A diez meses de iniciado el gobierno, Jaime Bonilla Valdez sigue en campaña. No desaprovecha oportunidad para arremeter públicamente contra el PRI y el PAN, como el domingo 9 de agosto en una Jornada por la Paz realizada en el puerto de San Felipe, en la cual descaradamente le dijo a la gente que no sufragara por los partidos que han gobernado Baja California desde su conformación.
La confianza que el ingeniero emana, es clara al saber que apenas el año pasado fue electo por más del 50%, superando por mucho a su contrincante más cercano, el panista Óscar Vega Marín, por lo que uno pensaría que para 2021 la ola electoral aún le alcanzaría.
Sin embargo, el ganador de una de las elecciones con menos votación en toda la historia, no ha querido aceptar que su victoria se debió absolutamente al respaldo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y a que el ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid sacó por completo las manos de la elección.
La victoria de Bonilla fue de estructuras, no de la sociedad, puesto que de los más de 2 millones 800 mil enlistados en el padrón electoral, menos de 400 mil sufragaron en su favor, lo que representa el 14% de la totalidad de los votantes del Estado.
Bonilla sería el gobernador menos legítimo de Baja California, toda vez que hasta Francisco Vega de Lamadrid obtuvo 49 mil votos más que él en 2013, cuando resultó ganador frente al candidato priista Fernando Castro Trenti, quien también obtuvo más votos que Bonilla-.
Aun así, de unirse los votos de todos los partidos que pretenden conformar el “Nuevo Frente” -PAN, PRD, MC y PBC-, se obtendría un total de 317 mil 992, lo que significan 73 mil 109 sufragios menos que los obtenidos por la alianza “Juntos Haremos Historia en Baja California” en 2019.
Veremos si en un Estado en el que 70% de los votantes registrados no ejercen su derecho, gana la simulación de Bonilla o las falsas esperanzas de la oposición.
PIRATAS
Por primera vez en cinco meses, reporteros de Mexicali acudieron a una audiencia en el Centro de Justicia de Río Nuevo, con el objetivo de presenciar las pruebas de la fiscalía y los primeros alegatos de la defensa del feminicidio de la joven Genebit Livier Godínez Castañeda, perpetrado hace un par de semanas.
La audiencia era muy simbólica y relevante, puesto que se trataba de un crimen que movilizó a la sociedad mexicalense, pero también porque se permitió el ingreso a la audiencia por medio de escritos y un amparo emprendido por reporteros de la localidad, quienes argumentaron el principio de máxima publicidad para exigir su acceso.
Sin embargo, la audiencia también reveló algunas malas prácticas que tiene el Poder Judicial en materia de equipamiento, puesto que la pantalla principal donde se observó la audiencia contaba con un mensaje que evidenciaba que en las oficinas de gobierno se utilizan productos pirata o crackeados en sus computadoras.
El equipo de cómputo de la multinacional Microsoft requiere de una licencia para operar, misma que es otorgada por esa empresa cuando se compra el equipo, pero es muy común observar que se instalen servicios duplicados sin costo, lo cual es ilegal. Como sucede en el Poder Judicial -ente encargado de impartir justicia-, al contar con computadoras sin licencias ni certificaciones, cuando los permisos son relativamente baratos… por lo menos para una institución gubernamental.
