La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el pasado 17 de agosto, una controversia constitucional para invalidar el impuesto a la venta de gasolina, diésel, gas natural y gas LP, creado por el Gobierno de Baja California en mayo de este año, alegando que la Administración encabezada por Jaime Bonilla Valdez, invadió atribuciones de la Federación.
El impuesto obliga a los empresarios a pagar 17 centavos por cada litro o kilo de bióxido de carbono generado por derivados del petróleo, pero el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reserva al Congreso de la Unión imponer contribuciones sobre dicho hidrocarburo y sus derivados.
Baja California tenía vigente, desde enero de 2020, un “impuesto sobre venta de primera mano de gasolina y demás derivados del petróleo por afectación al medio ambiente”, mismo que fue derogado luego que el gobernador Bonilla Valdez envió una iniciativa para reemplazarlo por el “impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera”.
Sin embargo, la base gravable del impuesto siguen siendo emisiones que resulten de gasolina, diesel, gas lp o gas natural, que las empresas del sector tienen que pagar mensualmente al Gobierno bajacaliforniano, sin que se traslade el cobro a los consumidores, y sin que sea posible acreditarlo para reducir el pago de algún otro tributo estatal, por lo que más de 160 empresas privadas y la paraestatal Petróleos Mexicanos (PEMEX) interpusieron amparos.
“Los amparos son gratis, tienen el derecho de hacerlos, nosotros creeremos que estamos en lo correcto de hacerlo, lo más seguro es que se decida de una manera en que los haga medio cambiar el esquema del propósito del impuesto, pero al final del día creo que vamos a salir airoso de eso”, dijo Bonilla Valdez el 13 de marzo.
El pasado 24 de abril, en una sesión virtual, los diputados locales aprobaron una reforma a la Ley de Hacienda del Estado de Baja California, en la que se incorpora el nuevo “Impuesto ambiental por la emisión de gases a la atmósfera”, con el cual supuestamente se grava la emisión de contaminantes al medio ambiente, cuando en realidad, lo único que hace es gravar la venta de gasolina, diésel y gas. Solo está pendiente de que se publique en el Periódico Oficial del Estado para que entre en vigor.
El impuesto se cobra aplicando una tarifa de 17 centavos por cada kilogramo de bióxido de carbono (CO2) que se emita a la atmosfera. Para calcular la emisión, se instituye una fórmula que procura determinar cuántos kilogramos de CO2 se expiden a la atmósfera, por cada litro de gasolina o por cada kilogramo de gas que se venda al público en general. Por ejemplo, se establece que por cada litro de gasolina que se vende, se expedirá al medio ambiente 2.196 kilogramos de CO2; así pues, por un litro de gasolina que se compre, el impuesto será de 37 centavos.
-Con información del Reforma y El Universal.
