Según el último informe del Banco Mundial, el COVID-19 ha impactado de forma muy significativa la vida de las personas en todo el mundo; esta crisis socio sanitaria ha ocasionado muy fuertes recesiones en muchos países. Las proyecciones al respecto señalan que se espera una contracción del 5,2 % en el Producto Interno Bruto (PIB) mundial en 2020, lo que constituye la recesión mundial más pronunciada que hemos vivido como humanidad en muchos años, casi el siglo. Los ingresos per cápita en la mayoría de las economías emergentes y en desarrollo se están retrayendo este año. Y la pandemia ha hecho evidente la urgente necesidad de adoptar medidas de política pública orientadas a mitigar y palear un poco los efectos, proteger a los grupos de la población vulnerables y mejorar la capacidad de las instituciones de todos los países para enfrentar situaciones o crisis semejantes en un futuro. Por lo pronto, se espera que en el 2020 las afectaciones producto de la pandemia harán que la actividad económica se caiga un 7,2 %.
México experimenta un proceso de envejecimiento poblacional que en los próximos treinta años cambiará radicalmente la composición sociodemográfica; ya desde el informe mundial del Banco Mundial del 2011 se advertía el incremento de la edad promedio de vida y los mayores y diversos problemas que estarían enfrentando los países en vías de desarrollo. Aunque se trata de una transformación que a nivel internacional se cataloga como logro de la humanidad, a la vez representa importantes desafíos para un país como el nuestro porque implica crear las condiciones de vida adecuadas que permitan la vida con dignidad el desarrollo a plenitud de las personas mayores.
La población de México pasa actualmente por una fase de cambio demográfico y el grupo de las personas mayores tendrá el crecimiento poblacional más significativo. Se multiplicará casi siete veces, es decir que dentro de 50 años uno de cada cuatro mexicanos y/o mexicanas será una persona mayor 60 años. Pero hoy es momento de diseñar políticas públicas y replantear la legislación, de revisar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos; y en concreto, ajustar el empleo, la capacitación laboral, la educación, la protección a la salud, la seguridad social, el deporte, entre otras importantes cuestiones.
De acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), en México había 811 mil personas de 65 y más años de edad en 1950, lo que equivalía a 3.1 por ciento del total de la población. Este porcentaje se incrementa lentamente y llega a ser de 3.7 por ciento en 1990, con 3.1 millones. A partir de ese año hay una rápida aceleración y pasa a 4.8 por ciento en 2000. Las estimaciones hechas a partir de los datos del II Conteo de Población de 2005 y las proyecciones de población del Conapo, señalan que en 2007 la población que tiene 60 años o más constituyó ocho por ciento; en 2030 se espera que sea 17.1 por ciento, equivalente a 20.7 millones; y para la mitad del siglo lo proyectado son 27.7 por ciento y 33.8 millones.
El catálogo de derechos de las personas mayores reconoce que las personas, a medida que envejecen, deben disfrutar de una vida plena, con salud, seguridad y participación activa en la vida económica, social, cultural y política de sus sociedades, para lo cual se comprometen a fomentar el reconocimiento de la dignidad de las personas mayores y a eliminar todas sus formas de abandono, abuso y violencia, empezando por la discriminación.
El 25 de junio de 2002 se publicó la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, cuyo objetivo es garantizar el ejercicio de los derechos de esas personas y establecer las bases y disposiciones para su cumplimiento mediante la regulación de la política pública nacional, así como del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, organismo público rector de esa política nacional. No todas las entidades federativas tienen ley específica en la materia; 25 estados lo han logrado, Baja California la tiene desde el 2012, sin que se haya logrado traducir de manera significativa en políticas públicas que reduzcan la brecha de desigualdad que vive ese sector de debiese ser de atención prioritaria. De no prepararse adecuadamente nuestra nación, la crisis económica que crece impactará primero en aquellos que merecen mayores salvaguardas para sus derechos.
Melba Adriana Olvera fue presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Baja California.
Correo: melbaadriana@hotmail.com
