A una semana de presentarse las más de 60 mil firmas ante el Instituto Estatal Electoral (IEE) para llevar a cabo un referéndum contra la “Ley Gandalla” -reforma constitucional que permite a diputados y munícipes buscar la reelección sin separarse del cargo- el dirigente estatal de MORENA en Baja California, Ismael Burgueño, dio a conocer que, de acuerdo a las reglas del partido, quien aspire a un cargo de elección popular en los comicios de 2021, y ya ostente uno, deberán solicitar licencia al cargo.
Específicamente la norma señalada por Burgueño aplicaría para Alcaldes, Diputados locales y Regidores, que busquen la reelección en sus cargos.
Así lo dio a conocer en una conferencia de prensa realizada en la sede del partido oficial ubicada en la Capital del Estado, donde el encargado de la política partidista de Morena en la entidad, dejó claro que no está de acuerdo con la reforma emprendida por diputados de la XXIII Legislatura de su partido.
Este sería el segundo revés contra la llamada “Ley Gandalla” por parte de los mismos representantes de MORENA, toda vez que apenas el sábado 22 de agosto, el gobernador Jaime Bonilla Valdez dijo que dicha reforma no era impulsada por su gobierno, y por lo tanto, no la defendería. Sin embargo, reconoció que si el tema llega a referéndum, sería muy complicado poder dotarlo de recursos económicos, ya que no es un tema presupuestado.
Burgueño respetó la decisión de los diputados que aprobaron la iniciativa, pero consideró que todo acto debe realizarse de acuerdo a la base jurídica del partido: “El estatuto de Morena es muy claro, quienes quieran participar en una candidatura deben solicitar licencia, más allá de los diputados que tomaron otra decisión, yo creo que en este momento cada quien se hace responsable de las decisiones que tomen, pero no lo digo yo, lo dice el estatuto”.
Agregó que a partir de este momento tomarán una agenda común con legisladores, con el objetivo de que todas las decisiones que se realicen dentro de la bancada tengan una base en los principios de Morena.
Cabe recordar que colectivos de resistencia, empresarios y partidos políticos de oposición como el PAN, PRD, PBC y Movimiento Ciudadano, se unieron para recolectar firmas que abrieran la posibilidad de someter a voto popular la “Ley Gandalla”, aprobada por la mayoría del Congreso y por tres de los cinco ayuntamientos a través de la positiva ficta.
A dicho del diputado Juan Manuel Molina, los partidos políticos que impulsaron el referéndum, son los menos indicados para impulsar este referéndum, toda vez que tienen un amplio historial de uso de recursos públicos para campañas electorales.
Como ejemplo, recordó a Alfredo Vega, director de Comunicación de Gustavo Sánchez, quien fue sentenciado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras comprobarse que utilizó recursos públicos para beneficiar al ex alcalde de Mexicali durante su campaña de reelección.
Además de Molina García, otro que respaldó la “Ley Gandalla” es el secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, quien aseguró que empresarios y partidos pagaron hasta mil pesos por firma para el referéndum, el cual necesitaba el respaldo del 1.5 por ciento del listado nominal de Baja California, y que se logró alcanzar.
Por su parte, el dirigente municipal del PAN, Antonio López Merino, criticó al funcionario estatal y dijo que está confundido pues quien utilizó recurso público para acarrear votos fue justamente el Gobierno del Estado, cuando se sometió a consulta popular la instalación de la planta cervecera Constellation Brands.
De cualquier forma, el dirigente estatal de Morena ha adelantado que hará valer los estatutos del partido, los cuáles indican, entre otros requisitos para ser candidatos, así sea en busca de la reelección, que deben solicitar licencia al cargo que detentan para poder realizar, precampaña y campaña.
Efectivamente, el artículo 43 de los estatutos de Morena, en su párrafo segundo, establece lo siguiente: “No participarán servidores y funcionarios públicos de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de los tres órdenes de gobierno, a menos que se separen de sus encargos con la anticipación que señala la ley”.
A juicio de un abogado electoral consultado por ZETA, es justamente este último renglón el que otorga la posibilidad de hacer campaña y no separarse del cargo, ya que en las leyes locales recientemente reformadas por los actuales diputados -en su mayoría morenistas-, no se contempla una fecha límite para separarse del cargo, y por ende, pueden hacer efectiva la reelección sin pedir licencia.