Ya se está volviendo costumbre que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenga que remendar las pifias que comete el Congreso del Estado de Baja California. Basta recordar el 11 de mayo, cuando los poderes Ejecutivo y Legislativo fueron severamente regañados por los ministros, debido a la intención de reformar el Artículo Octavo Transitorio de la Constitución de Baja California, para cumplir el capricho de Jaime Bonilla Valdez y pudiera gobernar por cinco años. Ahora volvió a ocurrir, pero en lo relacionado con el delito de tortura. Resulta que el 23 de abril, el máximo tribunal del país resolvió la acción de inconstitucionalidad 57/2018, presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la que determinó que el Congreso de Baja California, ni ningún Legislativo del país, tenía facultades para reformar leyes relacionadas con el tema de tortura, ya que era facultad exclusiva del Congreso de la Unión. Con esto quedó sin efectos la legislación en materia de tortura del Estado. Sin embargo, esto no pareció importarle al Poder Legislativo de Baja California. Cinco días después de la decisión de la SCJN, decidieron aprobar el Dictamen 35 de la Comisión de Gobernación para la creación de la Fiscalía Especializada en la Investigación de Delitos de Tortura. De plano el morenismo bajacaliforniano se avienta cada ocurrencia, nomás pasando vergüenzas ante la Corte. El miércoles 1 de julio, el diputado perredista Gerardo López presentó la propuesta para derogar las disposiciones, toda vez que ninguno de los legisladores morenistas quería echar para atrás sus propias reformas.
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