Me lo había platicado sin lujo de detalles, sólo desde las generalidades de cómo las autoridades locales y federales, aprovechando y sirviéndose del poder, el puesto, la influencia, los mecanismos para torcer la administración de justicia, ministerios públicos, jueces, Notarios y Registro Público de la Propiedad. Instituciones que deberían de salvaguardar el patrimonio de la sociedad, finalmente subordinan el interés público en beneficio privado.
Estas autoridades -delincuentes de cuello blanco- atropellan los derechos más sagrados de los ciudadanos y de la comunidad en espacios urbanos que deberían ser intocables.
Aquí rescato un caso particular, concreto de un terreno de gran valor comercial de alrededor de 25 mil metros cuadrados ubicado en la delegación de Mesa de Otay. Con un valor actual conservador de más 7 millones de dólares.
Fue un atraco, que la Función Pública e Inteligencia Financiera debería de investigar entre otros muchos actos propios de hampones hechos funcionarios públicos, y por desgracia castrados en un elemental espíritu de servicio que debe dominar en el Estado.
Un hecho concreto que es un ejemplo de lo que sucede en Tijuana y Baja California: el exgobernador Milton Castellanos Everardo, decía y presumía, que se comía una manzana diaria, pero de terrenos; hagan sus cuentas en un sexenio. Su sucesor “aprendió” el oficio.
Este gran espacio que se dedicaba a actividades recreativas, se convirtió en un centro comercial, una estación de gasolina, una tienda de conveniencia, un gimnasio, un lote de la CESPT con una cisterna, un despacho privado de ingeniería, un baldío donde alguna vez se construyeron cimientos y columnas que serían un centro de salud de la Secretaría de Salubridad federal.
La obra se inició en el sexenio del Presidente López Portillo 1976-1982, en pleno auge petrolero, y se congeló con la crisis. Ahí permaneció hasta 2015, cuando derrumbaron las estructuras.
Un vecino, comerciante, de segunda generación, espontáneamente comentó del atraco por funcionarios del gobierno de Baja California en el sexenio 1983-1989, con un terreno de 2.5 hectáreas que fue alguna vez copropiedad de la Federación o del Estado, y que ahora es de beneficio personal.
Originalmente ahí estaba un campo de béisbol. Denominado o conocido como de los “Hermanos Pérez”, una reconocida familia deportista, dedicada a la venta de madera en la Colonia Tomás Aquino y que patrocinó en servicio y bien de la comunidad, que practican ese deporte. Por su iniciativa construyeron gradas, los espacios para equipos, cercos, trazos del campo, etc.
Un buen día, el gobierno estatal de aquellos tiempos -dice la fuente- tiró las instalaciones con la promesa de que se construiría una moderna unidad deportiva en toda forma. Los chamacos que practicaban ahí se tragaron toda la mentira.
Y menos protestaron ni se organizaron, cuando vieron que lo que se construyó un mercado y 40 locales comerciales, cuya renta mínima es de 600 dólares, sin contar el ingreso del supermercado.
No es casualidad que cruzando la calle se localicen en terrenos marginales la subdelegación de Otay Centenario, Bomberos, Recaudación de Cespt y la Policía Municipal. Esos terrenos se vendieron a prestanombres del entonces gobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, con el ADN de la familia de Miguel Alemán Valdez, uno de los presidentes más corruptos que registra la historia mexicana.
Xicoténcatl Leyva Alemán fue primo del expresidente Alemán, que se robó, entre muchas otras cosas, un terreno de 23,200 metros cuadrados frente al bosque de Chapultepec para la fundación Miguel Alemán Valdez, A.C. y otros negocios pantalla, según lo denuncia Rius en el último libro que presentó en la FIL de Guadalajara. Esta propiedad de 2.32 hectáreas está localizada en calles Hegel, Rubén Darío, Lamartine y Tres Picos en CDMX.
Esto es punta de iceberg. La privatización de terrenos públicos es de todos los días, al grado de justificar venderlos a sus amigos a precios de ganga. “Kiko” Vega también se le descubrió la venta descarada de terrenos.
Concluyo: Si desde el propio estado y municipio se violenta jurídicamente la propiedad pública, por esa ruta, como consecuencia, deriva la delincuencia social en cascada.
Tanta demagogia por la delincuencia, si la élite pone ejemplo desde arriba. ¡Cínicos!
Propongo a la conciencia social, partidos políticos, barras de abogados, colegios de litigantes registrar esta grave situación que como cáncer se propaga en el país. Urge detener y reintegrar la mutilación social de los espacios públicos por el bien de todos.
M.C. Héctor Ramón González Cuéllar es académico del Instituto Tecnológico de Tijuana. Correo electrónico: profe.hector.itt@gmail.com
