La Red Ambiental de Baja California -conformada por más de 20 organizaciones y especialistas- hicieron un llamado al secretario de Economía Sustentable y Turismo, Mario Escobedo Carignan, para trabajar en conjunto una Ley de Economía Circular que sea efectiva.
Para lo cual, los activistas se manifestaron en la mejor disposición de colaborar en las mesas de trabajo técnico que sean necesarias para formular las reformas necesarias a las leyes y reglamentos vigentes con el reto de avanzar hacia un modelo de producción y consumo responsables con la sociedad y el ambiente.
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En una misiva fechada el pasado 5 de agosto, la Red Ambiental indica que los sendos proyectos de Ley relativos a la Economía Circular para el Estado de Baja California que han sido promovidos desde la Subsecretaría de Desarrollo Sustentable y desde un legislador en el Congreso local “carecen de un diagnóstico local actualizado y básico para su implementación”.
En opinión de los activistas, dicho diagnóstico debe contemplar su análisis desde los procesos productivos, de distribución, comercialización y de consumo, hasta llegar a la gestión y manejo de residuos.
Lo que implica revisar y evaluar el impulso de un modelo de producción y consumo que minimice la generación de desperdicio, al tiempo que fortalezca un mercado regional de reciclaje que dé valor agregado a los residuos, para ser reintegrados de manera armónica a otros procesos productivos de la región.
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“La principal limitación encontrada en ambas propuestas de ley es el supuesto implícito de que la economía circular sólo se refiere al manejo de los residuos sólidos, su separación de origen, reciclaje y reutilización, entre otros, cuando estos principios y obligaciones ya están contenidos en las leyes y reglamentos relativos a la prevención y gestión integral de los residuos”, por lo que, de limitarse a ello no habría necesidad de una nueva ley, ya que cumpliendo la legislación existente se podrían tener mejores resultados de gobernanza, refieren los activistas en el documento.
Considera que para que ambas propuestas de ley tengan posibilidades de éxito es obligado incorporar con oportunidad a los municipios, para que éstos entreguen la información básica respecto de las actividades económicas preponderantes, el manejo de sus recursos naturales, así como de la gestión y manejo de los residuos sólidos urbanos en todo su ciclo de vida.
“Es esencial conocer por ellos mismos el grado de cumplimiento de sus obligaciones y responsabilidades como autoridad y las razones por las que no se haya podido cumplir a cabalidad con ellas”, manifiesta la Red Ambiental.
En ese sentido, señala que es indispensable que la nueva Ley de Economía Circular que impulse un verdadero cambio de paradigma hacia una cultura empresarial que adopte acciones de uso responsable de los recursos y que contemple el bienestar del capital social, natural y financiero bajo un esquema de ganar-ganar.
Que responda a las necesidades del estado de Baja California, sustentadas en estudios y diagnósticos actualizados, profesionalmente elaborados, incluyendo los análisis regionales de flujos de materia y energía.
Que sea una propuesta sistémica que contemple la integración de los recursos naturales, su gestión y manejo, la producción de los bienes y servicios, su transporte, distribución, uso y fin de la vida útil, para ir más allá de la separación y el reciclaje de los residuos, atendiendo a la cadena de valor de los productos.
También que no duplique ni contravenga otras leyes y normas vigentes, sino más bien que garanticen su transversalidad.
Otra característica que consideran los activistas que la nueva Ley debe tener es que trace las estrategias, instrumentos, indicadores y otros mecanismos claros para viabilizar el financiamiento para su operación, y que establezca criterios que promuevan entre otras cosas: una producción de bienes amigables con el ambiente, alargar la vida de los productos y cerrar el ciclo de los materiales, previa separación de residuos en la fuente.
Además de Incentivar la instalación de la infraestructura y tecnología necesaria para procesar los residuos y establecer encadenamientos productivos; y aplicar sistemas de manejo ambiental en las dependencias de gobierno, entre otras características.
Entre las organizaciones firmantes de la misiva que también está dirigida al subsecretario de Desarrollo Sustentable del Estado, José Carmelo Zavala Álvarez, se encuentran: Colectivo de Salud y Justicia Ambiental A.C.; Proyecto Fronterizo de Educación Ambiental, A.C.; Colegio de Auditores Ambientales de Baja California, A.C.; Sociedad de Plantas Nativas Baja California Chapter; y Tijuana Verde. Así como Desembólsate BC; Nativ@s de las Californias A.C.; y REMEXMAR BC, A.C.
En junio pasado, Zavala Álvarez anunció que la SEST estaba trabajando en el proyecto de Ley de Economía Circular y que ésta contemplaría, entre otras cosas, la separación de residuos sólidos urbanos, estímulos a las empresas que sean amigables con el ambiente y contratos de obra pública con empresas que integren materiales reciclados a sus productos y/o servicios.
