Con 6 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales aprobó el dictamen 52 con el que plantea reducir 50 por ciento las prerrogativas con las que cuentan los partidos nacionales y locales.
Además de incrementarles del 1 al 3 por ciento el financiamiento público a los partidos para educación, capacitación política, investigación socioeconómica y política.
Durante la sesión de este domingo, 9 de agosto de 2020, el director de Consultoría Legislativa, Javier Tenorio Andujo, aseguró que la iniciativa -enviada por el gobernador Jaime Bonilla Valdez- se debe a que la entrega de recursos a los partidos políticos ha ido creciendo de manera exponencial, sin límites, además de que la propuesta “establece y garantiza una distribución equitativa de los recursos públicos” a los partidos políticos.
No obstante, estuvo en desacuerdo junto con los legisladores morenistas (Víctor Navarro y Juan Manuel Molina García) así como con el petista Julio César Vázquez en que el financiamiento a partidos políticos desapareciera al cien por ciento como lo propuso el perredista, Gerardo López Montes.
López Montes, quien fue el único que votó en contra de la iniciativa, señaló que el dictamen no contenía ningún “argumento sólido” de por qué reducir el financiamiento a los partidos, “por qué fijarlo en 30%”, y no eliminar totalmente el financiamiento público a los partidos y se establezca como única fuente de financiamiento el privado, enviarla al Congreso federal para su trámite, aunque esto ya no podría aplicar para las próximas elecciones, sino hasta las de 2024.
Consideró que “los ahorros” que se buscan hacer con la iniciativa a discusión se tienen que etiquetar en lo que precisamente justifica este recorte, a salud, educación y en apoyos a grupos vulnerables, tal como lo había establecido una iniciativa presentada por el legislador sin partido y otrora panista, Miguel Ángel Bujanda. Sin embargo, dijo López Montes, dicha propuesta se borró “de un plumazo”, a pesar de tener un contenido mucho más social.
Conminó a sus compañeros legisladores a trabajar en conjunto para quitar todo el financiamiento público a los partidos políticos, en concordancia con lo que los ciudadanos desean, “eso es un mandato social”, aseveró.
Ante tal afirmación, el morenista Víctor Navarro tildó como “cuestiones muy populistas donde le prometamos las perlas de la virgen a la ciudadanía”; sin embargo, -a su modo de ver- la vida pública tiene que tener un gasto para poder sustentar la difusión, propaganda, plataforma de cada partido. Aunado a ello, quitar todo el financiamiento público “sería cerrarle la puerta” a los partidos emergentes, aseguró.
En su oportunidad, el petista, Julio César Vázquez, afirmó que quienes no han militado en un partido durante años, y no ha estado en la lucha social y “llegan de la noche a la mañana a un cargo público se hace fácil decir que hay que eliminar el porcentaje o el recurso de los partidos políticos”.
Aunque se mostró a favor del recorte, según dijo “no podemos retroceder hasta esa magnitud”, ya que con el recurso público se logran hacer muchas cosas para darle democracia al país, y al estado. “Desafortunadamente se requiere para que las cosas pueden funcionar”, agregó.
La secretaria de la Comisión, Rosina del Villar, cuestionó respecto a si la iniciativa contraviene la Ley General de Partidos Políticos específicamente en la cuestión sobre la reducción del 65 de 30% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA)
Ante ello, el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, Leobardo Loaiza, señaló que el artículo 116 de la Constitución federal establece que existe libertad configurativa de la legislación local respecto al financiamiento que deberán recibir los partidos políticos, con base en la propia Constitución y de la Ley de Partidos Políticos.
“Advierto que el trato diferenciado que se propone para el financiamiento público estatal de partidos políticos nacionales y locales se encuentra sustento en las referencias que nos hace ver la diputada”, abundó el magistrado, quien observó que dicho trato diferenciado ha sido materia de pronunciamiento por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la acción de inconstitucionalidad 126/2019, en marzo pasado.
Tratándose del financiamiento político para partidos locales la Ley general da las pautas precisas para que este financiamiento sea otorgado y distribuido, y para el financiamiento estatal para los partidos nacionales la propia norma únicamente señala la obligación de otorgarlo dejando en libertad del Congreso del Estado para que sea quien establezca las reglas para otorgarlo.
“En mi consideración las iniciativas que fueron motivo de revisión me parece que cumplen con los alcances constitucionales y legales para que puedan ser aprobados en los términos en los que están propuestos y dictaminados por la Comisión”, indicó.
En tanto, Perla Deborah Esquivel Barrón, representante del Instituto Electoral del Estado, informó que el viernes pasado se presentó una opinión técnica sobre la reforma al artículo 42 y 43.
Expuso que “en el proyecto existe una acotación que debe ser revisada en la sintaxis cuando se dice que: ´Para efectos de los procesos electorales los partidos tendrán derecho a financiamiento público´. Esta por una parte debe prestarse a una interpretación restrictiva al establecerse que solamente para los efectos de los procesos electorales, aunque el marco constitucional y legal establecen que esta es una garantía que se otorga de manera permanente a los partidos políticos”.
Señaló que en el artículo 43, en el tercer párrafo, se establece una condicionante para el cálculo de los partidos locales. “Dice que no debe exceder el 25 por ciento del cálculo total de los partidos políticos nacionales con esta nueva fórmula. Entonces me parece importante que pueda revisarse por este Congreso, porque pareciese condicionar el financiamiento público permanente para los partidos políticos locales”, cuestión en la que ya se ha pronunciado la SCJN y “escapa dentro de la configuración” que tiene el Congreso local.
El 27 de mayo pasado, el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, envió la iniciativa al Congreso del Estado para que el financiamiento a partidos políticos se reduzca en 52%.
La propuesta fue remitida a la XXIII Legislatura de BC a través de la Secretaría General de Gobierno, encabezada por Amador Rodríguez Lozano.
De acuerdo con el secretario el pretendido recorte responde al objetivo de reorientar recursos en apoyo a la ciudadanía ante la contingencia sanitaria que se vive por la propagación del COVID-19.
“Todos debemos hacer un enorme sacrificio, porque el estado lo reclama en estos momentos difíciles, Baja California es de los estados más afectados y esta iniciativa tiene el ánimo de encontrar mayores recursos, para hacer frente al terrible problema de coronavirus”.
Rodríguez Lozano añadió que la reducción presupuestaria “representaría casi 74 millones de pesos”, los cuales “en lugar de servir en campañas políticas, ahora será destinado para los grandes problemas que enfrente el estado como son la pandemia y la necesidad de relanzar la economía del estado, al finalizar la misma”, manifestó.
Indició que Bonilla Valdez igualmente propuso reducir entre 15 y 20 por ciento más el presupuesto público, con miras a que el gobierno del estado sea “más austero”, lo que según explicó, se ha traducido en mayores beneficios para la población en materia de despensas.
Con el mismo argumento de austeridad el Congreso de BC aprobó el 11 de marzo aplazar el arranque del proceso electoral 2020-2021 de tal manera que en lugar de iniciar en septiembre tenga lugar a partir de diciembre.
