Luego de confirmar que Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), será un “testigo colaborador” de la Fiscalía General de la República (FGR), para señalar a implicados en casos de corrupción, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a dicha institución de procuración de justicia, que se informe a toda la ciudadanía respecto a dicho proceso judicial.
“Le vamos a pedir y estoy seguro de que nos está escuchando y nos está viendo, si no el Fiscal alguno de sus colaboradores, para que se informe sobre esta situación en general cuidando lo que se llama el debido proceso”, indicó el mandatario nacional durante su conferencia de prensa matutina.
“Sería muy importante, respetuosamente lo recomendaríamos, que se informara a todo el pueblo, garantizar el derecho del pueblo a la información, cuidando desde luego el debido proceso”, dijo en el titular del Poder Ejecutivo Federal, desde Manzanillo, Colima.
“Antes, todos estos procedimientos judiciales se llevaban en sigilo, no se sabía, la gente no se enteraba porque no se informaba al pueblo. Entonces, buscando no violar el debido proceso, una recomendación respetuosa a la Fiscalía es que se informe, que se le informe al pueblo y, que se piense en lo que es el tribunal popular, el tribunal de los ciudadanos”, indicó el presidente.
“Precisamente en uno de los asuntos que se van a ventilar ahora que inicia este juicio del señor Lozoya, está relacionado con el caso de Odebrecht, una empresa brasileña, cuyo dueño fue detenido, juzgado en Estados Unidos y ofreció informar a cambio de que le redujeran las penas […] El juicio al señor Lozoya va a ayudar mucho para que se aclaren estas cosas, se sepa qué sucedió y se siga combatiendo la corrupción y la impunidad”, expuso López Obrador.
El pasado 6 de julio, la Justicia Española acordó extraditar a México a Lozoya Austin por un presunto fraude de 280 millones de dólares en la compra de la planta de fertilizantes de Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), en 2015, y por haber recibido unos 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
También se le indaga por la compra de una mansión en Ixtapa, Gurrero,, que hizo su esposa Marielle Helen Eckes, por una suma de 1.9 millones de dólares. Asimismo, por haber transferido ilegalmente recursos para adquirir en 38 millones de pesos una casa de Lomas de Bezares, en la Ciudad de México.
Las autoridades mexicanas le atribuyen al ex director general de Pemex, un delito de cohecho y asociación ilícita, así como de “operaciones con recursos de procedencia ilícita”, que se correspondería con el delito de blanqueo del Código Penal español, por lo que se autorizó su extradición.
EL PROCESO JUDICIAL A LOZOYA EN MÉXICO
Tras su captura, el juez de la Audiencia Nacional española, Ismael Moreno, ordenó el ingreso en prisión provisional, incondicional y comunicada del ex funcionario federal mexicano, luego de que Lozoya Austin rechazara su entrega a México.
Sin embargo, el ex director general de Pemex se arrepintió más tarde de su decisión y aceptó entregarse voluntariamente a las autoridades mexicanas, para facilitar información relevante sobre los casos de soborno en los que está implicado. Todo ello a cambio de atenuar su condena.
En los primeros días de junio de este año, luego de que el litigante Javier Coello Trejo renunciara a su defensa, Lozoya Austin contrató a Miguel Ontiveros Alonso, ex subprocurador de Derechos Humanos de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) en el último año del sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, como su nuevo representante legal.
El litigante -doctor en derecho penal y derechos humanos por la Universidad de Salamanca, España, y con estudios de política criminal y derecho penal en la Universidad de Munich, Alemania-, también asumió la defensa de Gilda Margarita Austin Solís y Gilda Susana Lozoya Austin, madre y hermana del ex director de Pemex, la primera sujeta a proceso y la segunda evadida de la justicia. Ambas acusadas de lavado de dinero.
Según fuentes citadas por el diario Reforma, Lozoya Austin negoció con el Gobierno Federal su regreso a México y ofreció entregar al menos 12 videos de políticos y legisladores mexicanos que recibieron sobornos para aprobar la reforma energética y otras iniciativas impulsadas por el ex presidente Enrique Peña Nieto.
“Fuentes cercanas al caso aseguran que existen 16 horas de grabaciones en video de senadores, diputados y dirigentes opositores que participaron en la reforma constitucional aprobada en ‘fast-track’ en diciembre de 2013 y en las negociaciones del Pacto por México”, aseguró el rotativo.
“Según los testimonios, los pagos a políticos dados a cambio de que avalaran las iniciativas de Peña ocurrían en las oficinas de Lozoya en la Torre de Pemex, y en una sede alterna en la Colonia Anzures donde despachaba el ex funcionario”, agregó el Reforma.
“Durante la aprobación energética los principales negociadores de la Oposición en el Senado fueron los panistas Salvador Vega Casillas, Jorge Luis Lavalle y Raúl Gracia Guzmán; y también los actuales Gobernadores de Querétaro, Francisco Domínguez, y de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Además participó Miguel Barbosa, hoy Gobernador de Puebla”, recordó el diario.
“En la Cámara de diputados quienes encabezaron las negociaciones fueron los panistas Ricardo Anaya y Luis Alberto Villarreal, señalado en distintas ocasiones por ser el promotor del cobro de “moches” a estados y municipios a cambio de recursos. Además participaron los legisladores del PVEM Arturo Escobar y Pablo Escudero”, agregó el rotativo.
“Según testimonios de personas allegadas, Lozoya regresa en el marco de la aplicación de un ‘criterio de oportunidad’, contemplado en el artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De acuerdo con testimonios sobre las revelaciones, en la trama del pago de sobornos resultan ‘clave’ el chofer y el ex secretario particular de Lozoya, quienes habrían realizado algunas entregas de dinero”, finalizó el Reforma.
AUDIENCIA DE LOZOYA EN MÉXICO SERÁ A PUERTA CERRADA
La audiencia de Lozoya Austin será a puerta cerrada, ya que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) negó el acceso a la audiencia a los medios de comunicación de manera física, e informará en tiempo real a través de la aplicación de mensajería móvil WhatsApp.
Mediante una tarjeta informativa, el CJF indicó que ante la contingencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2 (que causa la enfermedad COVID-19) y para garantizar el principio de máxima publicidad de las audiencias, informará a los medios a través de un chat institucional de lo que ocurra en la primera comparecencia de Lozoya Austin ante un juez mexicano.
La decisión del CJF ocurrió a pesar de que la semana pasada organizaciones de la sociedad civil solicitaron que la audiencia fuera pública y que se garantice el acceso a ella de manera física o por videoconferencia, debido a que en países como Perú y Brasil los casos contra funcionarios por corrupción con la constructora Odebrecht, como pasa con Lozoya, han sido completamente abiertas.
En las últimas semanas el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha reiterado que la justicia no se detiene por la pandemia mediante la utilización de tecnologías de la información para llevar la totalidad de sus juicios en línea y realizar diligencias por videoconferencia.
