Ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, dijo este miércoles 19 de agosto, que las acusaciones del ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Ricardo Lozoya Austin, son “calumnias” de un “delincuente confeso” y acusó una campaña sucia en su contra.
“El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una bajeza inaudita en actos de corrupción, ha aportado solo sus dichos que valen lo que su prestigio, nada”, acusó Domínguez Servién, durante la conferencia de prensa matutina presidencia llevada a cabo en Querétaro.
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“Por mi parte no tengo nada que temer, nada de que avergonzarme y nada que ocultar los dichos del señor son una infamia por varias razones”, señaló el mandatario estatal, quien abundó que desde que fue diputado federal apoyó la reforma energética en el 2008 por convicción y la siguió apoyando como senador de la República.
“De manera perversa se filtró un video en el que aparece una persona en la que deposité mi confianza y que me acompañó por años. Lo removí de su cargo y di parte a las autoridades correspondientes para que él a su vez, apele a su derecho que le convenga”, agregó Domínguez Servién.
“De hecho la presente yo personalmente, a nombre de mi partido. Siempre he tenido convicción de que la reforma era benéfica para el país, por tanto como legislador mi trabajo fue dar al país el mejor marco legal, no su implementación y menos un legislador su operación”, indicó el ahora gobernador.
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“No hubo necesidad de dar darme dinero para obtener un voto que ya se tenia por convicción personal, además lo reiteró lo he dicho siempre su servidor no vive de la política”, aseguró Domínguez Servién, quien agregó que sobre dicha reforma presentó 807 reservas y modificaciones, de las cuales destacó haberle quitado cinco asientos en el Consejo de Administración de PEMEX al Sindicato petrolero, lo que aseveró le costó amenazas a su integridad física.
“Les recuerdo que el Consejo de Administración de PEMEX aprueba contratos, obras, proveedores, sacar al Sindicato no sólo incomodó al gobierno, sino que detonó amenazas contra mi vida. Si fuera cierta la calumnia no habría propuesto la creación de un fondo petrolero con recursos etiquetados para asegurar la transparencia y evitar el saqueo que después se dio”, detalló el gobernador queretano.
“No se puede creer en la palabra de un delincuente confesó, Yo doy la cara aquí y ante la autoridad, no buscó la protección a cambio de inventar falsedades”, expresó el político, militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien acusó, además, ser atacado por la oposición por una cuestión política y no una cuestión legal.
“Hay una intención política, no es cuestión legal. Atacan a un gobernador de oposición bien calificado, mienten porque Querétaro no tiene una sola observación de la Auditoría Superior de la Federación, ni de la Función Pública […] Además, en menos de 10 meses habrá elección. Doy la cara y defenderé mi nombre”, insistió Domínguez Servién.
“En mi vida siempre he dado la cara y hoy no será la excepción. Los gobernantes tenemos la obligación de enfrentar los hechos, más cuando se tratan de calumnias, de infamias, de ataques centrados en cuestiones políticas […] Seguiré trabajando trabajando. Sin pausas sin distracciones a la demanda de los queretanos esto será el único posicionamiento público que daré a este respecto”, expresó el gobernador.
Este fue el posicionamiento del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, tras verse involucrado en el Caso Lozoya.
Afirma que no hay nada que temer y denuncia que es atacado por ser gobernador de oposición.
Más en: https://t.co/WdSSpNmK8P pic.twitter.com/ktM6THdXky
— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) August 19, 2020
FRENA AMLO CUESTIONAMIENTOS AL GOBERNADOR
Al arrancar la sesión de preguntas y respuestas de la conferencia, se le preguntó al mandatario estatal si consideraba que desde el Gobierno Federal lo atacaban. Sin tomar el micrófono, el panista dijo “no”. Sin embargo, tampoco respondió si pediría licencia para defenderse.
“El gobernador ya fijo su postura lo hizo con mucha claridad y dijo que sería su única aclaración sobre este tema, ¿por qué no tratamos de dejar para otro momento este asunto? incluso hasta por respeto por respeto, por urbanidad política y habrá tiempo para desahogar este tema, además, corresponde a la Fiscalía aclararlo en su momento”, dijo López Obrador.
El mandatario nacional indicó que en la “mañanera” se discutan los problemas nacionales, por lo que pidió a los periodistas “omitir, dejarlo pendiente o hacer una prórroga”, a lo que los reporteros exclamaron que “no”. Desde su asiento en las instalaciones del Campo Militar 17-A en Querétaro, el gobernador reiteró que el que dio fue “el único posicionamiento y he sido muy claro”.
Ayer martes 18 de agosto, Domínguez Servién separó del cargo a su secretario privado, Guillermo Gutiérrez Badillo, tras la difusión de un video en el que este aparece recibiendo
En su cuenta de la red social Twitter, el mandatario queretano aseguró que nunca tuvo conocimiento “de los supuestos actos” de su ahora ex colaborador, y que tras enterarse del video, en apego a la ley, determinó el cese inmediato de Gutiérrez Badillo.
“Con independencia de las facultades legales que pueden tener en este tema autoridades federales o estatales, he decidido separar del cargo a dicha persona y dar parte a la contraloría del estado para que, en su carácter de servidor público, dé cuenta de sus actos”, apuntó Domínguez Servién.
Asimismo, el mandatario estatal también reiteró su disposición para colaborar con las autoridades pertinentes en el esclarecimiento del hecho.
En las diversas redes sociales circula un video en el que se ve a un supuesto funcionario de Petróleos Mexicanos (PEMEX), entregar bolsas repletas de fajos de dinero en efectivo a Rafael Caraveo Opengoal, ex secretario técnico del Consejo de Administración del Senado de la República, quien laboraba de forma directa con el legislador Jorge Luis Lavalle Maury, del Partido Acción Nacional (PAN), en la Cámara alta del Congreso de la Unión.
La grabación, que dura 4 minutos con 15 segundos, fue dada a conocer por el usuario Juan Jesús Javier Lozoya Austin, supuesto hermano del ex director general de PEMEX. En ella se observa a los ex funcionarios del Senado en una oficina, contando varios fajos de billetes de diferentes denominaciones, que sacan de varias bolsas de plástico y maletas color negro.
La otra persona que aparece en el video recibiendo dinero es Guillermo Gutiérrez Badillo, quien también trabajó en el Senado y actualmente aparece en la página del Gobierno del estado de Querétaro, como secretario privado del gobernador, Francisco Domínguez Servién, también militante del PAN.
“Aquí se ve como se recibe dinero para contratos con Pemex”, dice la leyenda que acompaña el video subido el domingo 16 de agosto. Asimismo, en la grabación se escucha que esta vez les entregaron “18”, y “la otra vez” recibieron “19”. Luego las personas involucradas acuerdan verse después.
“Son 200, 500, uno de 50 aquí viene, dos de 100 y uno de 50. Entonces es 500 uno, uno de 250 y 250 son uno 500”, dice Gutiérrez Badillo, quien al destapar el segundo paquete confirma: “sí viene completo, 500 uno mil 500, tres, seis, nueve […] todos son de 200”.
El pasado 24 de julio, el diario Reforma dio a conocer que Caraveo Opengoal estaba señalado por Emilio Ricardo Lozoya Austin, en un escrito preliminar, como una de las personas que recibió sobornos para la aprobación de las reformas estructurales durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.
LA DENUNCIA DE HECHOS QUE LOZOYA PRESENTÓ ANTE LA FGR
En una denuncia de hechos que presentó Emilio Ricardo Lozoya Austin ante la Fiscalía General de la República (FGR), para buscar el criterio de oportunidad, el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex) asegura que entre el 11 de diciembre de 2013 y el 2 de abril de 2014, entregó 80 millones de pesos en dos oficinas de la Ciudad de México.
Ello para que siete legisladores de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y del Revolucionario Institucional (PRI) trabajaran en favor de la aprobación de la Reforma Energética, impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, promulgada el 13 de diciembre del 2013.
La copia de la denuncia de hechos fue dada a conocer por el periodista Ciro Gómez Leyva en el noticiero nocturno de Imagen Noticias, y en ella, Lozoya Austin aseguró que entre los beneficiarios de los sobornos estuvieron Ricardo Anaya Cortés -en ese momento diputado federal con licencia-, así como los senadores Ernesto Cordero Arroyo, ex coordinador de la bancada del PAN, y Salvador Vega Casillas, ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Además de los hoy gobernadores Francisco Domínguez Servién y Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta, de Querétaro y Puebla, respectivamente, que en aquellos momentos eran senadores del PAN y del PRD. Además de José Luis Lavalle Maury, quien fue presidente de la Comisión de Administración del Senado.
Lozoya Austin también afirma que el operador en el tema de los presuntos sobornos era el senador priista David Penchyna Grub, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara alta, quien después se desempeñó como director General del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), además del extitular de Finanzas del PRI, Luis Vega Aguilar.
Además, Lozoya Austin relaciona en supuestos actos irregulares al ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y ex director de PEMEX, José Antonio González Anaya. También afirmó que durante la Administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa, la constructora brasileña Odebrecht entregó sobornos para la suscripción y aprobación del contrato Etileno XXI.
Según la denuncia de hechos de Lozoya Austin, parte de los 80 millones de sobornos para la Reforma Energética se entregaron en siete fechas distintas. Una de 10 millones; tres de 12 millones 800 mil pesos; otra de 6 millones 40 mil pesos; una más de 13 millones de pesos y otra 900 mil pesos.
Excepto esta última entrega, que se realizó en una oficina de la Torre Hares, ubicada en la Avenida Ejército Nacional número 225, colonia Anzures, entonces Delegación Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, todas las demás se hicieron en Montes Urales 425, en Lomas de Chapultepec.
En su denuncia de hechos, el ex director general de Pemex aseguró que el entonces presidente Peña Nieto y el titular de la SHCP, Luis Videgaray Caso, mantuvieron como operador en el tema de los presuntos sobornos, a Penchyna Grub, quien a la mayor parte de las reuniones llegaba acompañado de sus colegas panistas Domínguez Servién, Jorge Lavalle Maury y Salvador Vega Casillas.
Lozoya Austin precisó sólo las cantidades que supuestamente recibieron Anaya Cortés, 6 millones 800 mil pesos; y Penchyna Grub, 6 millones, en un único caso, con fecha del 17 de septiembre del 2014. Pero no especificó los montos dados a los otros legisladores señalados por el ex director general de Pemex.
Según la denuncia de hechos, Lozoya Austin recibió la orden de Videgaray Caso “de recibir al senador Miguel Barbosa Huerta y atender sus peticiones, las cuales consistían en trasladar a su hermano, trabajador de Pemex, de una terminal de almacenamiento en Guerrero a las oficinas centrales de la Ciudad de México […] De no ser así, armaría una revuelta por parte del PRD para la aprobación de la Reforma Energética, así como la entrega de 100 mil dólares”.
Asimismo, Lozoya Austin asegura que la constructora brasileña Odebrecht y su filial en México, Braskem, le debían dinero al grupo de Cordero Arroyo, el cual les sería pagado por conducto del entonces titular de la SHCP, VIdegaray Caso, únicamente si les garantizaban la continuidad del contrato de Etileno XXI.
“Dicho contrato —sigue la denuncia— fue firmado en el año 2010, con amplias desventajas para Pemex. Esta situación fue aprovechada por Hacienda para condicionar la entrega de dichos recursos a cambio de que efectivamente votaran a favor de las reformas estructurales, incluyendo la energética, la cual fue aprobada y promulgada el 20 de diciembre (sic) del 2013, y las leyes secundarias el 11 de agosto del año 2014”, señala la denuncia de hechos.
Lozoya Austin afirmó que en una reunión en febrero del 2013, Luis Weyll le comentó que Odebrecht y Braskem habían entregado sobornos en los años 2010 y 2011, durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa, para la suscripción y aprobación del contrato Etileno XXI.
“Quienes ayudaron a operar dicho contrato en la administración panista fueron Carlos Treviño Medina, José Antonio González Anaya y otros ejecutivos de Pemex y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Recuerdo escuchar que se le entregó dinero tanto a Carlos Treviño Medina como Ernesto Cordero, a través de uno de sus operadores al cual apodaban El conejo, sin tener conocimiento de a quién se referían”, señaló Lozoya Austin.
Lozoya Austin afirmó que “cuando a Odebrecht se le confirmó la continuidad con respecto al contrato de Etileno XXI, comenzó a dar dinero en efectivo, para ser entregados a legisladores, que indicaban el exsecretario de Hacienda y el presidente Peña”.
“El dinero era entregado por Luis Weyll, y se llevaba a las oficinas alternas antes referidas, lugar en donde los legisladores enviaban por él. Tengo conocimiento, que con motivo de la continuidad del contrato Etileno XXI, bajo la administración del presidente Peña Nieto, se entregaron durante el año 2014 aproximadamente 84 millones de pesos adicionales a los ya antes referido, de los cuales, $32,000,000.00 fueron entregados a Luis Vega Aguilar, entonces Secretario de Finanzas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), y $52,390,000.00, adicionales a los mismo legisladores de oposición anteriormente referidos”, dice la denuncia de hechos.
Según Lozoya Austin, el dinero que entregó la empresa Odebrecht para los sobornos a los políticos mexicanos fue operada por una mujer que identificó como Fabiola Tapia Vargas -que ya falleció-, quien se encargó de depositar cinco millones 951 mil 351 dólares en una cuenta del Neue Bank, a través de una empresa denominada Zecpan, S.A. y ella misma lo trajo a México en efectivo para ponerlo a disposición de Videgaray Caso, que a su vez fue indicando cómo se debía distribuir.
DENUNCIA DE HECHOS DE LOZOYA ANTE LA FGR
El pasado 11 de agosto, en un mensaje a medios, Alejandro Gertz Manero dio a conocer que el ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), presentó una denuncia de hechos, ante la Fiscalía General de la República (FGR) de México, respecto a su participación en el caso de Odebrecht y en varios otros.
Gertz Manero detalló que en el caso de la empresa constructora brasileña Odebrecht, Lozoya Austin indicó que hubo una serie de sobornos, por una cantidad “que pasa” de más de 100 millones de pesos, los cuales “fueron fundamentalmente utilizados para la campaña presidencial del 2012 para la Presidencia de la República”.
“Y el que después fue presidente [Enrique Peña Nieto] y su secretario de Hacienda [y Crédito Público, Luis Videgaray Caso], son las personas que este individuo que está presentando la denuncia, que fueron los que le ordenaron que ese dinero, fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros, que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas”, según lo indicó el fiscal general.
Además, Gertz Manero informó que tanto Peña Nieto, como Videgary Caso, le ordenaron la “compra de votos” para las reformas estructurales, con sobornos a un diputado y 5 senadores, cuyos nombres no mencionó el titular de la FGR, porque serán judicializados cuando existan las pruebas suficientes.
Asimismo, en el caso de Etileno XXI, Lozoya Austin afirmó que hubo una serie de beneficios económicos para Odebrecht, que está asociada con una empresa mexicana, que les dieron una serie de privilegios en los insumos, en los que el Gobierno Federal tuvo pérdidas muy graves.
El ex director general de PEMEX también señaló en su denuncia de hechos, que Peña Nieto y Videgaray Caso le dieron instrucciones para que entregara 84 millones de pesos, a varios legisladores “los cuales son semejantes los nombres de los anteriores”, y a un secretario de finanzas de un partido político.
“Después también le dieron una cantidad superior a los 200 millones de pesos, para dirigirlos a la reforma electoral, a través de un enlace que él da el nombre. También habla de dos empresas privadas, que los elementos de prueba los tendrá que presentar”, detalló Gertz Manero.
“Sobre estas afirmaciones que él hace, ha señalado a cuatro testigos, ha entregado recibos y un video. A partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la carpeta de investigación correspondiente, y vamos a empezar a realizar todas las diligencias”, por lo que podrían llamar a testificar a Peña Nieto y Videgaray Caso, según agregó el titular de la FGR.
El pasado 24 de julio, el diario Reforma reveló el ‘modus operandi’ a través del cual la empresa brasileña Odebrecht pagó 4 millones de dólares a Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), dinero que fue usado en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012.
Dicha cantidad, según le informó el ex funcionario federal al Gobierno de México antes de aceptar su extradición, fue usado para el pago de consultores extranjeros que Luis Videgaray Caso, entonces coordinador de la campaña presidencial y después titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), contrató para asesorías electorales.
Según afirmó Lozoya Austin, ya con Peña Nieto como presidente, la constructora brasileña Odebrecht pagó 6 millones de dólares al Gobierno del entonces mandatario nacional, para ser beneficiada en contratos y que dispusiera una parte para sobornos a legisladores, a fin de garantizar la aprobación de la Reforma Energética en 2014.
“El ex director de Pemex, que actualmente enfrenta los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho, preparó un documento, al que tuvo acceso REFORMA, donde revela delitos sobre los que tenía conocimiento y con ello tener la posibilidad de acogerse al ‘criterio de oportunidad’ y así poder sortear las acusaciones que pesan en su contra. Con lo negociado a cambio de su testimonio, Lozoya aceptó su extradición y ser juzgado en México”, indicó el rotativo.
Según este documento, el ex funcionario federal narró que uno de los pactos para recibir el pago de Odebrecht ocurrió en la panadería El Globo, de Prado Sur, en las Lomas de Chapultepec, de la Ciudad de México, con el ex director de Odebrecht en México, el brasileño Luis Alberto Meneses Weyll, cita a la cual aseguró haber acudido por órdenes de Videgaray Caso, entonces coordinador de la campaña de Peña.
“La instrucción era gestionar recursos económicos para cubrir diversos pagos a consultores en materia electoral, principalmente en el extranjero”, señaló Lozoya Austin en su testimonio respecto a dicho encuentro, mismo en el que el brasileño se comprometió a entregar 4 millones de dólares, de los cuales depositó 3 millones 150 mil dólares en la off shore Latin America Asia Capital Holding LTD.
El ex funcionario federal señaló haber informado de este movimiento tanto a Peña Nieto como a Videgaray Caso, según el testimonio de Lozoya Austin previo a su extradición, en el cual el ex director general de Pemex también comunicó al Gobierno Federal mexicano que Odebrecht entregó otros 6 millones de dólares luego de obtener un contrato de 3 mil millones de pesos por realizar obras en la refinería de Tula, Hidalgo.
Esos 6 millones de dólares fueron transferidos a Fabiola Tapia Vargas, administradora de Construcciones Industriales Tapia, una empresa que se asoció con Odebrecht para las obras en Tula. La mujer, quien murió en mayo de 2014, le entregó a Lozoya Austin una tarjeta de una cuenta con los 6 millones de dólares, para ponerlos a disposición del Gobierno de Peña Nieto.
Según admitió Lozoya Austin en su testimonio, parte de ese dinero fue usado para sobornar a legisladores en una oficina en Montes Urales, en las Lomas de Chapultepec. El ex director general de Pemex señaló que el “enlace” designado por Los Pinos era el priista David Penchyna Grub, entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado.
Uno de los encuentros que refirió Lozoya Austin se registró el 17 de septiembre de 2014, fecha en que asegura que una persona encargada del reparto de dinero, cuya identidad por ahora no ha revelado, entregó 6 millones de pesos a Penchyna Grub -ex director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFOMAVIT)- en la oficina de Montes Urales.
Asimismo, en otra parte de su testimonio, Lozoya Austin informó al Gobierno Federal que pagó sobornos por 52 millones 380 mil pesos a legisladores del PAN, para que aprobaran reformas del llamado Pacto por México, además de que el entonces presidente Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), encabezaban directamente dicha estrategia.
Según el ex director general de PEMEX, Videgaray Caso le solicitó enviar 6.8 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés, quien era presidente de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión cuando se discutió la Reforma Energética, del 2013 a marzo del 2014, y en mayo de ese año asumió el cargo de secretario general del PAN.
Dicho dinero habría sido entregado el 8 de agosto de 2014 a una persona, cuya identidad no ha sido precisada, aunque hizo saber que existen dos números telefónicos con los que se tuvo comunicación para concretar la entrega. Reforma recordó que Anaya Cortés fue presidente del PAN de agosto del 2015 hasta diciembre del 2017, cuando fue designado candidato presidencial.
Según la versión del ex director general de PEMEX, a través de terceros, entre el 11 de diciembre de 2013 y el 21 de abril de 2014, Lozoya Austin envió a un grupo de legisladores panistas un total de 52 millones 380 mil pesos, entre ellos a los senadores Ernesto Cordero Arroyo, ex coordinador de la bancada del PAN, y Salvador Vega Casillas, ex titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Así como los hoy gobernadores Francisco Domínguez Servién y Francisco García Cabeza de Vaca, de Querétaro y Tamaulipas, respectivamente. Además de José Luis Lavalle Maury, quien fue presidente de la Comisión de Administración del Senado.
