos batallando por un documento que dé certeza legítima a nuestras uniones”.
Comentó que en medio de la contingencia por propagación del coronavirus COVID-19, personas que han perdido a su pareja del mismo sexo a causa de la enfermedad respiratoria, “se han visto en problemas para recoger el cuerpo de su concubino”, pues “jurídicamente no hay un vínculo que los unan”.
A pregunta expresa, López de la Rosa sostuvo que los diputados bajacalifornianos que no procedieron a favorecer el proyecto de reforma, faltaron al principio de laicidad e incurrieron en el delito de discriminación contra la comunidad LGBTI, a la cual en este caso definió como “personas que buscan tener acceso a documento que les otorga derechos y obligaciones”.
Finalmente, manifestó que “la idea de juicio político es ejercer presión, a fin de que los diputados logren consenso”.
