Durante la segunda audiencia que se realiza por videoconferencia, Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), afirmó este miércoles 29 de julio, que no es culpable de los delitos que le imputa la Fiscalía General de la República (FGR) en el caso Odebrecht: cohecho, asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, que no ameritan prisión preventiva oficiosa y que se pueden enfrentar en libertad.
“En el momento de la exposición de datos de prueba, demostraré que no soy responsable ni culpable de los delitos que se imputan […] Quisiera hacer de su conocimiento, con relación a los hechos objeto de esta investigación, que fui sistemáticamente intimidado, presionado, instrumentalizado”, dijo Lozoya Austin al iniciar la audiencia, quien afirmó que “señalará” a “los autores de estos hechos” y “los posibles beneficiarios de los mismos”.
El juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez lleva a cabo este miércoles 29 de julio, la segunda audiencia contra el ex director general de PEMEX, misa que comenzó a las 09:31 horas de este día, en el Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la capital de la República.
Sin embargo, el ex funcionario federal compareció de forma virtual desde el Hospital Ángeles del Pedregal, en el que está internado desde que llegó a México, hace 12 días, extraditado desde España. Asimismo, solicitó que queden reservados sus datos personales “por lo que ahora será mencionado como ERLA”, además de que confirmó a Miguel Ontiveros Alonso y a Ajendro Rojas Pruneda como sus abogados defensores.
El juez Ramírez Benítez decretó el inicio de la audiencia relativa a la causa penal 261/2019, y “se acredita la personalidad de la defensa, de los representantes de la FGR, de la parte ofendida PEMEX y de la [Unidad de Inteligencia Financiera] UIF como denunciante”.
Por su parte, la FGR imputó a Lozoya Austin por su presunta responsabilidad en los delitos de asociación delictuosa, cohecho y operación de recursos de procedencia ilícita, porque “intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando era coordinador de campaña presidencial del 2012” cuyo candidato era Enrique Peña Nieto.
Por ello, pidió cumplimentar la orden de aprehensión contra el ex funcionario federal, mientras que la defensa de Lozoya Austin indicó que el allanamiento es para colaborar en “búsqueda de la verdad”, por lo que solicitó desactivar la orden de captura de su cliente.
Asimismo, la FGR afirmó que el ex director general de PEMEX “excedió el número de inversiones en diversos países, principalmente europeos”, cuando “Odebrecht en México era dirigida por Luis Alberto Meneses Weyll, quien constantemente se reunía con Lozoya para pedirle orientación en la estructuración de programas en diversos estado del país, Veracruz e Hidalgo, principalmente”.
Además, la Fiscalía General de la República señaló que Lozoya Austin, “le ofreció a Luis Alberto [Meneses Weyll] un cargo en la administración pública, en caso de que su partido llegara a ganar las elecciones, en 2012”.
Respecto a su extradición a México, el ex funcionario federal refirió que “en el marco de mi compromiso de colaborar con este investigación, di instrucciones en España a que se agilizaran los trámites de mi extradición, como un acto voluntario de mi parte en renunciar al procedimiento de extradición”.
“Precisamente para cumplir mi compromiso en colaborar con las autoridades del Estado mexicano en el marco de un posible criterio de oportunidad o la figura que determine la autoridad”, agregó el ex director general de la petrolera estatal.
La FGR señaló que a una cuenta de Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario federal, se transfirieron 185 mil dólares y un millón 200 mil dólares por un inmueble en Ixtapa, Zihuatanejo, Guerrero, los cuales tienen origen ilícito.
La Fiscalía abundó que cuando llegó a PEMEX, en su declaración patrimonial Lozoya Austin dijo ser titular de la cuenta junto con su madre, pero el ex funcionario federal “tenía conocimiento de la ilicitud del origen del dinero para las operaciones antes detalladas”.
“Conoció a Luis Alberto M., cuando era representante de Odebrecht en México, le favoreció para conseguir contratos de obra pública”, además de que Lozoya Austin le pidió un pago de 4 millones de dólares cuando era parte del comité de campaña 2012, y le dijo que en caso de ganar, tendría un cargo que le permitiría proporcionar contratos de obra pública y así fue en los estados de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas”, señaló la Fiscalía.
Por otra parte, la FGR informó que el entonces delegado de la Procuraduría General de Justicia (PGR) en Washington, “recibió la información sobre testigos protegidos en Brasil que informaron del pago de sobornos en diversos países, entre ellos en México, que dieron dinero a una empresa controlada por el Estado, por un monto de 10.5 millones de dólares”.
Según la Fiscalía, los testigos detallaron “que de 2011 a 2014, en México se hicieron sobornos por 10.5 millones de dólares para asegurar contratos en diversas obras públicas”, mientras que en el país se obtuvo un beneficio de 39 millones de dólares “por la adjudicación de obras”.
Los testigos a los que hace referencia la FGR, son Marcelo Odebrecht, ex presidente de la constructora, y Meneses Weyll, ex director de Odebrecht en México, quienes “detallaron que contaban con recursos para sobornos a funcionarios y partidos políticos por un monto de 431 millones de dólares a partidos y representantes países africanos y latinoamericanos para garantizar negocios; por estas acciones, Odebrecht se benefició con un monto de 1.42 millones de dólares”.
