La iniciativa presentada por el gobernador del Estado, Jaime Bonilla Valdez, establece candados y vuelve prácticamente imposible para los ciudadanos promover la revocación de mandato, pero facilita el proceso para funcionarios en el poder, acusa el representante de Movimiento Ciudadano, Salvador Miguel de Loera. Extrañamente, Bonilla proponen cambios a esta iniciativa de reforma que su administración recién presentó: plantea la necesidad que alcaldes y regidores también sean sometidos a la revocación de mandato
Una de las propuestas -y promesas- más importantes del gobernador Jaime Bonilla Valdez durante su periodo de campaña, fue la de impulsar reformas constitucionales y leyes secundarias que dieran acceso a la revocación de mandato, a través de los esquemas de participación ciudadana como el referéndum, plebiscito o consulta ciudadana.
El tema generó simpatías y votos en gran parte de la sociedad, ya que dichos mecanismos son urgentes para promover la intervención de los ciudadanos bajacalifornianos en las decisiones trascendentales de su gobierno.
Aunque la revocación de mandato ya está regulada en el Artículo 12 de la Constitución del Estado y la propone a través de un juicio político que se puede promover por responsabilidad penal cuando la autoridad competente así lo determine; por la incapacidad total y permanente para ejercer el cargo, que será declarada por autoridad judicial y ratificada por el Congreso del Estado; también, mediante acuerdo de dos terceras partes del Congreso a los munícipes; o cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo determine.
Lo que se busca en una nueva propuesta, es que la ciudadanía tenga una intervención activa en el proceso de remoción de servidores públicos.
Sin embargo, la propuesta de 15 páginas presentada por el gobernador morenista y signada por su secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano el 28 de julio, contiene una serie de inconsistencias y bemoles que ponen en duda la apertura del actual gobierno a la participación ciudadana, asegura el representante del partido Movimiento Ciudadano, Miguel de Loera.
En su opinión, la iniciativa contiene una serie de candados que vuelven casi imposible la revocación de mandato popular, como el hecho que requiera el respaldo del 2.5% del padrón electoral para iniciar el procedimiento, pero también una votación superior al 50% para que sea vinculante, lo cual resulta absurdo, sobre todo si se considera que en la elección donde triunfó el ingeniero Bonilla, apenas participó el 29.90% del padrón y el 2.5% del padrón electoral, con más de 70 mil ciudadanos.
Adicionalmente, la exposición de motivos de la iniciativa firmada por Rodríguez Lozano, que debería reflejar las necesidades de la realidad actual de los bajacalifornianos, es casi idéntica a otra iniciativa de revocación de mandato presentada en 2012 por Jaime Fernando Cárdenas Gracia, ex diputado federal del Partido del Trabajo (PT) en la LXI Legislatura, la cual se encuentra disponible en la Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Unión.
Ambos textos fueron analizados por una docente de la Universidad Autónoma de Baja California -quien pidió anonimato- para determinar si hubo plagio, y concluyó que el documento firmado por Lozano replicó el 63% de la exposición de motivos de la iniciativa, y un 70% si el análisis incluye los párrafos parafraseados. Incluso repitieron errores ortográficos y de sintaxis, lo cual refleja una mala práctica en el proceso legislativo.
LA INICIATIVA DE BONILLA
El proyecto presentado por el gobernador para definir las bases que sustenten la revocación de mandato en Baja California, aún no es turnado a Comisión, pero la iniciativa contempla varias reformas a los artículos 5, al 12, 18 y 27 de la Constitución Política del Estado y establece los cimientos de lo que será una serie de complejas reformas que representará meses de trabajo.
La iniciativa abre la posibilidad de remover a un diputado o al gobernador, a través del voto popular. Como puntos destacados establece:
– (La revocación) Podrá requerirse una sola vez durante el encargo a partir de los dos años para gobernador y a la mitad del trienio por el diputado en cuestión.
– Podrá ser requerida por el gobernador a los diputados locales.
– Debe ser solicitado por al menos 2.5% de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral del distrito o circunscripción electoral por el que resultó electo. De acuerdo al padrón actual, en el distrito más pequeño necesitarían 3 mil 750 firmas, y en el más grande 4 mil 600. En el caso de los municipios, Tecate, que es el menos numeroso, requeriría 2 mil 160 firmas, y Tijuana, el más extenso, 35 mil 800 firmas.
– Debe estar debidamente fundada y motivada la causa por la que se solicita.
– Los solicitantes deberán incluir nombres completos, claves de elector, domicilio completo, firmas y una copia de la credencial electoral.
De acuerdo al Artículo Tercero Transitorio de la reforma, el proceso de revocación podrá solicitarse a partir de la pérdida de confianza del servidor público en cuestión. La iniciativa también reconoce al Instituto Estatal Electoral como el órgano encargado de determinar la procedencia de la solicitud, pero también de organizar y emitir los resultados de la elección, mismos que serán turnados al Congreso local.
Miguel de Loera, representante de MC / Regidor Fernando Rosales / Eva María Vázquez
ES UNA HERRAMIENTA “A MODO” PARA EL GOBERNADOR Y DIPUTADOS: MIGUEL DE LOERA
El más férreo crítico de la iniciativa presentada por el gobernador, fue el representante de Movimiento Ciudadano (MC) ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC), Salvador Miguel de Loera, quien la define como una que “distorsiona y entorpece la implementación de instrumentos de participación, y de manera furtiva, crea una herramienta a modo para que el gobernador y legisladores, se erijan en tribunales especiales o inquisidores”, al plantear condiciones muy difíciles para que los ciudadanos soliciten la revocación, pero otorga carta abierta a mandatarios y legisladores para realizar el mismo trámite.
Mientras que los ciudadanos necesitan reunir 2.5% de firmas del padrón electoral -70 mil en caso de la gubernatura- para solicitar una revocación, el gobernador y los legisladores pueden pedirlo ante el órgano electoral de manera directa, y este determinará su procedencia.
“Los requisitos para acceder al instrumento son desproporcionados. Los funcionarios podrán activarlo son un simple trámite y la sociedad organizada deberá desembolsar cientos de miles pesos para presentar la solicitud, pues estamos hablando de más de 140 mil documentos entre formatos y copias que se deberán adjuntar, todo mientras enfrenta al poder público”, sostuvo el representante de MC.
Abundó que cuando la reforma establece que cualquier recurso de apelación relacionado con la revocación de mandato deberá presentarse ante el Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, los promoventes no están contemplando que de acuerdo con el Artículo 284 de la Ley Electoral de Baja California, este Tribunal solo puede ser requerido por:
- Las asociaciones políticas, por conducto de sus representantes legítimos, cuando se les haya negado el registro como partidos políticos.
- Los aspirantes a candidato Independiente, cuando se consideren afectados por los actos o resoluciones de los órganos electorales emitidos con base a la Ley que reglamenta las candidaturas independientes en el Estado.
III. Por los militantes de los partidos políticos estatales para impugnar los actos o resoluciones de estos, con relación a los asuntos internos a que se refieren la Ley de Partidos Políticos del Estado.
- Por los militantes de los partidos políticos nacionales para impugnar los actos o resoluciones emitidos, con relación a la fracción IV del Artículo 29 de la Ley de Partidos Políticos del Estado, cuando incidan en el proceso electoral local.
Esto dejaría imposibilitados a servidores públicos y mandatarios de impugnar una decisión popular.
MOLINA ASEGURA QUE SERÁ PISO PAREJO
El diputado Juan Manuel Molina admitió que puede malinterpretarse la redacción de la propuesta, pero que tanto el gobernador como los diputados que soliciten la revocación, requerirán cumplir con todos los requisitos establecidos en la Ley para promover la revocación de mandato por vía popular.
MILES DE FIRMAS
Tanto el representante de MC, como el regidor perredista en Mexicali, Fernando Rosales, cuestionaron el porcentaje del padrón electoral para solicitar la revocación de mandato, ya que requiere el 2.5% del padrón electoral, que cuenta con 2 millones 816 mil 510 personas. Recordaron que la cifra es sumamente alta, pues para llevar a cabo un plebiscito o referéndum se necesita solo el 1.5%.
Aunque Salvador Miguel de Loera lo vio como una “traba” para complicar el inicio de un proceso de remoción popular, para el regidor Rosales representa un avance hacia la democracia, porque si el gobernador o diputado en cuestión han sido lo suficientemente malos, seguramente sería fácil conseguir las firmas.
Respecto a la necesidad de alcanzar un 50% del padrón para que la decisión sea efectiva y se remueva al actor político en cuestión, ambos coincidieron en que sería sumamente complicado llegar a esta cifra, porque históricamente BC ha sido una entidad abstencionista.
Hay que recordar que en el pasado proceso electoral, donde fue electo Jaime Bonilla Valdez, solo acudió a las urnas el 29.9% de los votantes activos del Estado y la tendencia -en comparación con el pasado proceso electoral de gobernador- va en decremento.
De hecho, Bonilla “arrasó” en la contienda con 382 mil 308 votos, lo que representaría poco menos del 14% del padrón electoral, por lo que -a juicio de Miguel de Loera- es prácticamente imposible que la sociedad bajacaliforniana pueda alcanzar esa cifra.
Sin embargo, el regidor Rosales y el diputado Molina, consideran que la cifra para ser vinculante una revocación de mandato debe ser alta, para que los adversarios de los servidores públicos no utilicen esta herramienta solo para desgastar al gobernante en turno por rivalidades políticas.
La diputada Eva María Vásquez aseguró que esta iniciativa debe ser analizada a profundidad por los diputados y los órganos electorales. A su juicio, existen varios temas que quedan muy escuetos, como el hecho que la revocación esté a expensas de un tema meramente financiero.
También, que hay conceptos y causales para la revocación que deberían precisarse para un mejor funcionamiento de la iniciativa, la cual consideró positiva, pero que debe analizarse con suficiente tiempo.
ALCALDES Y REGIDORES DEBEN SOMETERSE A REVOCACIÓN: BONILLA
En una declaración a medios de comunicación realizada el domingo 2 de agosto en su oficina, el gobernador Jaime Bonilla Valdez, fue claro al mostrar su inconformidad por no incluir a munícipes en los esquemas de revocación popular de mandato.
A juicio del titular del Poder Ejecutivo en Baja California, todos los servidores públicos electos deben trabajar duro para ganar el respaldo de la gente, y de no hacerlo, deben existir mecanismos para removerlos de sus puestos.
El regidor Fernando Rosales coincidió con el mandatario estatal porque existen regidores y alcaldes cuya labor deja mucho que desear, por lo que presentó un escrito al Congreso del Estado para solicitar que sean incluidos en la reforma.
Molina García vio con buenos ojos el planteamiento del mandatario, ya que los procedimientos de revocación de mandato existen en la Constitución, lo único que cambia es que ahora se podrá dar una herramienta extra a los ciudadanos para decidir si un representante electo se retira del cargo por sus propias incapacidades.
Agregó que esto solo es el inicio de una serie de reformas trascendentales que podrían materializarse meses después, ya que tendrán que realizar adecuaciones a varias leyes y una nueva reglamentación en la materia para que sea efectiva, por lo que muy probablemente no podrá ser ejecutada hasta dentro de dos o tres años.
