El juez de control Juan Carlos Ramírez Benítez, lleva a cabo este miércoles 29 de julio, la segunda audiencia contra Emilio Ricardo Lozoya Austin, ex director general de Petróleos Mexicanos (PEMEX), por el caso Odebrecht, en el que se le imputará por los probables delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa, que no ameritan prisión preventiva oficiosa y que se pueden enfrentar en libertad.
La audiencia comenzó a las 09:31 horas de este día, en el Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la capital de la República. Sin embargo, el ex funcionario federal compareció de forma virtual desde el Hospital Ángeles del Pedregal, en el que está internado desde que llegó a México, hace 12 días, extraditado desde España.
El 22 de diciembre de 2016, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció que en coordinación con PEMEX iniciaría la recopilación de toda la información disponible sobre los contratos celebrados entre la paraestatal y la constructora brasileña Odebrecht y su subsidiaria Braskem, por acusaciones del pago de sobornos en México.
El 25 de enero de 2017, PEMEX informó que presentó ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), una denuncia ‘contra quien resulte responsable’ de posibles actos de corrupción. Después, el 17 de agosto del 2017, la PGR tomó declaración a Lozoya Austin por el caso de sobornos de Odebrecht en México.
El ex funcionario federal ofreció una conferencia de prensa en la que negó las acusaciones en su contra. Sin embargo, el 25 de mayo y el 4 de julio de 2019 se giraron dos órdenes de aprehensión contra el ex director general de PEMEX, por los delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho.
Después, en julio del 2019, fue detenida en Alemania, Gilda Margarita Austin y Solís, madre del ex funcionario federal. Según el expediente, el entonces director general de PEMEX adjudicó en 2013, a Odebrecht, un contrato por mil 436 millones de pesos para obras en la antigua refinería de Tula, Hidalgo, que debería haberse licitado públicamente. A cambio de ello, la constructora brasileña pagó seis millones de dólares en sobornos.
-Con información de Noticieros Televisa.
