Según medios nacionales y locales, entre ellos el diario El Universal, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer a la Embajada de México en Washington, que este miércoles 7 de julio, detuviero, en Florida, a César Horacio Duarte Jáquez, ex gobernador de Chihuahua en el periodo de 2010 al 2016.
Las autoridades estadounidenses capturaron al ex militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, de 2008 a 2009, ”aunque de momento no se tiene claro los casos por los que fue tramitada su extradición ante el Departamento de Estado”, indicó el Reforma.
Contra Duarte Jáquez se han librado por lo menos 21 órdenes de aprehensión, desde que en octubre de 2016 concluyó su mandato, de las cuales 20 corresponden al fuero común y una a la jurisdicción federal. El pasado 10 de enero, el presidente Andrés Manuel López Orador aseguró que el Departamento de Estado estadounidense le informó, que caso de ser detenido, procedía la extradición del ex gobernador de Chihuahua.
“Lo están viendo los abogados, no estaba bien el planteamiento, no del Gobierno de Chihuahua, sino de la anterior Procuraduría para la solicitud de extradición, entonces ya se resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del Gobierno de Estados Unidos, sí procede la extradición”, informó durante su conferencia de prensa matutina llevada a cabo en Ciudad Juárez.
“Ya hasta me estoy pasando yo en lo que corresponde al debido proceso, pero es información que tiene que ver con el Departamento de Estado [de EE.UU.]”, dijo. Luego, tras ser cuestionado sobre cuándo se avaló la extradición, López Obrador respondió que “hace como 15 días”.
El 2 de septiembre del 2019, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo Montaño, informó que de forma coordinada con las autoridades estadounidenses, trabajan para saber si el ex mandatario estatal, quien se encuentra prófugo de la justicia, se localiza en Nuevo México, como lo dieron a conocer medios de comunicación en esas fechas.
Durazo Montaño dijo que el proceso judicial en contra de Duarte Jáquez continúa, y correspondía a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la de Chihuahua, solicitar la extradición del ex gobernador ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Medios indicaron que el ex mandatario de Chihuahua del 4 de octubre de 2010 al 3 de octubre del 2016 -en la actualidad prófugo de la justicia y expulsado de forma definitiva del PRI a finales de mayo del 2019- fue supuestamente localizado en Albuquerque, Nuevo México, Estados Unidos.
Así lo dio a conocer el periodista Carlos Loret de Mola Álvarez en su columna ‘Historias de reportero’, publicada en el diario El Universal, donde presentó fotografías del ex mandatario chihuahuense con en el bar “Ojos Locos Sports”, con otra persona, quien podría ser un abogado que estaría ayudando a Duarte Jáquez a obtener una visa humanitaria en EE.UU, bajo el argumento de que sus hijos son estadounidenses.
Según Loret de Mola Álvarez, el ex gobernador se estaba hospedando en un hotel de la zona, ocultándose de las autoridades mexicanas, ya que se encuentra prófugo de la justicia, porque en su contra pesan 21 órdenes de aprehensión por los delitos de peculado, peculado agravado, enriquecimiento ilícito, entre otros.
Destacando el supuesto desvío de al menos mil 200 millones de pesos del patrimonio de la entidad que Duarte Jáquez gobernó, además de ser acusado de haber entregado 250 millones de pesos de recursos de la nómina del estado de Chihuahua a varias campañas del PRI, en el año 2015, en la denominada “Operación Zafiro”.
El ex mandatario estatal está señalado por el Gobierno actual de Chihuahua, que encabeza Javier Corral Jurado, de encabezar una “red de corrupción política” que se tejió entre la complicidad de ex funcionarios estatales y particulares para el enriquecimiento personal.
La primera solicitud de detención del ex gobernador Duarte Jáquez data del 28 de marzo de 2017, a la par que la ficha roja emitida por la Organización de Policía Internacional (Interpol, por sus siglas en inglés), el 31 de marzo de ese mismo año.
El 20 de octubre del año pasado, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sostuvo una reunión con el gobernador Corral Jurado, como parte de su gira de agradecimiento por todo el territorio nacional, y en esta aseguró que se extraditará a Duarte Jáquez.
“El trámite de extradición está en la Secretaria de Relaciones Exteriores [SRE]. Hicimos el compromiso de que una vez que lleguemos a la Presidencia, se va a instruir al Secretario de Relaciones Exteriores [Marcelo Ebrard Casaubón] para que se proceda conforme a la ley”, aseguró el tabasqueño al respecto.
En mayo pasado, el actual mandatario de Chihuahua informó que su administración trabajaba junto con el Gobierno Federal encabezado por López Obrador, una nueva estrategia que culminaría con el proceso de extradición del ex presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión (de 2008 a 2009).
El panista aseguró que se se reunió entonces con Alejandro Gertz Manero y Marcelo Ebrard Casaubón, titulares de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quienes le reiteraron su colaboración para extraditar a Duarte Jáquez, de 56 años de edad.
“Se sabe que el Gobierno de Chihuahua, que encabeza Javier Corral, lo mantiene vigilado. También el equipo especial de agentes del Departamento de Seguridad de Texas, conocido como los Rangers de Texas. Más recientemente, tras conversaciones al más alto nivel, también se han involucrado en su seguimiento, y el robustecimiento del expediente en su contra, el Gobierno federal mexicano y su par estadounidense. La coordinación se ha dado entre la cancillería que encabeza Marcelo Ebrard y el Departamento de Estado que comanda Mike Pompeo”, afirmó el periodista.
“Desde que dejó el Gobierno de Chihuahua, se sabe que ha saltado de casas a ranchos, moviéndose entre las distintas propiedades que tiene en la frontera Sur de Estados Unidos, mientras busca defenderse del alud de procesos que hay en su contra, trabajados sobre todo por la administración del gobernador panista Corral”, abundó Loret de Mola.
“Había podido estar relativamente tranquilo en su huida pues en tiempos del presidente Enrique Peña Nieto existía un enfrentamiento abierto entre el Gobierno federal priista y el estatal panista. Parece que tras varios meses del sexenio del Presidente Andrés Manuel López Obrador, aún cuando se mantienen las tintas ideológicas diferentes, hay acuerdos políticos para avanzar en dirección a César Duarte”, detalló el periodista en su columna de opinión.
A mediados de octubre del 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) -cuando Santiago Nieto Castillo era su titular- señaló a Duarte Jáquez por la retención indebida de 79 millones de pesos a cuando menos 700 funcionarios del entonces Gobierno estatal, para ser entregados al PRI en 2015.
Ese mismo año, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), la emisión de la ficha roja para localizar en 190 países al exmandatario, luego de que la Fiscalía de Chihuahua pidiera a la institución federal el apoyo para cumplir con la orden de aprehensión de Duarte Jáquez.
El Gobierno de Chihuahua le incautó al ex mandatario cuatro ranchos adquiridos durante su administración, entre 2011 y 2017, así como animales exóticos y de colección, entre ellos 30 bisontes, 5 llamas y manadas de jabalíes, así como 450 reses que provendrían de Nueva Zelanda y otras de programas gubernamentales.
Además, Duarte Jáquez resultó cuatrero, ya que al menos 900 reses que fueron compradas para apoyar a pequeños productores afectados por la sequía, pero terminaron en ranchos de su propiedad, según lo reveló una investigación de la organización no gubernamental Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Las vacas también acabaron en ranchos de funcionarios de su Gobierno, como el ex titular de la Comisión Estatal de Suelo, Vivienda e Infraestructura (Coesvi), Raúl Javalera Leal, o de familiares del ex mandatario estatal de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda.
La investigación de MCCI reveló que, a mediados de 2014, el Gobierno de Chihuahua implementó un programa especial de “repoblamiento de cría” al cruzar reses extranjeras con locales. Para ello se importaron mil 408 cabezas de ganado Hereford y Angus, por las que se pagaron 700 mil dólares, unos 11 millones de pesos, según el tipo de cambio vigente entonces.
Los animales llegaron en junio de 2015 de Nueva Zelanda a Sinaloa; pero en lugar de a su destino previsto, 903 fueron a parar a los ranchos de Duarte y sus amigos, y 682, a Nayarit. Sólo 145 llegaron a productores de Chihuahua, y muchos más se quedaron sin vacas y, además, perdieron una parte de los 20 mil pesos que tenían que pagar por cada res.
Las vaquillas llegaron a México como “vientres”, es decir eran hembras y venían cargadas, así que la esperanza para los pequeños productores era mayor, señaló MCCI: ya que obtenían la vaca y una cría de las razas Hereford y Angus, destinadas a la producción de carne.
Según investigaciones del actual Gobierno de Chihuahua, la intermediaria sería la Unión Ganadera División del Norte (UGDN), fundada en 2005 por el propio Duarte Jáquez, y por Carlos Hermosillo Arteaga, quien fue diputado federal, colaborador cercano al ex gobernador priista y quien falleció el 20 de marzo pasado en un accidente de tránsito.
Además, Duarte Jáquez está acusado de haber suministrado durante su administración estatal, medicamentos apócrifos a pacientes de cáncer, los cuales además habrían sido adquiridos con un sobreprecio de hasta 300 por ciento de su costo original.
El ex gobernador también es señalado por ser accionista del Banco Unión Progreso, creado en marzo de 2014 por el ex Secretario de Hacienda, Jaime Ramón Herrera Corral. Duarte Jáquez adquirió el 15 por ciento de las acciones a través del contrato de un fideicomiso por 65 millones de pesos. Ante este hecho, se le acusó de la creación del banco para beneficio propio.
En 2016, un juzgado español giró una orden de embargo en contra de las propiedades de Duarte Jáquez, después de que procediera una demanda de la empresa ACM, fabricante de invernaderos de cristal y plástico en España, que acusó al ex gobernador de intentar pagar un adeudo particular de casi 4 millones de pesos con dinero del erario público.
