Tras la denuncia interpuesta en contra del secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, por presunto fraude, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, dijo confiar completamente en el funcionario estatal, asegurando que las acusaciones vertidas “son politiquerías”.
“Pérez Rico tiene toda mi confianza, esas son politiquerías, eso va a pasar en todas las campañas, tres años después -del incidente- por favor”, declaró el gobernador previo al inicio de la transmisión en vivo del jueves 27 de agosto.
Por su parte, Alonso Pérez Rico, durante la transmisión calificó como falsas las acusaciones, asegurando que no le afecta esta situación, dijo que aun no ha sido contactado por ninguna autoridad, pero de ser necesario acudirá a declarar.
Bonilla por su parte, reiteró que son cuestiones políticas, aludiendo a que intentan atacarlo indirectamente a través de su equipo de trabajo.
Al ser cuestionado sobre la denuncia a la salida de la transmisión, Pérez Rico, declaró a Zeta que esta supuesta demanda no le causa ningún tipo de agravio, añadiendo que tiene la conciencia tranquila.
Sin embargo, al preguntarle si conocía a las personas que están involucradas en la demanda, evadió responder claramente, sosteniendo “no tengo nada que decir de ese caso porque se tornó legal, pero quiero aclarar un punto, tengo la conciencia muy tranquila, yo no hice absolutamente nada de lo que se me está imputando”.
Miguel Ángel Ruvalcaba Molina, otro de los señalados en la denuncia, quien también fue contactado, se limitó a confirmar que sí trabajó para IMSS hasta inicios de 2018, y que en los siguientes días emitirá un posicionamiento, ya que por recomendación de sus abogados no puede dar declaraciones acerca del tema.
La denuncia fue interpuesta el 17 de agosto del año en curso en el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) de la ciudad de Ensenada por Ramón Alejandro Treviño Ávalos, Alejandro Treviño Fisher y David Geovany Galván Torres, socios de la clínica “Hemodiálisis del Noroeste”, quienes señalan al secretario de Salud en Baja California, Alonso Pérez Rico y a Miguel Ángel Ruvalcaba Molina por el delito de fraude.
Estas acusaciones se derivan de un supuesto acuerdo que data de julio del 2018 entre los empresarios ensenadenses; Ruvalcaba Molina y Pérez Rico (que en ese entonces era jefe de prestaciones médicas de la delegación regional del Instituto Mexicano del Seguro Social en Baja California), con el que estos últimos se comprometían en favorecer a los tres socios para ganar la “Licitación Del 2019 del Servicio de Subrogación de Hemodiálisis 2019 del IMSS” a cambio de 100 mil dólares y el 10% de las ganancias que obtuviera la empresa por realizar el servicio de hemodiálisis.
El pago realizado en efectivo por los empresarios, al final fue por 61 mil 120 dólares, entregado en tres exhibiciones: el 27 de julio de 2018 entregaron 27 mil dólares; el 17 de agosto de 2018 fueron 22 mil dólares y el 9 de septiembre de 2018 dieron 11 mil 920 dólares a Ruvalcaba Molina, quién a través de un documento firmado por él, asegura que ese dinero se entregó personalmente en las instalaciones de la clínica 36 del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) al hoy secretario de Salud, Alonso Pérez Rico por concepto de “anticipo del 10% de comisión del contrato prometido de la licitación”.
En dicho documento, Ruvalcaba Molina (quien es sobrino del diputado local del PRI, David Ruvalcaba) señala que la amistad y relación laboral quedó “tirada” por Pérez Rico ante los cambios administrativos y políticos en la delegación del IMSS.
Entrevistado por Semanario Zeta, David Geovany Galván Torres, explicó que durante todo 2019 se tuvo contacto a través de mensajes por WhatsApp y videollamadas con el secretario, Alonso Pérez Rico, que en todo momento les aseguró que el proceso era legal y que iba lento por cuestiones con la federación. Sin embargo, la comunicación con Ruvalcaba Molina como con Pérez Rico cada vez fue más difícil después de julio de 2019.
Ante esto, los afectados decidieron solicitar información directamente en las oficinas del IMSS en la Ciudad de México, y a finales de noviembre de 2019 les informaron que dicha licitación la había obtenido otra empresa, ya que la solicitud de Hemodiálisis del Noroeste había sido desechada, también les informaron que el pago de fianzas o anticipos para obtener una licitación no era parte del proceso por lo que iniciaron acciones legales en contra de los responsables.
Representados legalmente por el ex candidato a gobernador en Baja California, Enrique Acosta Fregoso; este señaló que la denuncia no se trata de un tema político, ni tampoco hay una intención de desprestigiar a la denominada 4T, sino que se trata de hacer justicia sin importar que de se trate de una de las “vacas sagradas” de Bonilla, en referencia al secretario de Salud.
