El presidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas, Gilberto Farías Morales, opinó que “por las condiciones y vicios que se han dado en el debido proceso” contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, el asunto no constituirá “un avance” para abatir la corrupción en el país.
Refirió que las autoridades competentes han incumplido con la Ley, toda vez que a la llegada de Lozoya a México el 17 de julio, como resultado de un proceso de extradición de España, debió haber sido puesto de inmediato a disposición de un juez, tal como lo marca el artículo 16 de la Constitución federal para los casos de ejecución de órdenes judiciales de aprehensión.
“En el caso de Lozoya fue ejecutada una orden de aprehensión, con eso se le trae a México y el artículo dice que será puesto a disposición del juez sin dilación y tardaron 11 días en solicitar una audiencia para la vinculación”, argumentó el abogado.
Mencionó que con todo y que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, “siempre se ha sostenido en que se trata de un testigo protegido, un testigo colaborador”, Lozoya llegó “como imputado y así se le debió haber puesto conforme al 16 Constitucional a disposición del juez de control de manera inmediata ingresando al reclusorio”.
Además dijo que a Lozoya Austin se le vinculó a proceso por “cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que es el lavado de dinero, y asociación delictuosa” y que de acuerdo con el artículo 164 del Código Penal Federal por este último delito se debe imponer “prisión de cinco a diez años y de cien a 300 días multa”.
Indicó que “la Constitución dice que por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas para cometer delitos de manera permanente o reiterada” y recordó que la madre de ex funcionario, así como “su señora esposa y su hermana”, resultaron involucradas en el caso de sobornos que la empresa brasileña Odebrecht habría pagado a Lozoya a cambio de contratos para proyectos de construcción en el país.
“En la relatoría que hizo el Ministerio Público, él dice que fue entre junio y noviembre de 2012 cuando se transfirió el dinero a Suiza a una cuenta de de su hermana, Gilda Lozoya, y de ahí el dinero regresa México y se compra la casa que tanto se comenta”, refirió el abogado a propósito de las acusaciones contra Lozoya y familiares.
Aparte recalcó que el artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada contempla como delito enmarcado en esta categoría las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
No obstante, ni la Fiscalía General de la República ni el Ministerio público solicitaron prisión preventiva para el ex director de Pemex y por lo que respecta al juez encargado del caso, tampoco se sujetó a lo establecido en la Ley, relativo a la aplicación de esa medida, manifestó Farías Morales.
El juzgador a cargo del caso de Emilio Lozoya, sólo dispuso que a éste se le colocara un brazalete electrónico, en aras de ser vigilado por la policía ministerial, además de entregar su pasaporte y acudir a presentarse ante la autoridad competente los días 1 y 15 de cada mes.
Farías Morales deploró que la Fiscalía General de la República no haya congelado las cuentas del ex director de Pemex siendo que presuntamente incurrió en el delito de delincuencia organizada.
Por otro lado, el abogado cuestionó que Lozoya haya dicho que no era responsable de los hechos sino que fue “instrumentado por un grupo de poder”, pues ello constituye “una contradicción”, toda vez que con el hecho de decir haber sido presionado “estamos ante una declaración o una confesión calificada”.
Refirió que a diferencia del senador de Morena Ricardo Monreal Ávila, quien recientemente aseguró “que estamos ante el juicio del siglo”, él considera que el proceso contra Lozoya constituye un caso de justicia selectiva, el cual “viene a poner en duda la autonomía de la Fiscalía General de la República”.
Comparó el caso con el de Rosario Robles Berlanga, quien se desempeñara como secretaria de Estado durante la administración del priista Enrique Peña Nieto, en cuyo sexenio igualmente Lozoya fungió como director de Pemex.
Tratándose de Robles Berlanga, a ella se le acusó de ejercicio indebido del servicio público y daño al erario, por el caso conocido como la Estafa Maestra en el que se habrían desviado recursos públicos para contratar servicios que supuestamente no se brindaron.
Farias Morales, recalcó que a diferencia de Lozoya, Rosario Robles se presentó voluntariamente ante la justicia, enfrentando acusaciones de delitos que no ameritan prisión preventiva y dijo que con todo y que la ex perredista ha solicitado cambio de medida cautelar, no se le ha concedido, lo que implica que en su caso “se hizo uso del Estado” y la vinculación a proceso no fue correcta.
“Es una justicia selectiva, fuera de lo que el debido proceso señala”, asentó.
El abogado, quien estuvo como invitado en sesión del Grupo 21 de Tijuana este lunes 3 de agosto, aseveró que las pruebas que se hayan podido recabar durante los 11 días en que Lozoya no fue presentado ante un juez y en cambio se mantuvo hospitalizado, en dado caso no serán de utilidad, pues la retención de la que fue objeto, se considera “indebida”. Explicó que lo conducente habría sido ingresar directamente al reclusorio y de ahí determinar su estado de salud para ver si requería hospitalización.
Finalmente consideró que el asunto tan sólo constituye un distractor.
“El día de hoy nuestro país desgraciadamente atraviesa por situaciones delicadas como son los temas de salud, los temas de seguridad pública, generación de empleo, decrecimiento económico. El tema de Lozoya nos hace un poco distraernos de esos temas, que son muy importantes para el desarrollo y el crecimiento de nuestro país”, remató.
